Marbella. – La disputa por el futuro de la Comandancia de Marina vuelve a poner de relieve una constante en la política marbellí: proyectos que todos dicen respaldar, pero que permanecen bloqueados por la incapacidad o la falta de voluntad de las administraciones para asumir la parte que les corresponde.

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, acusó al Ayuntamiento de Marbella de haber convertido la queja en estrategia política. Frente al histórico edificio, sostuvo que el Consistorio, gobernado por el Partido Popular, "tiene que dar un paso al frente" y dejar de utilizar la falta de avances como argumento mientras evita cumplir la condición imprescindible para desbloquear la cesión: ofrecer una sede alternativa para las funciones que actualmente alberga la Comandancia.

Valero enmarcó el debate en una crítica más amplia a la gestión municipal, asegurando que décadas de gobiernos populares han dejado a Marbella con un importante déficit de equipamientos públicos, precisamente cuando la presión demográfica y las necesidades sociales no han dejado de crecer. 

Según defendió, la antigua Comandancia debería convertirse en un espacio al servicio de la ciudadanía, ya sea para vivienda pública, equipamientos culturales u otros usos sociales.

Desde IU insisten en que la cesión depende tanto del Gobierno central, propietario del inmueble, como de la colaboración efectiva del Ayuntamiento. Por ello, Valero anunció una iniciativa parlamentaria en el Congreso para impulsar el proceso, aunque recordó que ninguna proposición podrá prosperar si el Consistorio no aporta el edificio alternativo que permita trasladar la actividad administrativa.

La coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, elevó el tono de las críticas al acusar al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz de practicar un "cinismo" político difícil de justificar. Recordó que Izquierda Unida reclama desde 2012 la cesión de la Comandancia y reprochó que, durante más de una década, el Ayuntamiento no realizara las gestiones necesarias cuando podía haber facilitado la operación.

Para Morales, resulta contradictorio que ahora el Partido Popular reclama ese mismo inmueble para construir vivienda pública mientras, a su juicio, mantiene sin resolver otras oportunidades de uso social mucho más inmediatas, como la antigua Residencia de Tiempo Libre.

En su opinión, exigir al Estado una cesión sin asumir previamente las obligaciones municipales responde más a una estrategia de desgaste político que a un compromiso real con la política de vivienda.



La polémica ilustra un patrón habitual en la política institucional española: cada administración señala la inacción de la otra mientras los edificios permanecen cerrados y los proyectos continúan sobre el papel.