Marbella. - Lo que comenzó como una disputa entre una empresa de limpieza, Servicios Integrables Lidia Homes S.l. y la Comunidad de Propietarios Santa Clara Homes, representada por Advisur Asesores, por la rescisión de un contrato de limpieza, se ha convertido en un conflicto mucho más complejo, con varias dimensiones abiertas al mismo tiempo: jurídica, económica, empresarial y personal. 

En el centro se encuentra la interpretación del contrato, la existencia o no de incumplimientos en el servicio y una reclamación económica de 49.775 euros. 

Pero el caso ha adquirido una nueva dimensión ante la posibilidad de que la propietaria de la empresa,  Elisabeta Plugar, inicie mañana, jueves 13 de agosto, una huelga de hambre como forma de protesta.

La situación resulta llamativa porque, pese a la dureza alcanzada por el enfrentamiento, la propietaria mantiene su disposición a negociar; según su planteamiento, estaría dispuesta a buscar una salida económica que, como mínimo, contemplase una indemnización equivalente a tres mensualidades, una posición que abre una puerta al acuerdo en un conflicto que, de continuar por la vía exclusivamente confrontativa, puede terminar judicializado.

La cantidad reclamada actualmente por la empresa, 49.775 euros, equivale exactamente a cinco mensualidades de 9.955 euros. No obstante, la Comunidad de Propietarios cuestiona esa reclamación y sostiene que no puede identificarse automáticamente la facturación que se habría producido con el beneficio dejado de obtener.

La Comunidad interpreta la cláusula que establece que, «en caso de disconformidad por alguna de las partes», existe un preaviso de un mes como una posibilidad de poner fin al contrato. 

La empresa, por el contrario, defiende que ese preaviso estaba destinado a impedir la prórroga y no a permitir una resolución anticipada durante el periodo inicial.

La Comunidad argumenta presuntos incumplimientos del servicio: suciedad reiterada, malos olores, deficiencias en portales y zonas comunes, quejas de propietarios, comunicaciones, fotografías y comprobaciones realizadas por los responsables de la Comunidad.

La cuestión decisiva será determinar si se trató de incidentes aislados o de un incumplimiento reiterado y suficientemente grave como para justificar la resolución del contrato.

La propietaria no acepta que se afirme que el servicio era deficiente, deben acreditar cuándo se produjeron esas incidencias, qué se le comunicó a la empresa y si las deficiencias se repitieron.

Productos polémicos

Uno de los elementos más polémicos del expediente aparece cuando se habla de los productos de limpieza. 

La referencia de la comunidad de vecinos en relación a productos adquiridos en “Aldi” no parece ser suficiente para demostrar un incumplimiento contractual por no ser considerados profesionales. La cuestión es demostrar qué producto concreto era inadecuado para una determinada superficie.

Y en medio de todo ello aparece la huelga de hambre anunciada para mañana. La decisión de la propietaria, Elisabeta Plugar,  introduce un elemento humano que no puede ser ignorado. Una reclamación contractual puede resolverse en un juzgado; una huelga de hambre convierte el conflicto en una cuestión pública y de presión social.

Si existe voluntad de aceptar una salida que contemple al menos tres mensualidades de indemnización, podría existir un espacio intermedio entre las posiciones actualmente enfrentadas.

No significa que ninguna de las partes tenga que renunciar a sus argumentos ni que una compensación implique necesariamente reconocer la razón jurídica de la otra. 

Significa, sencillamente, explorar si existe una solución económica que permita cerrar el conflicto antes de que las posiciones se hagan irreversibles.