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2009-2018. La década perdida en la Sanidad española

 



Latinpress.es 15 / 7 / 2020.
Amnistía Internacional (AI) presentó hoy un mapa de las políticas de austeridad por comunidades autónomas (España) para denunciar cómo los últimos años representan una década perdida (entre 2009 y 2018, último año con datos oficiales) en términos de inversión para la sanidad, en valor real (sin tener en cuenta la inflación) en España.

Tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario, y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, se sigue sin recuperar la inversión sanitaria pública de hace diez años.

Según la organización, el derecho a la salud está en riesgo en España porque se ha  provocado un deterioro en la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria, generando mucho sufrimiento especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores.

Aunque en los últimos diez años España ha incrementado su riqueza (el producto interior bruto) en un 8,6%, eso no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino todo lo contrario: éste se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%.

La inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%, por comunidades, solo Islas Baleares recupera la inversión sanitaria pública de 2009 y las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo son: Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña.

El porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017.

Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.

En un contexto como el que nos encontramos esto parece más grave, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Otra de las cifras alarmantes que denuncia la organización es que entre el 2009 y 2018 el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5%, lo que supone que el Estado, en 2018, se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década.

En dinero corriente, España dedica 2.221,11€ por habitante. Si comparamos la inversión sanitaria por habitante con el resto de países de Europa en el año 2017, se encuentra en una posición intermedia, con países que destinan más de 5.000 euros por habitante, como Suecia (5.206€), Dinamarca (5.134 €), Luxemburgo (5.082€) y Alemania (4.459€) y otros que destinan menos de 1.000€ por habitante, como Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía.

Durante el mismo periodo Suecia ha incrementado la inversión en un 74,78%, Estonia con un 66,18%, Lituania en un 53,78%, Alemania en un 33,26%, Austria en un 23,82% y Finlandia en un 24,29%.

Los recortes han provocado desigualdad, enfermedades, sufrimiento y muertes, parece que ahora hemos empatizado con los enfermos y fallecidos por COVID. Pero hay que empatizar también con el desamparo que sufre un paciente de hepatitis C al que se le deniega un tratamiento o un enfermo que tiene que esperar meses para ir a un especialista. Para que esto no vuelva a pasar es importante defender un sistema de sanidad pública, universal y de calidad", asegura Loly, enfermera de atención primaria en Madrid.

La gran olvidada

La atención primaria, fundamental en un sistema de salud y esencial para afrontar una crisis sanitaria como la pandemia del coronavirus, ha sido una de las áreas más perjudicadas.

La inversión en este tipo de servicio, que es la puerta de entrada al sistema público de salud y la única a la que muchos pacientes acuden, se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3% de 2009.

Tampoco la ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1.000 habitantes ha variado prácticamente, sino que se mantiene igual al año 2009.


Aragón y Cataluña son las comunidades que más han reducido su inversión en atención primaria. Solo Murcia ha aumentado su porcentaje en un 6,92% desde 2009.

El orgullo de un sistema que se estanca

En diez años, las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado. El personal médico de atención primaria por habitante a nivel estatal ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, aumentado apenas en 0,03.

Por comunidades, preocupa que Islas Baleares y Madrid incluso han reducido esa ratio, a pesar de que España está por debajo de la media europea y alejada de países como Portugal, el país con mejor ratio con un 2,6, Irlanda (1,82), Países Bajos (1,6), Austria (1,56) y Francia (1,42). Solo se sitúa por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria.

En cuanto a la ratio de personal de enfermería, ha aumentado levemente, pasando de un 0,61 en 2009 a 0,66 en 2018. También en este caso son las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid las que la han reducido; y Canarias y La Rioja las que han mostrado incrementos acercándose a la ratio de 0.30.

Según Pedro, un médico de atención en Madrid, España tiene personal insuficiente, muy por debajo de lo que se espera de un país como este, medios insuficientes y un presupuesto menguante. Este es el contexto en el que aparece la pandemia, dijo el médico, añadiendo que hace diez años les sustituían las ausencias por baja, permisos vacacionales, incluso en zonas de costa había refuerzo. Ahora no.

Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña en la que lleva más de 85.000 firmas recogidas para exigir la protección del personal sanitario y que se destinen más recursos para la sanidad pública, en primera línea frente a la crisis del coronavirus.


 
 

 

 

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