Marbella. - Después de un año sin movilizar un centímetro de tierra, Izquierda Unida (IU) ha cuestionado la concesión pidiendo el rescate y preguntando al gobierno de Marbella ¿qué capacidad tiene el Ayuntamiento para garantizar que un proyecto de interés general salga adelante cuando su ejecución está en manos privadas? 

La transparencia

La denuncia exige a la alcaldesa Ángeles Muñoz explicar por qué las obras no avanzan, aclarar la situación financiera del proyecto y determinar si existen razones contractuales para resolver la concesión.

IU apunta a una secuencia que merece una explicación documentada: las obras llevan un año paralizadas, el Ayuntamiento habría anunciado la disponibilidad de licencia y la alcaldesa habría situado el comienzo de los trabajos en septiembre. Según la formación, llegado octubre, la parcela continuaba sin actividad.

El Ayuntamiento debe explicar qué ha fallado en esa cadena y quién tiene la responsabilidad de corregirlo. Sin esa información, los anuncios pierden valor como instrumento de rendición de cuentas y se convierten en fechas que pasan sin que la ciudadanía pueda evaluar su cumplimiento.

La incógnita financiera



Uno de los puntos más relevantes de la denuncia es la aparente contradicción entre la afirmación de la alcaldesa de que el club dispone de los recursos necesarios y la búsqueda de un inversor externo por parte de la entidad deportiva; aunque ambas circunstancias no son necesariamente incompatibles ni demuestra que exista insolvencia. Pero no es suficiente afirmar que los recursos están garantizados sin explicar qué significa exactamente esa garantía.

El ayuntamiento debe aclarar lo de la “financiación asegurada”, porque si todavía depende de la entrada de un inversor, la credibilidad oficial y privada queda en entredicho.

El pliego de condiciones

IU ha invocado el punto 51 del pliego de condiciones, que, según la formación, permite iniciar un expediente de resolución de la concesión cuando las obras permanezcan paralizadas durante más de seis meses por causas imputables al concesionario. La formación señala, además, la posible ejecución de una garantía definitiva equivalente al 4% del presupuesto.

La cuestión determinante es por qué se han detenido los trabajos, si la paralización es imputable al concesionario y qué condiciones establece exactamente el contrato para activar sus mecanismos de resolución. El Ayuntamiento debería aclarar, al menos, si existe un informe técnico que acredite formalmente la paralización y su duración, si se ha determinado quién es responsable del retraso y si concurren causas imputables al concesionario; si se han formulado requerimientos, abierto expedientes o aplicado medidas para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales; qué consecuencias económicas y administrativas tendría una eventual resolución, incluida la ejecución de la garantía y el destino posterior de la parcela.

Interés público

Para IU mantener la situación indefinidamente sin adoptar medidas podría comprometer la defensa del interés público, advirtiendo que el caso amerita estudiar las consecuencias del posible rescate de la concesión.

La sombra del Puerto de la Bajadilla

IU compara el caso con el proyecto de ampliación del Puerto de la Bajadilla, vinculado en su momento al jeque Al-Thani, y advierte del riesgo de repetir una operación en la que las expectativas de inversión privada no terminaron materializándose como se esperaba.

Manuel Núñez ha dicho que el capital privado puede aportar recursos y capacidad de ejecución, pero lo que no se debe sustituir es la obligación del poder público de supervisar, exigir plazos, comprobar garantías y disponer de una alternativa cuando el proyecto se bloquea.

El rescate

La denuncia realizada ha abierto un buen número de preguntas, entre ellas la capacidad económica autonómica, estatal o de Marbella para asumir esa inversión sin comprometer otras prioridades.