MARBELLA. — Para optimizar la vigilancia y gestionar el creciente flujo vehicular, el Ayuntamiento de Marbella ha firmado un convenio con la Jefatura Provincial de Tráfico para redefinir las zonas de actuación de la Policía Local y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la red viaria municipal. Este acuerdo reemplaza el pacto anterior, que databa de 1995 y ya se encontraba desactualizado debido a la expansión y los cambios experimentados por la ciudad. Félix Romero, portavoz del Ayuntamiento, explicó que la actualización responde a la previsión de un aumento significativo de visitantes este verano, lo que requiere una respuesta coordinada entre las fuerzas de seguridad. “ La planificación anterior ya no se ajustaba a la realidad de la ciudad, ya que presentaba ambigüedades sobre la clasificación de algunas vías, lo que generaba confusión sobre las competencias de cada cuerpo policial ”, comentó Romero. El nuevo convenio introduce precisiones clave, como la clasificación de los enlaces a distinto nivel de la carretera A-7 dentro de Marbella. Aunque legalmente no son consideradas zonas urbanas, estos puntos serán tratados como tales a efectos de tráfico debido a su acceso a áreas urbanizadas. La Policía Local será responsable de la vigilancia en esos puntos, mientras que la Guardia Civil se encargará de los carriles laterales de aceleración y deceleración de la autovía. Además, el acuerdo establece una planimetría detallada que visualiza las competencias de cada cuerpo de seguridad y designa puntos específicos para el control de la seguridad vial. Entre ellos se incluyen accesos clave como los de Cabopino, Elviria, el Polígono Industrial, La Cañada y Puerto Banús, todos ellos con señalización específica y propensos a ser objeto de controles de tráfico. “E stas mejoras aseguran una coordinación perfecta entre la Policía Local y la Guardia Civil para gestionar la alta densidad de tráfico que se prevé este verano, garantizando una circulación más fluida y segura en las principales vías del municipio ”, concluyó Romero.

Marbella. - En el marco de la campaña ‘Nuestras vidas valen más que su negocio’, Izquierda Unida ha iniciado una campaña por toda la provincia de Málaga para animar a la participación y manifestación masiva en defensa de la vivienda. La manifestación ha sido convocada para el próximo sábado en cuarenta ciudades españolas y exigir al gobierno del PP en la Junta de Andalucía que “intervenga en el mercado de la vivienda para bajar los precios, comenzando por acabar con las más de 43.000 viviendas turísticas ilegales existentes en la provincia de Málaga”. La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, dio un dato demoledor: “ El Ministerio de Consumo ha comunicado a la Junta que hay 85.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía. Más de la mitad, 43.366, se ubican en la provincia de Málaga. Estas viviendas en fraude de ley provocan una subida desorbitada de los precios. Hay que prohibir los usos especulativos de la vivienda y proteger el uso residencial, las viviendas son para vivir, no para especular ”. Morillas ha calificado a Marbella como “ el kilómetro cero de las viviendas turísticas, la ciudad de España con más viviendas turísticas, con más de 13.000 y un incremento superior al 300% en el último año ”. La coordinadora provincial de IU llama a la participación masiva en defensa del derecho a la vivienda en Málaga el próximo sábado, a partir de las 11.30 horas con salida en la plaza de la Merced de Málaga. Una protesta que se inserta en el marco de una jornada estatal de movilizaciones en más de 40 ciudades de España La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inma Nieto, acusa al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), de “no intervenir en el mercado de la vivienda en favor del acceso de la población a la vivienda” y de que “todas las decisiones que adopta son para agudizar el mercado especulativo de la vivienda, hace todo lo que no se debe hacer para bajar los precios y garantizar viviendas asequibles”. “ El PP ha vendido 1.167 viviendas públicas, hoy tenemos menos viviendas públicas en Andalucía que cuando Moreno Bonilla empezó a gobernar. Está vendiendo suelo público en subastas al mejor postor, está permitiendo que se vendan viviendas de protección oficial a precios que, en ocasiones, exceden a los de las viviendas libres, con precios de hasta 350.000 euros ”, detalla Nieto. La coordinadora de IU Marbella, Victoria Morales, denunció que “año tras año la política de vivienda del PP de Ángeles Muñoz es dar licencias para que se sigan construyendo vivienda de lujo, mientras sólo ha promovido 116 viviendas en 16 años de gobierno, una media inferior a 11 viviendas por año en un municipio con 160.000 y con una gran presión turística”. “ Ya es hora de que Marbella sea declarada ciudad tensionada para poder bajar los precios de la vivienda. Además de una tasa de esfuerzo del 74% de las economías familiares, cada vez son más los trabajadores y trabajadores que no pueden pagar una vivienda y estamos perdiendo prestación de servicios en áreas esenciales como educación o sanidad ”, concluye Morales. El concejal de Hacemos Fuengirola, la confluencia de izquierdas en el Ayuntamiento de Fuengirola, Miguel López, asegura que “la mayoría de los jóvenes y la clase trabajadora no pueden acceder a una vivienda, es el problema más grave que sufrimos. El 65% de la oferta turística en Fuengirola se refiere a vivienda turísticas, lo que provoca un encarecimiento desmesurado de los precios. Y el equipo de gobierno del PP mira para otro lado. Por eso tiene sentido la campaña que hemos puesto en marcha desde IU con el lema ‘Nuestras vidas valen más que sus negocios’”.

Por [Latinpress.es] MARBELLA. — En un contexto de profundos cambios en las relaciones laborales, el abogado laboralista Salvador Ruiz Menacho advirtió sobre el giro que ha tomado el mercado de trabajo en los últimos años. Durante un almuerzo organizado por el Club de Empresarios y Profesionales de Marbella, el experto en negociación sindical y conflictos colectivos destacó que la transformación ha sido “ radical” y que el entorno laboral se ha vuelto “cada vez más rígido ”. Ruiz Menacho señaló que este cambio ha sido impulsado por dos factores principales: “ la sistemática y continua reforma legislativa del Gobierno ” y las directrices marcadas por la doctrina social europea. En particular, subrayó que la reforma de la jornada laboral a 37 horas y media —actualmente en proceso legislativo— podría tener un impacto significativo en la estructura salarial, al provocar una subida indirecta del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “ Si se reduce la jornada manteniendo el salario, en la práctica estamos hablando de una subida del SMI ”, explicó Ruiz Menacho. También indicó que los trabajadores con contratos a tiempo parcial podrían convertirse automáticamente en empleados a jornada completa, lo que incrementaría sus retribuciones de manera sustancial. Los retos que marcarán 2025 El experto enumeró los principales desafíos que enfrentan las empresas en este año. Entre ellos, destacó la reforma que el Parlamento tramita tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la extinción de contratos por incapacidad permanente. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores permitía la finalización automática del contrato en estos casos. Sin embargo, el tribunal europeo ha determinado que esta práctica constituye una discriminación directa. “ La reforma establece que el trabajador debe tener la posibilidad de reubicarse dentro de la empresa, siempre que su readaptación no suponga un perjuicio para la organización ”, explicó Ruiz Menacho. Otro cambio relevante es la introducción de una audiencia previa obligatoria antes de proceder a un despido disciplinario, en cumplimiento del Convenio 185 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta modificación podría aumentar la complejidad de los procedimientos de despido y reducir la capacidad de las empresas para actuar con rapidez ante incumplimientos laborales. Además, el sector empresarial sigue de cerca una sentencia del TJUE, prevista para finales de 2024, que podría elevar las indemnizaciones por despido. Según el especialista, “ se estudia la implantación de indemnizaciones disuasorias, lo que endurecería aún más el coste del despido en España”. Por último, Ruiz Menacho recordó que, a partir de 2025, todas las empresas con más de 50 empleados estarán obligadas a adoptar planes de igualdad que incluyan medidas específicas para el colectivo LGTBI. Esta normativa forma parte de una tendencia más amplia hacia la integración de políticas de diversidad en el ámbito laboral. Un futuro incierto para empresarios y trabajadores “ La dirección que estamos tomando es la de un mercado más regulado, donde las empresas tendrán menos margen de maniobra en sus relaciones laborales ”, concluyó Ruiz Menacho. “ Nos enfrentamos a un 2025 con grandes retos y un entorno laboral que seguirá evolucionando ”.

MARBELLA .— La agrupación socialista de Marbella ha consolidado y ampliado su representación en la ejecutiva provincial del PSOE Málaga tras el congreso celebrado el pasado domingo, en el que José Aurelio Aguilar fue confirmado como nuevo secretario general del partido en la provincia. Entre los dirigentes marbellíes con presencia en la nueva dirección destaca José Bernal , quien repite como secretario de Organización, un puesto clave dentro de la estructura del partido. Isabel Pérez , diputada en el Congreso, asumirá la secretaría de Acción Climática y Transición Energética, reforzando la apuesta del PSOE malagueño por la sostenibilidad. Además, Sonia Pérez , secretaria de Política Municipal en Marbella, ha ocupado la vicepresidencia del congreso provincial y formará parte del Comité Director, junto a la diputada Pérez. Desde la agrupación socialista local han felicitado a su organización hermana de San Pedro Alcántara, que tendrá representación en la ejecutiva con Manuel García , nombrado secretario de Lucha contra la Pobreza y Barrios Desfavorecidos. El congreso, que marca una nueva etapa para el socialismo en Málaga, contó con la presencia de la nueva secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero , y del ministro de Transportes, Ó scar Puente. Con estos nombramientos, el PSOE de Marbella refuerza su influencia en la dirección provincial, subrayando su papel dentro de la estrategia del partido en la región.

MARBELLA.— Lo que debía ser un hito en la sanidad pública andaluza se ha convertido en un símbolo de la burocracia y titulares rimbombantes. El Centro de Salud Ricardo Soriano, anunciado como un equipamiento “supermoderno” y clave para la mejora de la atención primaria en Marbella, sigue sin abrir sus puertas a pesar de que sus obras llevan meses oficialmente terminadas. En junio de 2024, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, aseguraron que el centro abriría en otoño. “ Las obras están al 98% ”, declararon, minimizando los retrasos previos y reafirmando el compromiso con la inauguración inminente. El retraso no es nuevo. La apertura estaba prevista inicialmente para abril de 2023. Desde entonces, los vecinos han visto cómo el edificio ha pasado de ser una promesa a convertirse en un testimonio del inmovilismo. En un episodio particularmente revelador, el pavimento del exterior del centro fue colocado, solo para ser retirado y reinstalado semanas después, un movimiento que sugiere problemas estructurales o errores de planificación que nadie ha explicado del todo. A pesar del discurso grandilocuente — Muñoz calificó el centro como “Top, Top” y Navarro, con visible emoción, llegó a decir que Marbella sería la “capital del nuevo modelo sanitario andaluz” — la realidad es más incómoda. No hay consultas en marcha, no hay pacientes atendidos, y lo que debía ser un referente sanitario sigue siendo un edificio vacío. Algunos vecinos y expertos se preguntan si el centro no ha superado las inspecciones técnicas necesarias para su apertura, lo que pondría en entredicho la calidad de la obra. Si ese fuera el caso, el “Top, Top” bien podría esconder deficiencias estructurales que nadie quiere admitir. Mientras tanto, la falta de respuestas oficiales solo aumenta la desconfianza. El temor es que la inauguración termine siendo un acto apresurado, con tijeretazo de cinta y flashes de cámara, pero con problemas sin resolver. O peor aún, que la apertura siga posponiéndose indefinidamente, víctima de los mismos errores de planificación y ejecución que ya han marcado su construcción. Por ahora, el Centro de Salud Ricardo Soriano es una promesa sin cumplir, un proyecto en standby que ilustra la brecha entre los discursos políticos y la realidad de los vecinos que esperan un servicio de salud eficiente.

Marbella.– En un país donde la secularización se confirma a pasos agigantados, la financiación de la Iglesia católica sigue siendo una anomalía que "Europa Laica" denuncia con contundencia. Según un informe presentado el 21 de marzo en Alicante, la jerarquía eclesiástica ha recibido más de 4.500 millones de euros desde 2007 a través de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Sin embargo, lo que los contribuyentes no suelen advertir es que este dinero no proviene únicamente de quienes marcan la casilla, sino del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. La cifra total de fondos públicos dirigidos a la Iglesia católica en 2023, según las estimaciones del informe, supera los 12.350 millones de euros. Este monto incluye exenciones fiscales (IBI, Impuesto de Sociedades), subvenciones a instituciones vinculadas a la Iglesia (escuelas, hospitales, residencias de ancianos), financiación de capellanes en instituciones públicas y restauración del patrimonio eclesiástico, entre otros conceptos. En otras palabras, la Iglesia, a pesar de haberse comprometido en los años 70 a ser autosuficiente, sigue dependiendo generosamente del erario público. El 80% de la asignación tributaria recibida por la Iglesia se destina al pago de salarios, seguridad social de sacerdotes y obispos, así como a gastos organizativos. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal gasta 5,3 millones de euros en campañas publicitarias que refuerzan la idea de que los fondos se destinan a la labor social, una afirmación que, según Europa Laica, carece de respaldo en la propia memoria financiera de la Iglesia. Más aún, la Iglesia no solo recibe dinero, sino que acumula excedentes: en 2023, las diócesis registraron un superávit de 73,7 millones de euros, una cifra que, lejos de ser devuelta al Estado, se queda en sus arcas. Todo ello en un contexto en el que solo el 18,3% de la población española se considera católica practicante, lo que pone en cuestión la legitimidad de mantener este trato privilegiado. Europa Laica no sólo exige la eliminación de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, también la de "fines sociales", argumentando que una parte significativa de estos fondos termina en organizaciones vinculadas a la Iglesia. Su recomendación es clara: no marcar ninguna de las dos casillas.

He estado repitiendo que el país necesita elegir al candidato que en agosto se ocupe de “echarle tierrita” al MAS, un cadáver insepulto. Escoger a ese candidato se ha hecho complicado, como lo refleja Ronald Mac Lean en severos análisis en que califica de traidores a todos los aspirantes. Es que Ronald había propuesto, con muy buen criterio, que se escoja al candidato usando un método y medios modernos, como una votación electrónica en que participarían todos los bolivianos, con sus celulares. El empresario Marcelo Claure apoyó la idea y ofreció el respaldo tecnológico y económico que fuera necesario. Pero un día, en febrero, los aspirantes decidieron que no, que el candidato sería escogido mediante unas encuestas. Eso despertó la furia de Ronald y la molestia de Claure. El primero lo dijo en dos durísimos artículos de opinión y el segundo optó por viajar a Miami y desde allí acusar al gobierno de Luis Arce de corrupto, con pruebas que ofrece entregar de inmediato. Lo cierto es que se ha descartado la Gran Primaria para escoger al candidato que debe tener la muy envidiable tarea de echarle tierrita a la tumba del MAS. Un rumor no confirmado dijo que los aspirantes habían decidido rechazar la idea de Ronald porque los sondeos previos revelaban que los bolivianos prefieren a uno nuevo, a otro, como Jaime Dunn. Ahora, a fines de marzo, una encuesta de Red Uno ha encontrado que el primero en las preferencias es Andrónico Rodríguez, el “junior” del cocalero Morales, hijo de alguien que fue señalado como uno de los asesinos de los esposos Andrade en octubre de 2000. Está empatado con tres o cuatro opositores. Con 18%, 17%, 16%, 15%, 13%... Sólo en La Paz gana claramente el “junior”, dice la encuesta. Si este cocalero, u cualquier otro masista, ganara en agosto, estaríamos ante un candidato que tendría el trabajo de echarle tierrita al país, porque ya ni siquiera haría falta darle el tiro de gracia. Es cierto, el MAS está bien muerto, pero desde la tumba maneja algunas cositas. Ha hecho que el TSE cambie la geografía electoral de Santa Cruz privilegiando a las zonas donde el partido tiene ventaja, como ser el “corredor narco” que cruza el departamento hasta la frontera sur con Brasil. Y algunos jueces, que todavía obedecen al cocalero mayor y siguen con la cantaleta del “golpe 1” y “golpe 2”, en procesos sin ninguna razón y ninguna esperanza, pero que les sirven para mantener a los 250 presos políticos tras las rejas. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Marbella. -- Las obras de mejora en la calle Cristo de los Molinos se encuentran, según el concejal responsable, Diego López, al 85% de su ejecución. Los trabajos han completado la construcción del acerado y la señalización viaria, y actualmente se centran en la instalación de un nuevo sistema de iluminación. “ La colocación de las nuevas farolas estará finalizada en la segunda semana de abril ”, aseguró Diego López. La intervención ha permitido dotar a la vía de una acera de 215 metros de longitud, en un tramo donde anteriormente los peatones carecían de espacio seguro para transitar debido a la vegetación y la falta de infraestructuras adecuadas. El proyecto, ejecutado sobre una calzada de seis metros de ancho con doble sentido de circulación, también contempla la reparación de arquetas de servicios en mal estado y la creación de canalizaciones para un futuro alumbrado. Además, se instalarán dos farolas destinadas a mejorar la iluminación de la zona de contenedores de residuos sólidos y se habilitará un paso de peatones en la intersección con Ronda de Nabrisa. Según López, la empresa concesionaria del Plan de Mantenimiento, Conservación y Reparación de Bienes Inmuebles e Infraestructuras prevé finalizar las tareas en un plazo de 15 días, aunque los plazos podrían adelantarse si el material necesario llega antes de lo previsto.