Denuncian falta de transparencia en las VPP
Manuel Osorio • 26 de febrero de 2026
OSP denuncia opacidad en la gestión de las 84 viviendas públicas en San Pedro Alcántara.
San Pedro Alcántara. Marbella. -
Para la organización política municipal, Opción Sampedreña, el caso de las 84 viviendas de protección pública en San Pedro Alcántara pone de manifiesto varios problemas estructurales en la gestión de la vivienda pública que van más allá de una promoción concreta: Falta de transparencia, deficiencias administrativas y un modelo de colaboración público-privada cuestionable.
Para el portavoz de OSP, Manuel Osorio, resulta grave que mes y medio después del sorteo, las personas adjudicatarias no dispongan de información esencial como el precio final, las condiciones económicas reales o la aplicación concreta de las ayudas anunciadas.
En una política pública tan sensible como la vivienda protegida, esta incertidumbre no es un detalle menor: afecta directamente a la planificación vital y financiera de las familias.
Precios
Las horquillas de precios contradictorias (de 170.000 -- 240.000€ inicialmente a 150.000 -- 260.000€ posteriormente) erosionan la confianza en el proceso. En vivienda protegida, la previsibilidad es tan importante como el precio en sí.
Exigir ahorros previos de hasta 80.000 euros plantea deja muy claro a qué perfil social está realmente dirigida esta promoción.
El suelo público
Para Osorio uno de los puntos más críticos es la venta del suelo municipal a promotoras privadas. El suelo público es, en teoría, la principal herramienta de las administraciones para abaratar el precio final de la vivienda. Cuando esa ventaja se pierde —o incluso encarece el resultado final— el objetivo social de la promoción queda seriamente comprometido.
El portavoz asegura que la venta del suelo crea un sobrecoste estimado de entre 25.000 y 32.000 euros por vivienda, lo que sugiere que el modelo elegido prioriza la viabilidad económica del promotor frente al interés general.
Esto resulta especialmente problemático tratándose de una promoción con alta demanda social (más de 3.000 solicitantes).
La inclusión de 400m² destinados a locales comerciales, que podrían haberse transformado en varias viviendas adicionales, plantea dudas legítimas sobre las prioridades urbanísticas. En un contexto de emergencia habitacional, cada metro cuadrado cuenta.
La incertidumbre sobre el destino final de estos locales y su posible venta en beneficio del promotor Vimpyca, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, exige máxima claridad, ya que cualquier rendimiento económico indirecto puede repercutir en el equilibrio del proyecto.
Procedimientos de adjudicación
Las dudas expresadas sobre adjudicaciones anteriores y el temor a que no se agoten correctamente los listados de suplentes afectan a un elemento clave: la legitimidad del sistema.
Sin reglas claras, públicas y verificables, el proceso pierde credibilidad y se alimenta la percepción de arbitrariedad.
Manuel Osorio también advierte que las solicitudes formales para conocer los precios no han sido atendidas con información concreta, sino remitidas a enlaces genéricos ya publicados.
Mientras tanto, las familias afectadas no saben si podrán afrontar la compra. Otro punto considerado como muy necesario de aclarar es la ayuda anunciada a las personas beneficiarias de 15.000€ para la entrada, cuya fórmula de aplicación no aparece claramente recogida en las bases de ejecución, por lo que no saben si se aplica al precio de la vivienda o si ese importe es ya habiendo descontado la ayuda.
Marbella. - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el sistema educativo público andaluz sigue funcionando, en demasiados centros, al margen de las condiciones mínimas de bienestar térmico. Su denuncia no es nueva. Lo que resulta revelador es que, cinco años después de la aprobación de una ley específica para evitarlo, la situación siga prácticamente intacta. La Ley 2/2020, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, prometía un cambio estructural: bioclimatización, energías renovables, diseño inteligente de los edificios escolares. En términos políticos, era una de esas normas que permiten a todos colgarse la medalla. En términos prácticos, ha acabado convertida en papel mojado. El plan de climatización impulsado por la Junta de Andalucía —según denuncian los socialistas— se parece más a una colección de parches que a una estrategia pública. Toldos aquí, ventiladores allá, actuaciones menores que sirven para la foto pero no para el termómetro. No hay planificación plurianual clara, ni un calendario público de ejecución, ni una apuesta decidida por la eficiencia energética. En un contexto de emergencia climática, la falta de ambición resulta tan llamativa como preocupante. La ciencia es clara: las altas temperaturas afectan a la concentración, al rendimiento cognitivo y a la salud, seguir permitiendo que miles de niños y niñas aprendan en condiciones térmicas extremas no es solo una mala política educativa; es una forma silenciosa de desigualdad. Quien puede permitirse centros privados climatizados escapa del problema. Quien no, se adapta como puede. La moción que el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno no es radical. Pide, básicamente, que se cumpla la ley: financiación suficiente, criterios transparentes y soluciones estructurales pensadas para el largo plazo. Mientras tanto, cada inicio de curso vuelve a recordarnos lo evidente: no se puede hablar seriamente de calidad educativa cuando el aula se parece más a un invernadero que a un espacio de aprendizaje. Y el cambio climático, a diferencia de las promesas políticas, no espera.
Marbella.- La alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, ha informado de la firma del convenio para la cesión gratuita de 8.580 metros cuadrados en la parcela del Albergue África. El caso es que en 2025, como ahora se ratifica de nuevo por la alcaldesa, las plazas se redujeron de 1.000 a 600, dándole el peso del compromiso a las instalaciones deportivas y una nueva sede administrativa del Servicio Andaluz de Empleo. Así que, el problema del coche sigue ahí. El aparcamiento subterráneo del Albergue África y el proyecto deportivo como una solución de barrio para el centro de la ciudad, se ha convertido, con el tiempo, en una pieza secundaria de un rompecabezas administrativo mucho más modesto. En enero de 2023 el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía anunciaron 800 plazas de aparcamiento, que pronto pasaron a 1.000 porque se trataba, según Muñoz, de “demanda histórica”. El acuerdo de hoy 26 de enero ha sido suscrito en Sevilla por Ángeles Muñoz; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Lo más llamativo no es la rebaja del 40% en el número de plazas, los proyectos evolucionan, es cierto, lo que llama la atención es que continúa siendo un proyecto “en fase final”, que estaba “pendiente solo de esta firma”. Mientras tanto, la realidad urbana permanece intacta. Muñoz ha querido dejar claro que el Consistorio únicamente tiene que asumir la ejecución de la obra, porque la cesión del suelo es gratuita”. La actuación contempla alrededor de 600 plazas de estacionamiento, una parte en régimen de rotación y otra destinada a residentes, además de la adecuación de espacios en superficie y nuevas zonas deportivas. “Es una apuesta decidida para aliviar el tráfico en un entorno que necesita más infraestructuras y servicios para los vecinos”, ha indicado la alcaldesa, quien ha avanzado que el proyecto, cuya redacción y ejecución se han licitado de forma conjunta, con una inversión global que asciende a más de 24 millones de euros, comenzará este mismo año. “Con esta última firma, que formaliza la segregación y puesta a disposición definitiva del suelo, damos el paso definitivo para colocar la primera piedra y ver las máquinas trabajando en los próximos meses”, ha remarcado. El proyecto municipal prevé la construcción del parking bajo rasante en la parcela segregada, así como una pista multideportes para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley, tenis y bádminton, junto a una edificación anexa para dar servicio a estas instalaciones. Del mismo modo, se contempla la adecuación de una zona verde con arbolado y suelo asfaltado para la instalación de carpas y mesas de picnic, la ejecución de un área verde a modo de pradera para la práctica de deportes y actividades al aire libre y la ejecución de una zona de vado, carga y descarga de autobuses en la Calle Trapiche. En contraprestación por la cesión de la parcela, el Ayuntamiento de Marbella pondrá a disposición del Instituto Andaluz de la Juventud un total de 80 plazas de aparcamiento subterráneo, para su utilización por los usuarios del albergue juvenil. Aunque no parece que haya habido ninguna modificación en los futuros precios por aparcar, la portavoz marbellí no mencionó la promesa de una tarifa de un 1 euro cada doce horas.
San Pedro Alcántara. Marbella. - En San Pedro Alcántara un debate aparentemente menor —la colocación de una bandera— está revelando una dinámica política complicada entre el partido gobernante (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE). El vocal socialista y Secretario General del PSOE sampedreño, Enrique Ruiz, planteó que la enseña andaluza ondee en un lugar visible, digno y reconocible de un espacio público de San Pedro, recordando que actualmente en el bulevar de San Pedro Alcántara ondea la bandera de España, pero no la de Andalucía. La negativa del Partido Popular a permitir que la bandera de Andalucía ondee en el bulevar principal del núcleo urbano ha sido tomada no como una decisión administrativa sino política. Para muchos, los símbolos importan no por su tela, sino por lo que representan y por quién decide cuándo, dónde y cómo se exhiben. El PSOE ha planteado el asunto desde una lógica de equilibrio institucional: en un espacio donde ya está presente la bandera nacional, la ausencia de la autonómica proyecta una jerarquía simbólica difícil de justificar en una comunidad autónoma con competencias plenas y un Estatuto que reconoce explícitamente sus símbolos. En ese sentido, la reivindicación socialista no parece radical ni rupturista, sino alineada con una normalidad institucional ampliamente aceptada en otros municipios andaluces. La respuesta del PP ha introducido una lectura distinta al rechazar la propuesta, y subrayar que solo el equipo de gobierno decidiría una eventual ubicación, dejando un mensaje que no transmite neutralidad, sino de control. No se discute tanto la bandera como quién ostenta la autoridad para legitimar su presencia. Ese énfasis en la potestad del gobierno local sugiere una concepción patrimonial del espacio público, donde los símbolos no representan a la ciudadanía en su conjunto, sino a la mayoría gobernante del momento. La proximidad del 28 de febrero añade una capa de incomodidad política. Negarse a visibilizar la bandera andaluza en vísperas del Día de Andalucía no puede leerse como un simple desacuerdo técnico. Este tipo de controversias ponen de relieve una paradoja habitual en la política municipal española: se apela con frecuencia a la desideologización de la gestión local, pero se toman decisiones profundamente ideológicas en el terreno simbólico. Evitar el conflicto, en estos casos, no pasa por negar los símbolos, sino por integrarlos con naturalidad. La cuestión de fondo es qué instituciones se sienten cómodas reconociendo la pluralidad de identidades que dicen representar —y cuáles prefieren administrar el espacio público como si fuera un territorio propio.
Marbella. - El Ayuntamiento ha aprobado la licencia para la construcción de 25 VPP en el entorno de Arroyo Palomeras, próximo a la zona de Boho Club. “Se trata de un proyecto prioritario para el equipo de Gobierno, que ha logrado tramitarse en un tiempo récord”, según ha valorado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, quien ha especificado que la promoción contará con hogares con superficies de entre 75 y 85 metros cuadrados, además de plazas de garaje y trasteros. Estos inmuebles, con precios tasados, se suman al plan municipal de vivienda y dan respuesta a uno de los principales problemas actuales, como es el acceso a la misma, apuntó Díaz. Además, la Junta de Gobierno Local ha impulsado además dos proyectos que completarán los suelos en la zona sur de San Pedro Alcántara, y que incluirán nuevos inmuebles protegidos, equipamientos deportivos, educativos y de zonas verdes y 30.000 metros cuadrados para uso hotelero, y que suponen un avance en el modelo de ciudad sostenible y equilibrado. Según el concejal, la ciudad vive una “intensísima actividad urbanística” y ha subrayado que “sigue generando expectativa inversora”. Ha detallado que el primero de los proyectos corresponde al plan parcial del sector conocido popularmente como ‘la pistola’ por tener esa forma en el plano, con una superficie de 100.000 metros cuadrados. Tras dar por cumplimentados los requerimientos técnicos, el documento continuará su tramitación para lograr la aprobación definitiva. Ha especificado que este ámbito prevé la construcción de 382 viviendas de uso residencial, de las cuales aproximadamente un 30 por ciento serán públicas. Además, contará con 21.000 metros cuadrados de equipamientos (la mitad destinados a uso educativo), 3.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas, cerca de un millar de plazas de aparcamiento y 244 vinculadas a las viviendas. En este sentido, ha indicado que “se trata de “hacer ciudad, no actuaciones aisladas, sino desarrollos completos con viales, dotaciones y servicios que garanticen calidad de vida de nuestros vecinos”. Por su parte, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha resaltado que entre los dos nuevos proyectos las nuevas viviendas de promoción pública podrían llegar a 340 y ha recordado que el ensanche sur, que estuvo pendiente de desarrollar durante 20 años, “cuenta en la actualidad con el pabellón deportivo cubierto Sergio Scariolo, va a comenzar ahora la construcción de la Escuela Municipal de Música y Danza, se están edificando 84 viviendas de promoción pública y se han dado licencias para otras 172 en régimen de alquiler”. Además, ha destacado la importancia de incorporar 30.000 metros cuadrados de suelo hotelero en la zona sur: “Es fundamental dotar de establecimientos hoteleros a un entorno cuyo gran atractivo es el paseo marítimo y sus playas, reforzando así la oferta turística y económica del distrito”.
Marbella. - La ciudad donde conviven más de 150 nacionalidades, la diversidad no es un eslogan, es una experiencia cotidiana. Se percibe en los acentos que llenan las terrazas, en los turnos de trabajo de la hostelería, en las aulas y en los barrios. Sin embargo, ese equilibrio se ve hoy interpelado por un debate nacional que con frecuencia sustituye los datos por el miedo y el señalamiento. Este es el telón de fondo de la iniciativa impulsada por Izquierda Unida Marbella – Por Andalucía, que ha convocado un encuentro abierto para confrontar discursos de odio y desinformación sobre la inmigración. El objetivo no es nuevo, pero sí importante: contrarrestar la expansión de bulos que asocian migración con inseguridad o abuso del sistema de protección social, una narrativa que, según la formación, se amplifica desde la derecha y la ultraderecha. El reciente anuncio del Gobierno sobre la regularización de personas que ya residen en España ha reactivado un debate que intenta convertir a la población migrante en chivo expiatorio de todos los males. Frente a ello, la responsable de Acción Política de IU Marbella – Por Andalucía, Victoria Morales, propone un antídoto clásico y a menudo incómodo: los datos. En este sentido, Morales recalcó que “las personas sin papeles no acceden a prestaciones sociales. Sin residencia legal no se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital ni otras ayudas como los subsidios por desempleo o los permisos por maternidad. Sobreviven gracias a su trabajo, muchas veces en condiciones de gran precariedad, no gracias a ayudas públicas como se intenta hacer creer”. Datos Los números cuentan una historia menos estridente, pero más fiel. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España viven cerca de siete millones de personas extranjeras. De la población activa extranjera, el 83,5% está ocupada, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y más de tres millones están afiliadas a la Seguridad Social, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sosteniendo sectores clave como la hostelería, la agricultura, la construcción, las actividades administrativas o el transporte, la columna vertebral. En el caso de Marbella el retrato desmiente los relatos las comunidades migrantes más numerosas son la británica y la marroquí, seguidas de la rusa y la ucraniana. Focalizar el discurso en una sola comunidad —advierte Morales— no sólo es inexacto; es un ataque directo a la convivencia. En una ciudad acostumbrada a la pluralidad, el señalamiento selectivo erosiona el pacto social que permite que la diversidad funcione. El debate se vuelve aún más áspero cuando se aborda la situación de quienes viven sin regularización administrativa. Según Funcas, a principios de 2023 había alrededor de 700.000 personas en esta situación. Muchas trabajan en la economía sumergida —empleo doméstico, invernaderos, construcción— sin contrato ni protección laboral, expuestas a abusos. Lejos de la caricatura del “beneficiario de ayudas”, la realidad es más dura: sin residencia legal no se puede acceder al Ingreso Mínimo Vital ni a subsidios por desempleo o permisos por maternidad. Se sobrevive trabajando, a menudo en condiciones extremas. El dilema que plantea Marbella no es solo local. Es una pregunta para España y para Europa: ¿qué hacemos con sociedades crecientemente diversas cuando el debate público se contamina de ruido? La respuesta que ensaya esta ciudad es modesta, pero ambiciosa: sustituir el miedo por información, y el prejuicio por convivencia. “Frente al ruido y el odio, datos; frente a los bulos, convivencia”, resume Morales. En una ciudad de 150 nacionalidades, esa consigna no es retórica. Es, quizá, la única política realista para preservar lo que Marbella ya es.
Durante décadas, la competencia política en las democracias ha estado dominada por el discurso, los programas electorales, las promesas de campaña y las visiones ideológicas. Gobernar consistía, en gran medida, en definir hacia dónde debía ir el país. Sin embargo, debido a la extrema mediatización de hoy, las sociedades evalúan cada vez menos, lo que los gobiernos prometen y cada vez más, lo que son capaces de ejecutar. La transición hacia la era de la ejecución no significa que las ideas hayan perdido relevancia; significa que el principal desafío contemporáneo, ya no es la definición de políticas, sino su implementación efectiva. Este cambio tiene implicaciones profundas para la política, la administración pública y la calidad institucional de los Estados. Hemos pasado de democracias del siglo XX, que operaban en un contexto de información limitada y baja capacidad de monitoreo ciudadano, a una realidad marcada por la expansión de la transparencia, el acceso a datos públicos, la velocidad de la información y el escrutinio constante de la opinión pública, reduciendo drásticamente el margen entre el anuncio y la evaluación ciudadana. En este nuevo entorno, la distancia entre diseño y ejecución, se convierte en el principal factor de credibilidad gubernamental. Un Estado que promete mucho pero ejecuta poco, pierde legitimidad con rapidez; un Estado que ejecuta con consistencia, incluso sin grandes discursos, acumula confianza institucional. No es casualidad que los países que han logrado avances sostenidos en crecimiento, bienestar social y competitividad institucional, sean precisamente aquellos que han invertido en fortalecer sus sistemas de implementación. La gobernanza moderna se mide en cuanto a la capacidad efectiva de transformar las decisiones, en servicios que funcionen y en resultados verificables para la ciudadanía. La ciudadanía no exige únicamente participación política o representación electoral; exige instituciones que resuelvan problemas concretos con eficiencia, previsibilidad y continuidad. Este cambio redefine la naturaleza misma del debate público. Las discusiones sobre política, ya no giran exclusivamente en torno a “qué políticas queremos”, sino también, en torno a “qué tan capaces somos de implementarlas”. El verdadero diferencial entre gobiernos, no será quién anuncia más reformas, sino quién logra convertir esas reformas en realidades tangibles. La autoridad no es imposición, es dirigir y orientar a los grupos humanos. Al que le corresponde ejercer la autoridad, también es necesario que la conquiste. Esto se logra cuando aquello que se dice o que se ordena, corresponde a lo que se hace. La autoridad hay que ganarla, en un primer momento, y luego mantenerla. La autoridad no solo consiste en dar órdenes, es -además- corregir errores, crear y aplicar normas, valorar esfuerzos y resultados. La autoridad racional se basa en la capacidad para ejercerla de la mejor manera; y de esa forma, ayuda a desarrollarse a las personas que se apoyan en ella. El ejercicio de la autoridad y la obediencia se alimentan con el diálogo y requieren una refinada pedagogía, ya que es la mejor mediación y favorece una buena relación entre los gobernados. Este ejercicio, como el de las otras funciones que tenemos que realizar, debe rodearse de una serie de valores morales que lo fortalecen. La serenidad en el que ejerce la autoridad, hace que el mensaje llegue con mayor claridad a sus dirigidos. Y al mismo tiempo, el que tiene la autoridad debe poseer mucha paciencia, tanto para madurar un tipo de actuación, como para esperar sus resultados. Gobernar, en consecuencia, ha dejado de ser principalmente un ejercicio de promesas. Gobernar es, cada vez más, un ejercicio de ejecución. Y en esta nueva etapa de las democracias contemporáneas, la calidad del Estado ya no se evaluará por la amplitud de sus planes, sino por la consistencia de sus resultados. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es fabriziodeluca823@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®
Marbella. - El mercado inmobiliario de la Costa del Sol afronta 2026 un entorno de demanda internacional sostenida y una oferta estructuralmente limitada. Tras un 2025 marcado por máximos históricos en precios en enclaves como Marbella y el denominado “Triángulo de Oro”¹², el foco ya no está únicamente en el producto, sino en la estructura de capital que permite desarrollarlo. La banca mantiene criterios prudentes en crédito promotor, con mayores exigencias de preventas y aportación de equity. Este escenario, unido a previsiones de crecimiento moderado de precios en 2026³⁴, ha consolidado la financiación alternativa como complemento estratégico: fondos de deuda, private lending y estructuras híbridas que permiten optimizar el apalancamiento y reducir el time-to-market. Desde una perspectiva macro, el mercado residencial español continúa apoyado en un desequilibrio entre oferta y demanda, especialmente en zonas prime. Sin embargo, el incremento de costes de construcción y la presión regulatoria obligan a ajustar márgenes y profesionalizar la gestión financiera. En este contexto, la capacidad de estructurar capital con flexibilidad se convierte en ventaja competitiva. La financiación alternativa no sustituye al sistema bancario; lo complementa. Permite cubrir adquisición de suelo, fases iniciales de obra o refinanciaciones estratégicas, facilitando la ejecución de proyectos viables que, bajo esquemas tradicionales, podrían ralentizarse. En 2026, el liderazgo del promotor en la Costa del Sol dependerá menos del volumen y más de la disciplina financiera. Capital inteligente, las estructuras eficientes y la gestión del riesgo serán los pilares para sostener uno de los mercados residenciales más dinámicos del sur de Europa. Fuentes: 1. Idealista – Costa del Sol property prices reach record highs in 2025 https://www.idealista.com/en/news/property-for-sale-inspain/2025/10/03/862629-costa-del-sol-property-prices-reach-record-highs-in2025 2. ACP Málaga – Microeconomía inmobiliaria en el Triángulo de Oro https://acpmalaga.com/la-costa-del-sol-consolida-su-propia-microeconomia-elprecio-de-la-vivienda-en-el-triangulo-de-oro-duplica-ya-el-record-historico-deespana/ 3. El País – El precio de la vivienda subirá hasta un 7% en 2026 https://elpais.com/economia/2025-11-09/la-falta-de-vivienda-asequibledesacelera-las-ventas-pero-el-precio-subira-un-7-en-2026.html 4. El Economista – Regiones que liderarán precios en 2026 https://www.eleconomista.es/vivienda- inmobiliario/noticias/13607660/10/25/tres-regiones-eclipsan-el-mercadoinmobiliario-de-madrid-y-barcelona-y-se-preparan-para-registrar-precios-recorden-2026.html La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. calmeida@innovarteks.com
Marbella. - Entre 2024 y 2025, la criminalidad global en España apenas creció un 0,8% al pasar de 2.454.206 delitos en 2024 a 2.474.156 en 2025. En el caso de los crímenes convencionales - todas las formas de delitos que no incluyen la cibercriminalidad -, bajó un -0.2% al pasar de 1.989.405 a 1.984.908 delitos. En Andalucía 2025 la criminalidad convencional registró 327.371 delitos, un -0.1% en relación a 2024 cuando se registraron 327.782 delitos. En el terreno ciber en 2024 se registraron 81.526 delitos para una suma global de delitos de 409.308 casos. En 2025 los delitos ciber fueron 89.298 para llegar a un total de delitos de 416.669, un 1.8% más que en 2024. La cibercriminalidad creció en un año en un 9.5% En Marbella los mayores incrementos porcentuales se concentran en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa que pasaron de 0 a 2 casos (+100%), el dato es estadísticamente frágil, pero su aparición más que su volumen, marca el cambio. El segundo delito con mayor crecimiento fueron los casos de homicidios dolosos y asesinatos consumados que pasaron de 2 a 3 casos (+50%). Un solo hecho más bastó para disparar el porcentaje, reforzando la percepción de una mayor letalidad de la violencia. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria les siguen, pasando de 139 a 180 casos (+29,5%). Aunque la percepción es de un crecimiento desbordado, no se sostiene pero los conflictos físicos que generan violencia interpersonal en pleno espacio público, crean mucha alarma. El cuarto delito convencional de la lista es el que se ejecuta contra la libertad sexual, de 71 en 2024 pasó a 91 casos en 2025 (+28,2%). Sin duda hay más denuncias y mayor persecución penal, pero también una realidad criminal persistente. En todo caso, los delitos que más crecen no son necesariamente los más numerosos (hurtos 3.749 a 3.74), pero sí los que más afectan a la percepción de seguridad. El municipio presenta un 0.9% de crecimiento en la criminalidad convencional, un 17% en la cibercriminalidad y un 3% en el global de delitos. La cibercriminalidad El delito digital en España ha crecido un +5,3%, en Andalucía un +9,5% y en Marbella un +17%, todos entre 2024 y 2025. El crecimiento municipal de Marbella con el +17%, de Fuengirola con un +16,6% y de Estepona con un +11,3%, superan holgadamente la media nacional. Se trata de un delito que no necesita presencia física sino actividad económica, población flotante y capacidad de consumo. Criminalidad convencional municipal Estepona es el municipio con mayor aumento de criminalidad convencional con un +13,3% (de 4.137 a 4.686 delitos). Un crecimiento por encima del entorno. Benalmádena presenta un incremento moderado del +5,8%, Marbella se sitúa en una zona intermedia con un +0,9%, prácticamente con estabilidad. Delitos que más caen Los mayores descensos se producen en Mijas donde la criminalidad convencional cae un -7,2% y la cibercriminalidad un -15,9%. Es el municipio con el descenso más acusado en ambas categorías. En Fuengirola la criminalidad convencional cae un -1,9%, aunque la cibercriminalidad crece (635 a 799). En Marbella, el descenso es especialmente intenso en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones con un -26,4%. En los robos con fuerza en domicilios cae un -21% y en la sustracción de vehículos un -10,4%. El comportamiento de municipios vecinos:
El Nacional. - Aunque la ley permite que venezolanos en el exilio soliciten amnistía mediante un representante legal, el artículo 9 establece una serie de limitaciones que, en la práctica, impedirían el beneficio para quienes hayan promovido, instigado o respaldado acciones armadas o de fuerza por parte de actores extranjeros contra Venezuela La recién aprobada Ley de Amnistía, presentada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez como un instrumento para promover la reconciliación nacional, ha abierto un intenso debate sobre sus límites, alcance real y criterios de exclusión, especialmente en lo que respecta a figuras prominentes de la oposición como María Corina Machado. Aunque la ley permite que venezolanos en el exilio soliciten amnistía mediante un representante legal, el artículo 9 establece una serie de limitaciones que, en la práctica, impedirían el beneficio para quienes hayan promovido, instigado o respaldado acciones armadas o de fuerza por parte de actores extranjeros contra Venezuela. Para el académico Juan Carlos Apitz, entrevistado por CNN, la redacción del artículo “tiene nombre y apellido”: el Premio Nobel de la Paz 2025. “Ese párrafo es el párrafo de María Corina Machado. Sin lugar a duda”, afirmó. La exclusión se sustenta en los señalamientos realizados por Rodríguez, quien en días recientes aseguró que Machado deberá “responder ante Venezuela” por haber solicitado sanciones internacionales y avalado la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. “Vacíos”, “ambigüedades” y alcance limitado En un amplio reporte, que analiza los puntos más controvertidos del nuevo marco legal, CNN recuerda que la aprobación de la ley se produce tras un histórico acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, acelerado tras la captura de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses. Uno de los requisitos planteados por la administración de Donald Trump a Rodríguez fue precisamente la liberación de presos políticos. En consecuencia, el gobierno interino inició un proceso de excarcelaciones que continuó hasta la aprobación formal de la amnistía. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que la ley “está plagada de vacíos y ambigüedades” que pueden permitir la continuidad de la persecución política. A su juicio, figuras como Machado, Edmundo González Urrutia y defensores de derechos humanos quedan desprotegidos. Por su parte, la organización Foro Penal cuestionó que, pese a que la ley abarca el período entre 1999 y 2026, solo reconoce 13 episodios específicos de persecución política, dejando por fuera más de la mitad del período señalado. El abogado Gonzalo Himiob explicó que “de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía, más de 14 quedan completamente por fuera”. Persisten interrogantes Apitz calificó como un acto de “cinismo” que la ley reproduzca casi literalmente artículos de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, promulgada por Maduro en 2024 para castigar a quienes respaldaran sanciones internacionales contra el régimen. Dicho texto fue utilizado para acusar a Machado de traición a la patria tras su apoyo público a la iniciativa legislativa estadounidense conocida como “Ley Bolívar”. En su cuenta en X, Machado reiteró que la estabilidad del país solo será posible con “Estado de derecho, justicia y libertad para todos”, incluidos civiles, militares y exiliados. González Urrutia, por su parte, afirmó estar convencido de que “se podrá construir una amnistía a la medida de un país entero”, pero subrayó que para que el proceso sea legítimo debe incluir “verdad, reconocimiento y reparación”. La normativa excluye también a quienes estén vinculados a violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidios, tráfico de drogas y corrupción. Mientras tanto, la presidenta encargada ha solicitado “máxima celeridad” a la comisión especial que deberá ejecutar la ley. Aún no hay claridad sobre el cronograma de excarcelaciones, ni sobre el procedimiento que deberán enfrentar los exiliados para solicitar el beneficio. Lejos de resolver el conflicto político, la amnistía abre un nuevo capítulo de tensiones por sus limitaciones, sus zonas grises y su impacto directo sobre la dirigencia opositora, de acuerdo con CNN.
Marbella. - El Mirador del Carmen es una torre cultural pública que costó más de 16MM€. Está levantada frente al mar y debía haber sido destinada a una biblioteca, una sala de exposiciones, un conservatorio y un restaurante panorámico concebido como escaparate de calidad en Estepona. La denuncia fue hecha por elDiario.es en julio de 2023. Hoy, el edificio es el epicentro de una investigación judicial sobre el poder político y los controles administrativos locales. En el centro del caso se encuentra el alcalde, José María García Urbano, investigado por un juzgado junto a varios funcionarios municipales de su confianza por la adjudicación del restaurante del mirador a una empresa recién creada, sin experiencia alguna y vinculada a la novia de un hijo suyo. La pregunta que recorre el municipio no es solo si hubo delitos, sino qué ocurre cuando los procedimientos formales existen, pero su aplicación se vuelve elástica para unos y rígida para otros. La licencia de apertura En España, abrir un negocio al público sin licencia de apertura no es un simple detalle técnico, supone una infracción que, en condiciones normales, conlleva cierres, sanciones y expedientes inmediatos. En Estepona, el restaurante del mirador abrió en septiembre de 2024 y, más de un año después, seguía operando sin esa licencia y sin pagar el canon anual fijado en el pliego superior a 27 mil euros, una cifra que algunos estiman muy favorable por un local de 430m² a un precio mensual de 5,35€ por metro cuadrado a pie de playa cuando la zona tenía precios entre los 11 y los 20€ por metro cuadrado, sin estar en la lujosa torre ni tener acceso al mirador. Además, la explotación de tres plantas se le concedió a la empresa sin aportar experiencia profesional conocida. La explicación oficial ha sido que la ausencia de licencia impide el cobro del canon, una postura jurídicamente endeble y políticamente corrosiva para el alcalde y sus cercanos colaboradores. Otro punto que ha llamado la atención es que menos de un año después de recibir la concesión, Nadia Odeh Núlez vendió las participaciones de su empresa, por 30 mil euros, a un conocido empresario esteponero amigo del alcalde. Sin embargo, la falta de la licencia se ha convertido en el punto clave porque es el mecanismo que certifica que un espacio cumple con requisitos de seguridad, accesibilidad, sanidad y protección contra incendios. Permitir la actividad sin ella no solo expone a la empresa y a la administración que la tolera, también a los usuarios que desconocen la higiene del local. Además, rompe la regla básica de igualdad ante la norma: cualquier pequeño empresario sabe que abrir sin licencia es una apuesta ruinosa; aquí, en cambio, la actividad prosperó sin consecuencias visibles. Aunque la sociedad administrada por la novia de un hijo del alcalde fue creada pocos meses antes del concurso, este hecho por sí mismo no es ilegal, pero para los ciudadanos la apariencia importa tanto como el cumplimiento de una ley o norma. Cuando el beneficiario está ligado al poder político la transparencia debe ser máxima. La fianza La investigación apunta a que la fianza exigida para concurrir fue financiada indirectamente por el propio alcalde, según informes de la UDEF, con una cantidad estimada en 20.000 euros, algo que el Consistorio ha restado importancia subrayando que nadie impugnó ese dinero puesto por el propio García Urbano. En aquel momento la adjudicataria, Inversiones del Mar, S.L., acababa de ser creada y Nadia Odeh Nuñez, su socia única y administradora, la novia del hijo del alcalde. Si esto se confirmara, Nadia Odeh pudiera estar funcionando como una simple testaferra del alcalde, reforzando la idea de que el procedimiento fue diseñado para esquivar responsabilidades penales o administrativas. La Fiscalía investiga indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, es decir, se sospecha de que se adoptaron decisiones injustas a sabiendas y que se favoreció a una persona concreta por su relación con el poder. No se trata aún de una condena, pero sí de una señal de alarma institucional. Trato de favor Un apartado importante no considerado en este tipo de operación es la percepción del trato de favor tangible, una especie de desincentivador para los empresarios que cumplen la norma. Alimentar la desconfianza en cada nuevo proyecto público puede ser un motivo que frena nuevas inversiones al permitir la sospecha de que algunos pueden operar sin licencia ni canon. Políticamente, el caso introduce un desgaste acumulativo. Incluso sin sentencia, la investigación proyecta una sombra sobre la gestión municipal y sobre el partido que gobierna. Consecuencias Si las investigaciones prosperan, las consecuencias para los implicados pueden ir desde la inhabilitación para cargo público hasta responsabilidades penales. El caso del Mirador del Carmen es un retrato de cómo el poder local, cuando no se somete a controles estrictos y visibles, puede desdibujar la frontera entre lo público y lo privado.