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LatinPress®. 26 / 10 / 2018. LatinPress.es
   

En Turquía hay 130.000 trabajadores depurados

 


Agencias. Recep Tayyip Erdoğan

Latinpress. 26 / 10 / 2018.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional ha confirmado que a más de dos años después de ser despedidos arbitrariamente, casi 130.000 trabajadores y trabajadoras del sector público de Turquía siguen esperando que se haga justicia.


El informe Purged beyond return? No remedy for Turkey’s dismissed public sector workers revela que profesionales de la medicina, agentes de policía, profesores, académicos y académicas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público, despedidos por presuntos “lazos con grupos terroristas”, no han sido readmitidos o indemnizados, mientras la Comisión creada para revisar las decisiones de destitución es lamentablemente inadecuada para este propósito.


Andrew Gardner, director de Estrategia e Investigación sobre Turquía de Amnistía Internacional ha dicho que esas personas han sido etiquetadas de ‘terroristas’, despojándoseles de sus medios de vida y, que a pesar de la clara naturaleza arbitraria de estos despidos, la Comisión responsable de revisar las decisiones no respeta las normas internacionales y está actuando de hecho para dar el visto bueno a unas decisiones iniciales injustas.

En aplicación del estado de excepción impuesto en Turquía tras el intento de golpe de Estado de 2016, estas casi 130.000 personas del sector público fueron despedidas por medio de decretos ejecutivos.


Algunas razones esgrimidas para —y legales en ese momento— justificar los despidos y las decisiones de prohibir que esas personas puedan trabajar en el sector público o en su profesión han sido el tener depósitos de dinero en determinados bancos, pertenecer a ciertos sindicatos, o el que las autoridades hayan podido descargar una aplicación como prueba de los “lazos” con grupos “terroristas”, sin que haya nada más que demuestre la existencia de esa relación.


En enero de 2017, tras la creciente presión política, el gobierno turco estableció una “Comisión de Investigación sobre el Estado de Excepción” para revisar las decisiones de destitución tomadas mediante los decretos ejecutivos. A 5 de octubre de 2018, de las aproximadamente 125.000 solicitudes presentadas por personas afectadas por los despidos, la Comisión había adoptado decisiones en sólo 36.000 casos. De ellas, se ha revocado la decisión original en menos del 7% (2.300) de los casos.


El informe, que contiene una revisión de los procedimientos de la Comisión y de 109 de sus decisiones, así como entrevistas con 21 personas despedidas y sus familias, revela que la Comisión no se ha establecido para proporcionar un recurso efectivo, entre sus numerosas deficiencias figuran la falta de independencia institucional, largos periodos de espera, inexistencia de salvaguardias que permitan que las personas afectadas rebatan efectivamente las acusaciones y la precariedad de las pruebas citadas en las decisiones que confirman los despidos.


Para conocer las conclusiones de las decisiones de la Comisión las personas solicitantes han tenido que esperar más de siete meses tras el despido, en el mejor de los casos, y 21 meses en el peor. Un maestro cuyo recurso contra su despido por depositar dinero en el banco Asya, entonces controlado por el gobierno, fue desestimado por la Comisión, dijo a Amnistía Internacional.

La esposa de un funcionario despedido contó a Amnistía Internacional: “No se revelaron los motivos del despido y no nos dieron la más mínima oportunidad para presentar un recurso efectivo. Presentamos un recurso sin saber contra qué estábamos recurriendo exactamente”.


Los trabajadores y trabajadoras del sector público que tuvieron la suerte de ser readmitidos suelen estar en un puesto sensiblemente peor que el que ocupaban antes de su despido. Un funcionario readmitido contó a Amnistía Internacional que le habían quitado el derecho a reclamar una indemnización ante los tribunales.


Aunque ya se ha levantado el estado de excepción en Turquía, en julio de 2018 se aprobó una nueva ley que permite durante tres años más el despido sumario de trabajadores y trabajadoras del sector público de quienes se considere que tienen lazos con organizaciones “terroristas” o con otros grupos que representen una amenaza para la seguridad nacional.
 
Turquía forma parte del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege de los despidos arbitrarios sin el debido proceso. Entre las garantías que contiene el Convenio figuran la prohibición de la terminación del trabajo por motivos distintos de los legítimos relacionados con la capacidad o la conducta del trabajador o trabajadora y la exigencia de que no se produzca la terminación sin dar primero a la persona afectada la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra ella.


Lea el informe, en inglés aquí.

 
 





 
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