Marbella. - Latinpress.es le hizo una pregunta única a Isabel Pérez, candidata socialista a la alcaldía de Marbella: ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes y familias que no pueden acceder a una vivienda asequible?

Pérez defiende que el consistorio debe implicarse directamente en la promoción de vivienda pública y no limitarse a poner suelo municipal en manos privadas. Marbella necesita una política de vivienda pública, no desprenderse del suelo que puede utilizar para construirla.

El ayuntamiento debe implicarse mucho más en la promoción de vivienda asequible comenzando por no ceder suelo público para usos privados y desarrollando mejores relaciones entre las distintas administraciones.

TENER TRABAJO NO ES SUFICIENTE

Latinpress.es.— Cuando se habla de vivienda, la atención política suele centrarse en los jóvenes menores de 35 años. Pero hay parejas de 40 o 50 años que trabajan, tienen ingresos y no pueden reunir los 60.000, 70.000 u 80.000 euros necesarios para afrontar la entrada de una vivienda protegida de 280.000 euros. Si llega a la Alcaldía, ¿qué les ofrecerá?

Isabel Pérez.— El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa medidas para facilitar el acceso a la vivienda dentro de sus competencias, pero el problema no puede resolverse desde una sola Administración. La Junta de Andalucía y los ayuntamientos también tienen que actuar.

Hay que trabajar para que las personas no destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca, especialmente cuando hablamos de vivienda pública. Es necesario que las administraciones pongan sus recursos al servicio de una vivienda realmente asequible.

Le recordamos a la portavoz que hay parejas que pueden pagar una cuota mensual, pero no disponen del dinero para comprar.

El Gobierno central ha planteado medidas para facilitar ese acceso, incluidos mecanismos de apoyo a la entrada. Pero también es necesario que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hagan su parte.

Nuestra obligación es utilizar las herramientas municipales disponibles, estudiar el suelo público y determinar qué actuaciones pueden desarrollarse para construir vivienda pública, tanto para la venta como para el alquiler.

EL SUELO PÚBLICO

Sobre el suelo público apuntó que el Ayuntamiento no debe limitarse a desprenderse de las posibilidades que tiene a su alcance. Tiene que estudiar qué suelo público conserva, qué se puede construir en él y cómo puede involucrarse en el desarrollo de las promociones para controlar los precios.

No estamos diciendo que el Ayuntamiento tenga que convertirse en una constructora. Estamos defendiendo que participe en el proceso, establezca las condiciones que correspondan y no renuncie a todas las herramientas disponibles para desarrollar vivienda pública.

Ya sabemos que una vivienda protegida también puede tener un precio que excluya a muchas familias, dijo la portavoz, citando algunos precios conocidos de hasta 280.000 euros, añadiendo que la vivienda pública debe responder a las necesidades reales de la población. No basta con construir viviendas: hay que conseguir que las personas que las necesiten puedan acceder a ellas.

LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA

Isabel Pérez hizo referencia a los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en este octubre de 2026 que incorporan nuevas medidas relacionadas con la función social de la vivienda: “Hasta el 31 de diciembre de 2030, las sociedades, fondos, empresas u otras entidades, con o sin personalidad jurídica, y que tengan por objeto la adquisición de inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados, así como las personas que ostenten la condición de gran tenedor, tendrán limitada la compra de vivienda por un valor de inferior al 70% de su valor de mercado”, limitándose cuando la vivienda se para el alojamiento habitual. Se ha creado la protección contra el desahucio hasta diciembre de 2030. Se ha regulado el alquiler de habitaciones y la aplicación de medidas fiscales favorables para incentivar el alquiler asequible.

Se han puesto recursos, pero las comunidades autónomas deberán utilizarlos, no se puede pedir al Gobierno central que resuelva por sí solo un problema que exige la participación de todas las administraciones.