Marbella. -
Durante la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del gobierno local, Félix Romero y, la teniente de alcalde, Kika Caracuel, hablaron sobre la intensa presión judicial a la que se ve sometido el ayuntamiento de la ciudad por la herencia urbana de la época GIL y, de la oposición, a los que Romero calificó de poco lógicos y desleales sobre los procedimientos judiciales.
Caracuel se refirió a la sentencia estimatoria recibida del Tribunal Supremo, el 3 de abril, sobre el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la resolución que tenía su origen en la recuperación de bienes de la ciudad (un cheque por un importe de 12MM€) del caso Malaya.
El tema es que, dijo Caracuel, la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social consideraban que debíamos haberles entregado ese cheque para el pago de la deuda, que el ayuntamiento tiene fraccionada, por un acuerdo adoptado previamente por la ley general de presupuestos del estado a 40 años.
Ahora, en la última instancia del recurso de casación, ante el Tribunal Supremo, se ha dado la razón al ayuntamiento, diciendo que la Agencia Tributaria no tiene competencia para dar por finalizado el fraccionamiento.
Sobre la Tesorería de la Seguridad Social, señaló la concejala, no ha entrado el tribunal por ir algo más retrasado el procedimiento, pero entendemos que se aplicará el mismo criterio.
Derecho a la información y digitalización de documentos
Otro punto que abordó la edil fue el uso de los instrumentos que el PSOE utiliza, teóricamente, en la protección del derecho fundamental a la información, pues también el ayuntamiento ha recibido dos resoluciones que desestiman esas pretensiones, dijo Caracuel.
- La primera, es sobre la solicitud de la documentación de unos contratos, que se entregaron cuando se digitalizaron, la sentencia desestimó el recurso presentado por los socialistas, dándonos la razón de que actuamos con transparencia.
- La segunda, fue la solicitud de manera indefinida y, sin fijar, los documentos qué pedían sobre algunos contratos menores, en los que se pagaban unos porcentajes a medios de comunicación, también se desestima.
Sobre este caso Latinpress.es
le indicó que el PSOE lo que hizo fue reclamar el tiempo que se tardaba en entregar esos papeles digitalizados, no que no los hubiesen recibido, a lo que Caracuel señaló que esto se resolvía dando la razón al ayuntamiento, porque en su momento comunicó, tanto al grupo socialista como al propio tribunal, que Marbella tenía una situación documental que era precisamente la ordenación y digitalización de los archivos de los contratos, acreditándose que se había contratado una empresa para realizar esa digitalización y, trasladar esos documentos a otra dependencia para centralizar todas las cajas y carpetas llenas de papeles.
Toda esa información se le envió al tribunal y, éste entendió que estaba justificado el retraso en el plazo, no el incumplimiento en la entrega, es más, llegó a decir que el plazo no era un requisito para estimarlo independientemente.
Latinpress.es
le interrumpió recordándole que hubo documentos que si se digitalizaron y se entregaron a tiempo, a lo que Caracuel nos respondió que no podía descender hasta ese detalle.
El fraccionamiento
Romero señaló que durante todo este tiempo y hasta la sentencia final, el fraccionamiento se ha mantenido y, se ha ido pagando, aunque pidiendo el favor de dejarles hacerlo porque existía la voluntad de no cobrar para colocar al ayuntamiento en una situación de incumplimiento para generarle un perjuicio.
Latinpress.es
quiso saber si los futuros dineros o bienes que se recuperen, no se enviarán a Hacienda ni a la Tesorería, a lo que ambos portavoces asintieron que era correcto.
Nuestro medio les apuntó que cuando se tomó la decisión, de no enviar el cheque a Hacienda, se faltó al acuerdo llegado de utilizar esos dineros para pagar directamente; en este caso Kika Caracuel subrayó que ese era el punto de vista de Hacienda y de la Agencia Tributaria, pero que la realidad es la estimada por el Tribunal.
De nuevo le interrumpimos señalándole que lo que había hecho el Tribunal era decir que esas instituciones no tenían la capacidad legal de eliminar el fraccionamiento, no que se quedara el ayuntamiento con el dinero.
Caracuel insistió que el Tribunal no se pronuncia sobre si ese cobro se hizo en tiempo o no.