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Acusan a Filipinas de ejecuciones extrajudiciales

 



Latinpress.es 26 / 9 / 2020.
Amnistía Internacional (AI), en un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, ha vuelto a acusar a la administración del presidente filipino Rodrigo Duterte, de seguir instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y, alimentar un clima de impunidad casi total.

El informe, “My Job is to Kill”: Ongoing human rights violations and impunity in the Philippines, se publica cuando el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU estudia su respuesta a un reciente informe de la ONU sobre la crisis de derechos humanos del país.

En cuatro años de presidencia, Duterte ha convertido Filipinas en un baño de sangre donde la policía y miembros no identificados de grupos parapoliciales tienen libertad para matar todo lo que quieren, afirmó Rachel Chhoa-Howard, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.

La investigadora subraya que esto no es una consecuencia accidental de su administración, sino su característica central; la policía y otros hombres armados no identificados saben que pueden matar sin consecuencias. Toman al pie de la letra la periódica incitación del presidente a matar y sus promesas de proteger a quienes matan.

Se sigue matando a presuntos autores de delitos de drogas, los atentados, a menudo mortales, contra activistas y personas que defienden los derechos humanos a quienes se acusa de tener relación con el movimiento comunista han aumentado considerablemente y son cada vez más audaces. Mientras tanto, la cifra de ataques contra medios de comunicación es la peor en décadas.

Ejecuciones extrajudiciales


La mayoría de las víctimas continúan procediendo de comunidades pobres y marginadas, los homicidios son encubiertos con informes falsificados, y las afligidas familias expresan una y otra vez su indefensión ante los abrumadores obstáculos que se encuentran en su búsqueda de justicia.

En un caso que se examina en el informe, varias personas que presenciaron el homicidio de Kim Lester Ramos en octubre de 2019 contaron a Amnistía Internacional una secuencia de sucesos que difería de forma significativa del relato y las fotografías del informe policial.

Un sobreviviente, que dijo que era el blanco inicial y que también fue tiroteado, contó que Kim Lester Ramos fue abatido a quemarropa cuando buscaba ayuda para su amigo herido. Según testigos presenciales, Ramos iba desarmado y posteriormente le pusieron una pistola en la mano y cambiaron la postura del cuerpo para justificar la alegación de defensa propia de un policía.

Homicidios en el contexto de la pandemia


El análisis de los datos del gobierno realizado por Human Rights Watch revela que los homicidios en operaciones policiales contra la droga han aumentado un 50% durante la pandemia. Según estos datos, la policía mató a 155 personas entre abril y julio de 2020, frente a 103 entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

En agosto de 2020, el presidente aprovechó un discurso para ordenar a la Oficina de Aduanas “matar a traficantes de drogas” y dijo que protegería a sus agentes de la cárcel, al mismo tiempo que declaraba que había aprobado la solicitud de la agencia de comprar armas de fuego. También se burló de las organizaciones de derechos humanos: “Esta gente de los derechos humanos es muy tímida. ¿A qué se dedican? ¿A contar los muertos?
Bastardos, deberían cambiar de trabajo, no en derechos humanos. Trabajen en las morgues si eso es lo único que hacen”.

Aparte de los homicidios a manos de la policía, han continuado las ejecuciones a cargo de asaltantes a bordo de motocicletas, homicidios a manos de personas armadas no identificadas relacionados una y otra vez con la policía.

En un reciente y atroz ejemplo, el 17 de agosto de 2020, la activista y defensora de los derechos humanos de Negros Zara Alvarez, a quien Amnistía Internacional había entrevistado en diciembre de 2019, fue abatida a tiros por una persona no identificada en la ciudad de Bacolod. Alvarez había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. Una semana antes, el 10 de agosto, fue asesinado el activista y defensor de la paz Randall Echanis junto con un vecino.

Tanto Alvarez como Echanis habían sido “etiquetados como rojos” (comunistas) e incluidos en una lista arbitraria de “terroristas” elaborada por el Departamento de Justicia y presentada ante un tribunal filipino.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó al menos 248 defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019 en Filipinas.

Ataques contra periodistas


Nonoy Espina, presidente nacional del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, dijo a Amnistía Internacional que desde “la dictadura de Marcos, los medios de comunicación y la libertad de prensa y de expresión no han sido tan atacados” como en la actualidad.

La noche del 5 de mayo de 2020, el periodista radiofónico Cornelio “Rex Cornelio” Pepino fue asesinado en la ciudad de Dumaguete, provincia de Negros Oriental, convirtiéndose en el decimosexto periodista asesinado durante el gobierno de Duterte.

Según los medios de comunicación, Pepino volvía a casa del trabajo en motocicleta con su esposa cuando dos hombres no identificados que iban también a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces y lo mataron. La emisora de radio en la que trabajaba Pepino dijo que era un comentarista radiofónico “contundente” que expresaba en su programa diario sus posturas contra la minería ilegal, la corrupción, los sobornos y la mala gobernanza.


 
 

 

 

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