San Pedro Alcántara. Marbella. - La reivindicación de APYMESPA plantea un diagnóstico sobre uno de los mayores riesgos para la competitividad de la Costa del Sol: una economía que continúa creciendo a un ritmo superior al de su capacidad para mover personas, trabajadores y mercancías.

La organización reclama la creación de una mesa de trabajo entre todas las administraciones para elaborar un Plan Integral de Movilidad de la Costa del Sol con financiación, calendario de ejecución y participación empresarial. 

La propuesta parte de una constatación difícilmente discutible: el fuerte crecimiento demográfico, turístico y económico de los últimos años no ha venido acompañado por una expansión equivalente de las infraestructuras viarias ni del transporte público.

La consecuencia es visible cada día en la A-7. Los desplazamientos entre San Pedro Alcántara, Marbella, Estepona y el resto del litoral occidental se han convertido en un factor de incertidumbre permanente; un accidente menor o unas obras bastan para paralizar durante horas una de las zonas con mayor generación de riqueza de Andalucía.

Para la patronal la congestión representa un impuesto invisible sobre la productividad. Cada minuto perdido incrementa los costes de transporte, reduce la eficiencia de las empresas, dificulta la planificación logística y resta competitividad frente a otros territorios que sí han adaptado sus infraestructuras al crecimiento de su actividad económica.

Especialmente significativa resulta la referencia al coste de utilizar la AP-7. Aunque la autopista constituye la principal alternativa para aliviar la saturación de la A-7, su precio continúa siendo una barrera para miles de trabajadores y pequeñas empresas. 

Durante la temporada especial de 2026, recorrer el trayecto completo entre Málaga y Guadiaro supone 19,55 euros por sentido. Traducido a una jornada laboral habitual, el desembolso puede alcanzar 860,20 euros mensuales, sin incluir combustible ni mantenimiento del vehículo.

Incluso en desplazamientos más cortos, como San Pedro-Marbella o San Pedro-Estepona, el coste ronda los 158 euros al mes.

En este contexto, la petición de bonificaciones para residentes, autónomos, trabajadores y vehículos profesionales no responde únicamente a una demanda sectorial. También plantea un debate sobre la eficiencia económica de una infraestructura infrautilizada mientras la vía gratuita permanece colapsada. 

Las pequeñas y medianas empresas son las que sufren con mayor intensidad esta situación. A diferencia de las grandes compañías, disponen de menos margen para absorber retrasos, reorganizar rutas o asumir el incremento de costes derivados del combustible, las horas extraordinarias, el desgaste de los vehículos o la pérdida de citas comerciales. Para muchas de ellas, dos o tres vehículos atrapados diariamente en retenciones representan una pérdida directa de rentabilidad.

El impacto tampoco termina en la empresa. Los atascos afectan al mercado laboral, dificultan la conciliación familiar y reducen el tiempo disponible para el descanso y los cuidados. En un territorio cuya economía depende en gran medida del turismo y de los servicios, donde miles de trabajadores se desplazan diariamente entre municipios, la movilidad condiciona también la calidad de vida.

APYMESPA plantea ampliar y mejorar las carreteras existentes, incorporar nuevos carriles, reforzar el transporte público, desarrollar aparcamientos disuasorios, implantar carriles reservados e introducir sistemas inteligentes de gestión del tráfico. 

Entre estas últimas destaca nuevamente la reivindicación del Tren Litoral —o de una alternativa ferroviaria equivalente— que conecte Málaga, el aeropuerto, Fuengirola, Mijas, Marbella, San Pedro Alcántara, Estepona y el Campo de Gibraltar. 

La asociación incorpora elementos menos habituales en el debate público, como la mejora de la conexión con la Serranía de Ronda tras el cierre de la A-397 en 2025, un mayor aprovechamiento coordinado de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar o el estudio de conexiones marítimas de pasajeros y nuevas soluciones de movilidad aérea urbana. 

APYMESPA reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos, las mancomunidades, las autoridades de transporte, los organismos portuarios, la concesionaria de la AP-7, las instituciones vinculadas con Gibraltar y los agentes económicos y sociales.

La movilidad en la Costa del Sol ha dejado de ser un problema exclusivamente de tráfico para convertirse en un desafío de competitividad regional. Cada nuevo residente, cada nuevo turista y cada nueva empresa incrementan la presión sobre unas infraestructuras concebidas para una realidad demográfica y económica muy distinta.

Mientras el territorio continúa batiendo récords de población, empleo, inversión y actividad turística, la capacidad para desplazarse con eficiencia avanza a un ritmo muy inferior.