Estepona.– La concesión de una licencia urbanística para la construcción de 20 apartamentos turísticos a una empresa vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha reavivado el debate sobre el modelo urbanístico de la Costa del Sol y el papel de los responsables públicos en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado.

La polémica surge después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga autorizara el proyecto promovido por “La Corrala de Capuchinos”, sociedad propiedad de García Urbano, actualmente investigado judicialmente por un presunto delito de tráfico de influencias. 

La futura promoción se ubicará precisamente en uno de los barrios donde la presión turística y el encarecimiento de la vivienda se han convertido en una preocupación creciente para los residentes.

Desde Izquierda Unida, su coordinadora provincial, Toni Morillas, ha aprovechado el caso para denunciar lo que considera una conexión cada vez menos disimulada entre determinadas decisiones urbanísticas y los intereses económicos de cargos públicos del Partido Popular. 

La dirigente sostiene que la operación refuerza la percepción de que quienes gobiernan no solo regulan el mercado inmobiliario, sino que participan directamente de sus beneficios.

El episodio adquiere una dimensión especialmente sensible en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda. 

Mientras administraciones locales y autonómicas insisten en la necesidad de aumentar la oferta residencial para contener los precios, continúan autorizándose nuevas promociones destinadas al alquiler turístico, una actividad señalada por numerosos colectivos vecinales como uno de los factores que contribuyen a la expulsión de residentes de los centros urbanos.

La contradicción es evidente: los mismos responsables políticos que alertan sobre la escasez de vivienda permanente siguen facilitando el crecimiento de un modelo que prioriza la rentabilidad turística frente al uso residencial. 

Morillas reclama medidas inmediatas, entre ellas una moratoria para nuevas licencias de apartamentos turísticos, y acusa al PP de carecer de voluntad para limitar una actividad de la que, asegura, algunos de sus representantes obtienen beneficios directos. 

Toni Morillas ha manifestado que la licencia por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la construcción de 20 apartamentos turísticos en la ciudad de Málaga ya lo conocían, pero el desparpajo de esta información vuelve a confirmar que el PP favorece la especulación en Málaga.