Marbella. — El debate sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha vuelto a encenderse en Marbella, una ciudad cuya identidad turística choca, cada vez más, con la necesidad de preservar la convivencia residencial. Isabel Pérez, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella, volvió a poner sobre la mesa un problema que, según denuncia, el gobierno local sigue ignorando de forma sistemática. El problema de la vivienda no puede seguir siendo un tema decorativo en los plenos, advirtió Pérez, subrayando que pese a las múltiples mociones presentadas, la administración municipal permanece inmóvil. La situación refleja una fractura cada vez más evidente: el crecimiento de las VUT está convirtiendo bloques residenciales en enclaves turísticos, frente al derecho de los vecinos a una vida comunitaria tranquila. Aunque la portavoz socialista insiste en que no se trata de demonizar este modelo —“ los propietarios pueden alquilar como estimen conveniente, pero siempre dentro de la ley ”—, lo cierto es que la falta de regulación está empezando a generar un problema estructural. Marbella no es un municipio cualquiera. Su economía gira en torno al turismo, lo que complica aún más la implementación de restricciones sin desencadenar tensiones económicas. Sin embargo, como advierte Pérez, “si no se regula este uso, puede terminar en una convivencia no correcta”. Las quejas vecinales y los conflictos en comunidades residenciales ya lo reflejan. El Partido Socialista ha anunciado una propuesta para el próximo Pleno que busca precisamente eso: una regulación local adaptada al contexto de Marbella. Entre las medidas que propondrán los socialistas, destaca una zonificación específica que limite la proliferación de VUT en áreas con alta presión turística, un sistema de inspecciones coordinado con la Junta de Andalucía, la exigencia de informes de compatibilidad urbanística y, un censo público que informe a la ciudadanía sobre la ubicación y número de estas viviendas. Mientras el Gobierno central ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal para empoderar a las comunidades de vecinos, las competencias reales siguen dispersas entre comunidades autónomas y municipios. Y ahí radica buena parte del problema. La Junta de Andalucía, liderada por el Partido Popular (PP), ha delegado en los municipios la regulación de las VUT, sin ofrecer herramientas claras ni asumir plenamente su parte. Según Pérez, incluso las propias comunidades autónomas (CCAA) del PP reconocen el problema, como lo demuestra el decreto autonómico del 24 de febrero que adopta medidas urgentes mientras se redacta una ley de vivienda. Paradójicamente, mientras desde Sevilla se alienta a los ayuntamientos a actuar, muchos de ellos carecen de capacidad técnica o voluntad política para hacerlo. Marbella, según el informe emitido por la Universidad de Málaga —que el PP había solicitado hace meses y cuya ausencia había paralizado decisiones clave—, muestra signos evidentes de tensión urbanística. No obstante, aplicar la categoría de "zona tensionada", que abriría la puerta a medidas más restrictivas, choca con el rechazo frontal de las comunidades gobernadas por el PP. Aquí se encuentra la contradicción central: se admite el problema, pero se bloquean las soluciones estructurales. Entre las medidas propuestas destacan la creación de un sistema de control eficaz que permita al Ayuntamiento realizar inspecciones específicas para las viviendas de uso turístico, en coordinación con la Junta de Andalucía. Del mismo modo, Isabel Pérez exige un informe de compatibilidad urbanística municipal como requisito previo para la concesión de nuevas licencias, así como un proceso participativo y transparente que involucre a los vecinos y vecinas de Marbella en la elaboración de la normativa, mediante reuniones informativas y mesas de debate, proponiendo por último la creación de un censo público de Viviendas de Uso Turístico, con información accesible sobre el número y ubicación de estas viviendas en el municipio. La demanda socialista de un proceso participativo con vecinos y mesas de debate es, quizás, una forma de devolver algo de control a quienes más padecen los efectos del laissez-faire institucional. Latinpress.es preguntó a la diputada nacional si tenían pensado hablar con el gobierno local para aplicar en Marbella la categoría de tensionada, porque las CCAA gobernadas por el PP se han negado de plano. La portavoz reconoció que las CCAA lideradas por el partido popular se han opuesto a aplicar la ley de zona tensionada, pero no podemos olvidar la ley del 24 de febrero donde certifica que hay un problema con las VUT, es decir, lo reconocen. Acerca de que sean las comunidades de vecinos los que decidan, Latinpress.es le comentó a Pérez que si un vecino se terciaba en poner en alquiler su piso, lo hacía. Lo que se ha hecho desde el Gobierno Central es una modificación de la ley de propiedad horizontal para darle una herramienta a las comunidades de vecinos ante el desamparo que tienen desde la Junta de Andalucía.