Marbella. - El pasado lunes, una mujer trans de 35 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en San Pedro de Alcántara, Marbella. 

El asesinato de Franyel se produce en un contexto especialmente preocupante: 36 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España en lo que llevamos de 2026 y Málaga concentra ya siete de esos asesinatos, casi el 20% del total.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que las instituciones no pueden seguir esquivando: qué mecanismos existen para proteger de manera efectiva a las mujeres —cis y trans— cuando la violencia aparece y, sobre todo, cuando existen señales previas de riesgo.

La exclusión de este asesinato de las estadísticas oficiales de violencia machista por tratarse de una mujer trans es denunciada como una expresión de transfobia y como una forma de invisibilizar una violencia que, según las organizaciones convocantes, debe ser reconocida por lo que es: un asesinato machista.

La concentración convocada en Marbella debería interpretarse únicamente como una llamada de atención a las administraciones públicas. Hace falta evaluar si las medidas de prevención, protección, asistencia y seguimiento están funcionando.

El comunicado de IU denuncia situaciones concretas: mujeres que aseguran sentirse acosadas en comisarías, protocolos hospitalarios que pueden aumentar su vulnerabilidad, procedimientos judiciales interminables, ayudas económicas y psicológicas insuficientes o tardías y recursos de protección en los que la palabra de las víctimas no siempre recibe la consideración necesaria.

En el caso de las mujeres trans y migrantes, además, la respuesta institucional debe contemplar las dificultades específicas que pueden incrementar su vulnerabilidad. 

La identidad de género, la situación administrativa, la dependencia económica o la falta de una red familiar y social no pueden convertirse en obstáculos adicionales para acceder a la protección.

El comunicado sitúa además el asesinato en un contexto de expansión de discursos reaccionarios y de cuestionamiento de la violencia machista y de los derechos de las personas LGTBIQ+. Esa dimensión política forma parte del debate. Pero la respuesta institucional no puede quedarse en el enfrentamiento ideológico. Una mujer asesinada no necesita únicamente una declaración política posterior: necesitaba haber encontrado, antes, un sistema capaz de detectar el peligro y protegerla.

Por eso, el mensaje de “¡Basta ya de asesinatos machistas!” debería traducirse en algo mucho más exigente que una consigna. Debería convertirse en una obligación para las administraciones: más prevención, más protección, más personal especializado, mejores protocolos, mayor coordinación y recursos suficientes.

La concentración de Marbella reclama una respuesta frente al asesinato de Franyel, frente a la transfobia y frente a la violencia machista.