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Irán: Latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas

 



Latinpress.es 2 / 9 / 2020.
Amnistía Internacional acaba de denunciar la complicidad de jueces, fiscales, la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones iraníes, en cometer violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos contra personas detenidas en relación con las manifestaciones que barrieron el país en noviembre de 2019.

En el informe, titulado Trampled Humanity: Mass arrests, disappearances, se documentan los relatos de decenas de manifestantes, transeúntes y otras personas que fueron detenidas violentamente, sometidas a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, desprovistas sistemáticamente de acceso a asistencia jurídica durante los interrogatorios, y torturadas reiteradamente para hacerlas “confesar”.

Son los relatos de algunas de las 7.000 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) detenidas por las autoridades iraníes en cuestión de días durante su brutal represión de las manifestaciones.

Hay niños y niñas de tan sólo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica, personas que defienden los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, periodistas y personas que participaron en ceremonias en memoria de quienes habían muerto durante las protestas.

Desde entonces, cientos de personas han sido condenadas a penas de prisión y flagelación y varias más a muerte.

La ONG denuncia juicios injustos presididos por jueces parciales y celebrados a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se basaban sistemáticamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Diana Eltahawy, directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, ha afirmado que hay un repertorio de violaciones no visibles contra las personas detenidas y sus familias perpetrado por las autoridades iraníes lejos del escrutinio público. En lugar de investigar las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y otros delitos cometidos contras las personas detenidas, los fiscales de Irán se convirtieron en cómplices de la campaña de represión al presentar cargos relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, mientras los jueces imponían sentencias condenatorias basadas en confesiones obtenidas mediante tortura.

Esta sucesión de delitos y violaciones de derechos ha venido acompañada de una ola de ‘confesiones’ forzadas televisadas en vídeos propagandísticos oficiales y declaraciones grotescas de altos cargos que elogiaban a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad calificándolos de héroes por su papel en la brutal represión.

Las penas de prisión impuestas a las personas condenadas oscilan entre un mes y 10 años de cárcel, por cargos relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difundir propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público” e “insultos al Líder Supremo”.

De las personas condenadas, al menos tres, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por actos de vandalismo, y otro hombre, Hossein Reyhani, está en espera de juicio por un delito punible con la muerte.

Según la investigación llevada a cabo por la organización, con frecuencia a las víctimas las encapuchaban o les vendaban los ojos, les daban puñetazos, patadas y latigazos, las golpeaban con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables, las colgaban de ganchos o las obligaban a permanecer en dolorosas posturas en tensión durante periodos prolongados, las privaban de alimentos suficientes y de agua potable, las recluían en régimen de aislamiento prolongado, a veces durante semanas o incluso meses, y les negaban la atención médica por heridas recibidas durante las protestas o a causa de las torturas.

Otros métodos documentados de tortura consistían en desnudar a las personas detenidas y mojarlas con agua fría, someterlas a temperaturas extremas y a bombardeos de luz o acústicos, arrancarles las uñas de las manos y los pies, rociarlas con aerosoles de pimienta, administrarles forzosamente sustancias químicas, aplicarles descargas eléctricas, someterlas a simulacros de ahogamiento y realizar simulacros de ejecución.

Además, según la información recibida por Amnistía Internacional de fuentes primarias, las personas encargadas de los interrogatorios y los funcionarios de prisiones cometieron actos de violencia sexual contra detenidos varones; entre otras cosas, los obligaron a desnudarse, les dirigieron insultos de carácter sexual, les rociaron con aerosoles de pimienta en la zona genital y les aplicaron descargas eléctricas en los testículos.

En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las víctimas denunciaron diversas formas de tortura psicológica destinadas a hacerlas “confesar”, como el uso de insultos degradantes y obscenidades, intimidación y acoso a los miembros de sus familias, amenazas de detener, torturar, matar o dañar de otro modo a sus familiares, entre ellos padres de avanzada edad o cónyuges, y amenazas de violaciones a las personas detenidas o a las mujeres de su familia.

Desapariciones forzadas


Muchas personas detenidas fueron sometidas a desaparición forzada durante semanas o incluso meses en los que estuvieron recluidas en lugares desconocidos dirigidos por los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad, entre ellos, el Ministerio de Inteligencia o la Guardia Revolucionaria. Otras personas detenidas estuvieron recluidas en prisiones o comisarías de policía, cuarteles militares, recintos deportivos y escuelas, todos ellos masificados.

Metodología


La investigación llevada a cabo por la organización ha incluido entrevistas en profundidad con 60 víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos o con sus familiares o conocidos cercanos; ha incluido también entrevistas con dos manifestantes que vivían escondidos y con otras 14 personas que tenían información, así como información recibida por escrito de varios cientos de personas más en el país, y análisis de imágenes de vídeo, declaraciones oficiales y documentos judiciales.


 
 

 

 

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