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La violencia de grupos armados ilegales contra población civil en Colombia

 



Latinpress.es 21 / 6/ 2020.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó el pasado viernes 19, ante el Consejo Permanente de la Organización su vigésimo octavo informe semestral, en el que da cuenta de los altos niveles de hostilidad que, durante el segundo semestre de 2019, los grupos armados ilegales ejercieron contra comunidades y liderazgos sociales.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, señaló que “alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, que generan profundos impactos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

En 1.200 misiones de monitoreo, la MAPP/OEA constató que la continuidad en las acciones de expansión y control territorial de los grupos armados ilegales generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico Nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

La Misión de la OEA también advierte sobre las amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra liderazgos comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

El informe señala que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen configurándose como escenarios de riesgo en el país.

Además, llama la atención sobre graves afectaciones contra excombatientes en proceso de reincorporación.

Desde el semestre anterior, la Misión asegura haber observado la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones e incentivos de grupos armados ilegales, desafíos frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria.


 
 

 

 

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