Marbella.-
El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Marbella celebrado ayer viernes 15, aprobó hacer frente a sentencias judiciales por valor de 18 millones derivadas de actuaciones de la época GIL.
El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Administración Pública, Félix Romero, señaló que vuelven a apostar por la opción más eficiente para el abono de estas cantidades, recurriendo nuevamente al Fondo de Ordenación de la Entidades Locales al que acudieron en 2021 y que permitió gestionar uno de los momentos más críticos de esta Corporación, con la obligación de asumir el pago de más de 40 millones de euros por el mismo concepto.
Recordó el edil que “esta situación se derivó del cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto a las prescripciones de las responsabilidades urbanísticas, pasando de los 5 a los 15 años, lo que provocó un aluvión de sentencias condenatorias provenientes de esa etapa oscura de nuestra ciudad”.
Se trata de responder al comunicado de la Asesoría Jurídica sobre la existencia de una deuda por sentencias de 18 millones, dijo Romero.
Para el portavoz, este préstamo ayuda a confeccionar unas cuentas sin afectar servicios ni inversiones, garantizando los derechos de los trabajadores municipales y, además coincide con el plazo para revisar el Plan de Ajuste de 2021, un documento que fue muy leve y que ahora será levísimo, teniendo que adoptar para su justificación medidas fiscales menores y sobre todo con la renegociación de la deuda con la Junta de Andalucía.
Respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía, la reforma consiste en que la actualización del mismo se produzca automáticamente con la publicación de los índices por parte del Estado.
Por su parte, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) verá suprimida la bonificación por número de trabajadores empleados en la obra “debido a que la mayoría de las empresas contratan mano de obra fuera del municipio y, por tanto, no se está consiguiendo el fin deseado”, indicó Romero, quien, no obstante, ha señalado que se mantienen el resto de ayudas, como el 95 por ciento para la instalación de placas fotovoltaicas o el 50 por ciento para las Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el edil ha señalado que se trata de la columna vertebral del Ayuntamiento, representando el 50 por ciento de los ingresos, apuntando que el incremento de la inflación está afectando a los servicios y, con la finalidad de financiar las obligaciones se hace necesario revisar el tipo y proponer una pequeña subida del 0,631 al 0,650 por ciento, además de aprovechar para crear otro tipo especial, con un 1 por ciento adicional, para inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral supere los 1,5 millones de euros, consiguiendo que paguen más los que más tienen.
También se eliminan, reiteró el portavoz, las bonificaciones relacionadas con el mantenimiento de los puestos de trabajo, y la que se refiere a las instalaciones de generación de electricidad por placas solares, que no era acorde con el principio de justicia tributaria, debido a que solo se puede aplicar a viviendas unifamilares y se daban situaciones de que algunas de lujo pagaban menos que determinados pisos en barrios, manteniéndose las ayudas para viviendas de VPO (50 por ciento) y para familias numerosas, deduciéndose 100 por hijo hasta el 50 por ciento de la cuota.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), necesitaba una actualización ya que la ordenanza que lo regula data de 1996 y, solo afecta a grandes contribuyentes que facturan más de 1 millón de euros al año, como determinados centros comerciales y hoteles, a los que se les verá incrementada la cuantía una media de 148 euros anuales.