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La violencia policial de Estados Unidos contra las protestas de Black Lives Matter

 



Latinpress.es 24 / 6/ 2020.
En todo Estados Unidos, las fuerzas policiales han cometido de manera generalizada violaciones de derechos humanos contra personas que se manifestaban en contra de los homicidios ilegítimos de personas negras y en favor de una reforma de la policía, ha manifestado Amnistía Internacional (AI).

La organización ha documentado 125 casos distintos de violencia policial contra manifestantes, ocurridos en 40 estados y el Distrito de Columbia entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020.

El análisis muestra que los agentes encargados de hacer cumplir la ley violaron a diario los derechos humanos en la calle, en vez de cumplir con su obligación de respetar y facilitar el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente.

Este uso ilegítimo de la fuerza incluyó palizas, empleo indebido de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta, y disparos injustificados con proyectiles menos letales, como granadas de esponja y balas de goma. Los abusos fueron obra de diversas fuerzas de seguridad, desde departamentos locales de policía, hasta organismos federales y la Guardia Nacional.

Para Brian Castner, asesor general de Amnistía Internacional,  no es momento de poner parches y excusas por unas cuantas ‘manzanas podridas’.

El experto asegura que se necesita es una reforma sistémica y en profundidad de la actuación policial en Estados Unidos. Las comunidades no deben vivir con el temor de sufrir daños a manos de los mismos agentes que se han comprometido bajo juramento a protegerlas.

El proyecto Evidence Lab de AI ha recopilado casi 500 vídeos y fotografías de protestas publicados en plataformas de redes sociales.

Violencia policial en decenas de estados


Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto una abrumadora variedad de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales en todo Estados Unidos, concretamente en el 80% de los estados del país.

El 30 de mayo, un patrulla de policía de Mineápolis y personal de la Guardia Nacional de Minnesota dispararon ilegítimamente proyectiles de impacto de 37/40 mm fabricados en Estados Unidos contra personas que se encontraban en actitud pacífica en el porche de sus casas. Al ver que las grababan con sus teléfonos móviles, estas fuerzas comenzaron a disparar contra ellas al grito de “adentro” y “abran fuego”.

El 1 de junio, personal de seguridad de varios organismos federales, incluidas la Policía de Parques y la Oficina de Prisiones, así como personal de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, en la plaza Lafayette de Washington, D.C., lanzó granadas Stinger Ball de fabricación estadounidense, que contienen gas pimienta y tienen al explotar un efecto “cegador” conmocionante, lanzando indiscriminadamente pelotas de goma en todas direcciones.

También el 1 de junio, en el centro de Filadelfia, la policía estatal y municipal utilizó grandes cantidades de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta para desalojar a personas que se manifestaban pacíficamente en la autopista de la calle Vine.

Las violaciones de derechos humanos no se cometieron sólo en grandes ciudades.

La policía local utilizó injustificadamente gas lacrimógeno contra protestas pacíficas en Louisville, Kentucky; Murfreesboro, Tennessee; Sioux Falls, Dakota del Sur, y Albuquerque, Nuevo México, entre otras localidades. Y en Fort Waynne, Indiana, el 30 de mayo, un periodista local perdió un ojo al dispararle la policía una granada de gas lacrimógeno en la cara.

La reforma


En una orden ejecutiva emitida el 16 de junio, el presidente Trump preconizó crear incentivos para limitar el uso de llaves de asfixia y estrangulamiento como la que mató a George Floyd en Mineápolis el mes pasado, así como una base nacional de datos sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía.

Asimismo, algunas fuerzas policiales estatales y municipales han emprendido reformas parciales de ámbito local desde que comenzaron las protestas, entre ellas la suspensión del uso de algunas armas para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno. En Mineápolis, el Ayuntamiento ha prometido por mayoría disolver la fuerza de policía y sustituirla por instituciones de seguridad pública más eficaces.


 
 

 

 

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