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Críticas a Francia por las sanciones antes, durante y, después de la pandemia

 



Latinpress.es 29 / 9 / 2020.
Según Amnistía Internacional (AI) miles de personas que se manifestaban pacíficamente se han visto afectadas por las draconianas medidas contra las manifestaciones aplicadas en Francia por las autoridades, que hacen un uso indebido de la ley para detener arbitrariamente y enjuiciar a personas que no han cometido ningún acto violento.

El informe documenta cómo la prohibición general de protestas decretada tras el confinamiento por la COVID-19 fue desproporcionada y desembocó en la imposición injustificada de cientos de multas.

Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional para Europa ha asegurado que las desproporcionadas restricciones de las protestas en Francia después del confinamiento son una continuación de una preocupante constante en la que la policía y el sistema de justicia atacan a manifestantes pacíficos.

Detener a personas por soltar globos o llevar pancartas tiene un profundo efecto disuasorio en protestas legítimas, declaró Perolini.

La organización denuncia que miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pacíficas que no deberían considerarse delito.

En los últimos años, se ha producido en Francia un aumento considerable de movimientos de protesta de ámbito nacional: desde los Chalecos Amarillos (Gilets Jaunes) a las manifestaciones en las que se piden medidas contra la emergencia climática, pasando por las que reclaman justicia social y las convocadas contra la impunidad policial y el racismo celebradas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Entre noviembre de 2018 y julio de 2019, se ordenó la prisión preventiva de 11.203 manifestantes del movimiento Chalecos Amarillos, detenidos y enjuiciados por actividades que no deberían constituir delito. En 2018 y 2019, más de 40.000 personas, manifestantes incluidos, fueron declaradas culpables en aplicación de unas leyes poco precisas que criminalizan el desacato a funcionarios públicos.

En 2019, 20.280 personas, manifestantes entre ellas, fueron declaradas culpables de “desacato a funcionarios públicos”. Este delito abarca todo lo que se considere que “afecta a la dignidad personal o al respeto debido a un funcionario público” y es punible con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 15.000 euros.

Confusión sobre el uso de prendas que cubren la cara


Ante el fuerte aumento del uso de gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de gas lacrimógeno por la policía, quienes se manifiestan recurren cada vez más al uso de máscaras, cascos y gafas de protección.

En abril de 2019 se introdujo la prohibición general de llevar la cara tapada en las protestas bajo multa de hasta 15.000 euros y penas de hasta un año de cárcel. Entre abril y octubre de 2019, 210 personas fueron sometidas a detención preventiva en aplicación de esta prohibición. En 2019, 41 manifestantes fueron declarados culpables de este delito.

Este delito permite a las autoridades detener y juzgar a personas, no por lo que han hecho, sino por lo que las autoridades creen que podrían hacer en el futuro. También se ha detenido y juzgado a manifestantes sólo por llevar gafas de protección o máscaras para protegerse del gas lacrimógeno y las balas de goma.

Las detenciones y enjuiciamientos han tenido un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de reunión pacífica en Francia.

“Resulta irónico que un país con una tradición tan larga y orgullosa de acción colectiva por el cambio social esté criminalizando de este modo las protestas.

Tres años después de que Emmanuel Macron hiciera la promesa electoral de proteger el derecho de reunión pacífica, las protestas pacíficas sufren un ataque sin precedentes”, concluyó Marco Perolini.


 
 

 

 

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