Marbella. – La futura residencia de mayores de Marbella, uno de los proyectos sociales más anunciados y demorados de las últimas décadas en el municipio, no será gestionada directamente por el Ayuntamiento. 

Aunque el equipo de gobierno insiste en definirla como una “residencia pública”, el funcionamiento cotidiano del centro recaerá en una empresa privada especializada, seleccionada mediante concurso público.

La aclaración llegó después de que Latinpress.es preguntara a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, si el modelo previsto sería completamente municipal, privado o una fórmula mixta. 

La respuesta de la regidora dejó entrever un debate político y semántico que trasciende Marbella y que afecta desde hace años a buena parte de los servicios asistenciales en España: ¿Cuándo un servicio puede considerarse verdaderamente público?

“Mire, la gestión será pública”, respondió inicialmente Muñoz, antes de matizar que la explotación diaria no la llevará el Ayuntamiento “evidentemente”, sino una empresa especializada. 

Para sostener su argumento, la alcaldesa recurrió a ejemplos habituales en la administración local: la ayuda a domicilio o determinados servicios vinculados a colegios públicos, financiados y supervisados por organismos públicos, pero ejecutados por compañías privadas.

El mensaje central del Ayuntamiento es que la titularidad, las normas de funcionamiento y parte del control seguirán siendo públicos. 

El edificio ha sido diseñado por el propio Consistorio, el acceso a las plazas dependerá de criterios marcados por la Junta de Andalucía y el precio del servicio estará regulado por la administración autonómica. Pero el personal sanitario, la organización interna y la gestión operativa dependen de una empresa adjudicataria.

La alcaldesa defendió el modelo como una necesidad práctica. “En Andalucía no hay ninguna residencia de mayores llevada directamente por un ayuntamiento”, afirmó, argumentando que este tipo de centros requieren estructuras profesionales complejas, con médicos, enfermeros y personal especializado difícilmente asumibles desde la plantilla municipal. Sin embargo, lo cierto es que en Castilla -La Mancha siete ayuntamientos han venido gestionando directamente sus residencias de mayores.

Muñoz aprovechó además la comparecencia para confrontar al PSOE local. Recordó que el exalcalde Pepe Bernal, según su versión, llegó a plantear la devolución de la parcela destinada a la residencia durante su etapa de gobierno. “No la querían entonces, pero ahora la quieren pública”, ironizó.

La alcaldesa insiste en que la residencia tendrá una función social prioritaria para Marbella, habrá una plaza reservada para mayores sin recursos económicos y se dará preferencia a residentes del municipio, aunque podrán acceder personas de otras localidades si existieran vacantes.

En términos administrativos, el modelo defendido por el Ayuntamiento no es excepcional. España lleva décadas ampliando fórmulas de colaboración público-privada en áreas como la dependencia, la sanidad, el transporte o la limpieza urbana. 

La lógica que suele sostener estos sistemas es que la administración fija las reglas, financia parte del servicio y controla los estándares, mientras que las empresas privadas aportan capacidad operativa, flexibilidad y especialización técnica.

Sus defensores sostienen que este esquema permite poner en marcha servicios complejos sin aumentar plantillas públicas permanentes ni cargar a los ayuntamientos con estructuras difíciles de sostener económicamente. En teoría, el sistema combina supervisión pública con eficiencia empresarial.

Pero el modelo también acumula críticas. Los detractores consideran que, cuando la rentabilidad empresarial entra en servicios asistenciales aparece el riesgo de recortes indirectos en personal, calidad o atención.  El elemento clave suele estar menos en quién gestiona que en cómo se controla. La calidad real del servicio dependerá del pliego de condiciones, de la capacidad de supervisión pública y del nivel de exigencia que mantenga la administración sobre la empresa adjudicataria. 

Un contrato público débil puede convertir un servicio social en un negocio de mínimos; un control riguroso puede mantener estándares elevados aunque la gestión sea privada.

La residencia se ha convertido en un símbolo de una demanda histórica en una ciudad cuya población envejece al mismo ritmo que crece demográficamente. La propia Muñoz reconoció ante Latinpress.es las limitaciones del proyecto cuando afirmó: “Si pudiéramos haber hecho más, lo hubiésemos hecho. Esta es la primera residencia que hacemos”.

La frase resume también la dimensión del problema: Marbella llega tarde a una infraestructura que muchos municipios similares comenzaron a desarrollar hace años.