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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress®. 7 / 7 / 2020. Fabrizio Reyes De Luca

   

Servidores públicos: prohibiciones y responsabilidades

 

Resulta más que evidente que cuando se designa a una persona para desempeñar una determinada función en nombre del Estado, a ésta no se le entrega “patente de corso”, por decirlo así, ni una licencia para hacer todo cuanto se le ocurra, pues esa sagrada función que asume, ha de ser realizada dentro de los límites que la propia ley establece, de tal manera que está obligado, desde el punto de vista constitucional y legal, a ceñir sus actuaciones dentro de los límites que le son fijados, los que a su vez sirven o pretenden servir de muro de contención para la arbitrariedad, de freno a la ilegalidad.

Así debe ser, pues de no ser el caso, podría eventualmente quien recibe una designación, creerse que no existen límites para él y que, por ende, puede hacer lo que considere, sin necesidad de ajustar sus actuaciones dentro del marco de la ley. 

La Ley Orgánica de Servicio Público, estipula que a los servidores públicos les está prohibido incurrir en actos “que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes”, estableciendo de manera puntual ciertas prohibiciones, aunque el indicado catálogo queda abierto, toda vez que se consagra como una prohibición propiamente “incurrir en las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria”.

Dentro de las prohibiciones, se destaca la que señala como un impedimento para quien se desempeñe como servidor público: “solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su cargo”.

La legislación aludida, dispone además que está prohibido a todo servidor público: “solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los mismos”. 

La ley que regula las actividades de los servidores públicos, ha creado toda una ristra de prohibiciones para los que ocupen una determinada función pública, en aras de establecer los límites de sus actuaciones, además de señalar las sanciones en las que puede incurrir, quien se coloque de espalda a las mismas, pues igualmente trae consigo un régimen disciplinario, estableciendo a su vez una gradualidad en las faltas y las sanciones previstas, de acuerdo a la falta de que se trate.

Esas faltas se clasifican en tres grados, disponiendo que las primeras se sancionarán con una amonestación escrita, en tanto que las segundas, darán lugar a la suspensión sin disfrute de sueldo y las terceras, darán lugar a la destitución.

En el caso de la suspensión sin disfrute de sueldo establecida para las faltas de segundo grado, manifiesto mi desacuerdo, toda vez que lesiona derechos fundamentales, llevándose de paso la presunción de inocencia y lacerando consiguientemente el debido proceso, que consagra nuestra Carta Magna.

Con todo esto queda claramente consignado, que la ley exige una conducta intachable de quien desempeñe una función en nombre del Estado, como una manera de garantizar un ejercicio lo más ético posible, procurando que todo servidor público actúe en acatamiento irrestricto a las disposiciones establecidas, correspondiendo al Estado, a través de sus instituciones, velar por su cumplimiento y procurar las sanciones correspondientes en caso de violación.

Así las cosas, debemos estar de acuerdo con las prohibiciones, no sólo porque estemos obligados por la ley, sino porque entendemos que es lo prudente y aconsejable, pues comprendemos que ciertamente, no se le entrega a ese servidor público una carta abierta, para hacer cuanto le venga en gana, sino que sus actuaciones deben y tienen que estar ceñidas a lo establecido en la ley, si es que aspiramos a vivir en una sociedad donde se respeten estrictamente, la Constitución y las leyes de la República.

En lo que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos, debo mencionar, que siempre me he identificado con la frase que se le atribuye al físico judío-alemán, Albert Einstein, en el sentido de que: “educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única”. Igualmente, sostengo que lo más importante no es lo que digamos, sino lo que hagamos, pues por más que hablemos, serán finalmente nuestras acciones, las que hablarán por nosotros.

En ese sentido, creo firmemente que todo aquel que realiza una determinada función, en nombre del Estado, asume un compromiso sagrado que debe honrar fielmente; al menos esa es su responsabilidad. 

Corresponde al Estado mismo, a través de sus instituciones, establecer las sanciones legales correspondientes cuando esto no ocurra, de tal manera, que sirva de señal a los demás, y sepan que existe un régimen de consecuencias que caerá sobe ellos en caso de deshonrar la función pública, que le ha sido encomendada.

Así las cosas, voy a discurrir, a groso modo, sobre la figura del servidor público, entendido este como “quien desempeña profesionalmente un empleo público”, persona que “realiza funciones públicas y que está al servicio del Estado, por haberse incorporado voluntariamente en la estructura orgánica del mismo”; es decir, me referiré al servidor público, como la persona que “participa en la administración pública o de gobierno; y accede a su condición a través de elección, selección o nombramiento”.

En el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público, surgió por la necesidad de adecuación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, bajo el fundamento de que la misma demandaba, de la incorporación en su contenido de modernos paradigmas jurídicos y administrativos de gestión del talento humano, que propicien la rectificación y adecuación de los conceptos y principios instituidos en su concepción original.

Fue así entonces, que se estableció en la nueva legislación un conjunto de principios fundamentales, dentro de los cuales se coloca en un primer plano el mérito personal, disponiendo válidamente que tanto el ingreso a la función pública de carrera, como su ascenso dentro de ésta, debe basarse en el mérito personal del ciudadano, demostrado en concursos internos y externos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación.

Cabe preguntar aquí, si se está cumpliendo fielmente con estos postulados, pues me atemoriza que muchos -con razón o sin ella- puedan pensar lo contrario, además de que eso podría desvirtuar el alcance de este marco legal, el cual consiste en señalar, cuáles son las responsabilidades que asume quien ocupa una función pública.

Conviene destacar entonces, que el perfil que trajo consigo la nueva legislación, exige al servidor público, que ciña sus actuaciones dentro del marco de la ética y la disciplina.

Esos principios rectores, consisten en que éstos modelen y evidencien en sus actuaciones cortesía, decoro, discreción, disciplina, honestidad, ética, lealtad, probidad, pulcritud; y, por último, pero no menos importante, la vocación de servicio, la cual se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a las tareas asignadas e implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados.

En esas atenciones, todo servidor público -independientemente de quien se trate- que se aparte de estos principios rectores, deviene indefectiblemente en deficiente, y en tanto lo es, hace un flaco servicio al país, pues deshonra la función pública que le ha sido asignada.

Por eso, tal y como he indicado y que vale la pena reiterar, grandes son las responsabilidades que asume quien ocupa un cargo público, pues es su obligación -no sólo legal sino moral- honrar fielmente las funciones que, en nombre del Estado, le han sido delegadas.

Queda claro, entonces, que cuando esto no es cumplido, lo que obviamente procede es su destitución -si es de elección, selección o nombramiento-; obviamente, si más allá de su negligencia, ha habido en sus actuaciones acciones indecorosas, igualmente procede su sometimiento a la acción de la justicia para que como he dicho, el régimen de consecuencias cumpla su finalidad, y en este caso, igualmente procede en contra de aquellos servidores públicos de elección popular.

En consecuencia, corresponde a todo ciudadano correcto, vigilar las actuaciones de quienes están llamados a representarlos, para que -lejos de convertirse en aduladores y justificadores de todo lo mal hecho- más bien les exijan a sus representantes, que cumplan con sus responsabilidades, o que, en su defecto, hagan presión sobre quien los designa para su destitución, forzando consiguientemente a que las instituciones llamadas a su sometimiento jueguen su papel, de tal manera que, agotado el debido proceso, cada cual responda ante el país por sus actuaciones y omisiones.


La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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