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LatinPress®. 14 / 12 / 2017. LatinPress.es
   

Venta de Migrantes en Libia.

 

Latinpress. 14 / 12 /2017. Los gobiernos europeos están siendo cómplices, a sabiendas, en la tortura y los abusos cometidos contra decenas de miles de personas refugiadas y migrantes detenidas en condiciones atroces en Libia por las autoridades de inmigración libias, así lo ha manifestado Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado tras la indignación mundial desatada por la venta de migrantes en Libia.

El informe, Libya’s dark web of collusion, expone con detalle la manera en que los gobiernos europeos apoyan activamente el sofisticado sistema de abusos y explotación de personas refugiadas y migrantes utilizado por la Guardia Costera libia, las autoridades encargadas de la detención y los traficantes de personas para impedir que la gente cruce el Mediterráneo.

Los cientos de miles de personas refugiadas y migrantes en Libia están a merced de las autoridades libias, las milicias, los grupos armados y los traficantes de personas que a menudo trabajan en estrecha colaboración.

John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa ha declarado que los gobiernos europeos no sólo son plenamente conscientes de estos abusos; además, al apoyar activamente a las autoridades libias para que detengan las travesías por mar y retengan a la gente en Libia, son cómplices de estos delitos.

Desde finales de 2016, algunos Estados miembros de la UE —especialmente Italia— han puesto en práctica una serie de medidas destinadas a cerrar la ruta migratoria a través de Libia y del Mediterráneo central, sin importarles las consecuencias para las personas atrapadas dentro de las fronteras libias.

La cooperación de estos Estados con los agentes libios ha tenido un triple enfoque:

  1. Se han comprometido a proporcionar apoyo y asistencia técnicos al Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal libio, que gestiona los centros de detención en los que las personas refugiadas y migrantes son detenidas y sufren habitualmente graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura.
  2. Han posibilitado que la Guardia Costera libia intercepte a personas en el mar, proporcionándole formación, material (incluidos barcos) y asistencia técnica y de otro tipo.
  3. Han alcanzado acuerdos con las autoridades locales libias y los líderes de tribus y grupos armados para animarlos a detener el tráfico de personas e incrementar los controles fronterizos en el sur del país.


La penalización, establecida en la legislación libia, de la entrada irregular en Libia, unida a la ausencia de toda legislación o infraestructura para la protección de las personas solicitantes de asilo y víctimas de tráfico de seres humanos, ha provocado que la detención masiva, arbitraria e indefinida se convierta en el principal sistema de gestión de la migración en el país.


Los refugiados y migrantes interceptados por la Guardia Costera libia son enviados a centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal, donde soportan tratos espantosos.

En la actualidad, hasta 20.000 personas permanecen retenidas en estos insalubres centros, llenos por encima de su capacidad.

Amnistía Internacional asegura de la existencia de tortura, trabajos forzados, extorsión y homicidios ilegítimos, a manos tanto de las autoridades como de los traficantes, los grupos armados y las milicias.

Decenas de personas migrantes y refugiadas entrevistadas describieron el desmoralizador círculo de explotación al que las condena la connivencia entre guardias, traficantes y la Guardia Costera libia. Los guardias de los centros de detención las torturan para obtener de ellas dinero mediante extorsión. Si pueden pagar, son puestas en libertad. También pueden ser entregadas a traficantes de seres humanos que pueden organizar su salida de Libia en cooperación con la Guardia Costera.

Los acuerdos entre la Guardia Costera y los traficantes se señalan mediante marcas en las embarcaciones para que éstas puedan cruzar las aguas libias sin que las intercepten, y también se ha sabido que la Guardia Costera ha escoltado embarcaciones hasta aguas internacionales.

Durante 2016 y 2017, el aumento de la capacidad de la Guardia Costera, logrado con el apoyo de los Estados miembros de la UE, ha dado lugar a un número cada vez mayor de operaciones en las que se devuelve a personas migrantes a Libia. En lo que va de 2017, 19.452 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera libia, llevadas de vuelta a Libia y conducidas de inmediato a centros de detención donde impera la tortura.

Se sabe que los agentes de la Guardia Costera libia actúan en connivencia con redes de tráfico de seres humanos y han utilizado amenazas y violencia contra personas refugiadas y migrantes a bordo de embarcaciones en peligro.

Las grabaciones de vídeo, las fotografías y los documentos examinados por Amnistía Internacional señalan que la Ras Jadir, una embarcación donada por Italia en abril de 2017, fue utilizada por la Guardia Costera libia durante un incidente espantoso el 6 de noviembre de 2017, en el que las imprudentes acciones de los guardacostas contribuyeron a que se ahogaran hasta 50 personas.

Haciendo caso omiso de los protocolos básicos de seguridad, la Ras Jadir se acercó a una barca hinchable que se hundía a unas 30 millas náuticas de la costa de Libia. Como no desplegó su bote inflable rígido (conocido como RHIB, por sus siglas en inglés) para facilitar el rescate, las personas migrantes se vieron obligadas a trepar por los altos costados de la embarcación, y muchas cayeron al agua.

Una nave de una ONG que se encontraba en las cercanías, la Sea-Watch 3, desplegó sus propios RHIB para tratar de salvar a gente, pero las grabaciones de vídeo muestran a los tripulantes de la Ras Jadir arrojando objetos a esos RHIB para hacer que se alejaran.

Al final de septiembre de 2017, la OIM había identificado 416.556 personas migrantes en Libia, de las que más del 60% proceden del África subsahariana, el 32% de otros países del norte de África, y en torno al 7% de Asia y Oriente Medio. Las cifras del ACNUR muestran que en Libia había 44.306 personas registradas como refugiadas o solicitantes de asilo a 1 de diciembre de 2017.

   
 
 





 
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