Marbella.- El caso de El Ancón continúa siendo una de las noticias de la semana en Marbella, especialmente por la operación urbanística en una zona donde  la torre, declarada Bien de Interés Cultural, se encuentra.

El monumento  BIC tiene la máxima categoría 1, la máxima que se puede otorgar y, sin embargo, el suelo público donde se encuentra será tramitado mediante una concesión administrativa por 50 años.

Una promoción residencial de lujo, un club de playa privado, restaurantes y aparcamientos son el telón de fondo en un espacio vinculado a la recuperación de la memoria histórica de Marbella. La cuestión, por tanto, no es únicamente urbanística. Es también patrimonial, económica y, sobre todo, política.

La portavoz socialista Isabel Pérez ha hablado de un nuevo “pelotazo” de la alcaldesa Ángeles Muñoz, apuntando que una administración puede conceder el uso privativo de un bien demanial si concurren las condiciones legales y existe un interés público que lo justifique, pero precisamente por eso, cuanto más larga es la concesión, mayor debería ser también la exigencia de transparencia, justificación económica y explicación del beneficio colectivo.

La propia memoria explicativa, fechada el 12 de noviembre de 2025 elaborada por TOBAL ARQUITECTOS a petición de MOUNTBIRD INVERSIONES 2014, considera ese periodo suficiente para convertir la zona en económica y financieramente viable para las partes.

No obstante, se desconoce qué gana Marbella con la concesión, cuánto pagará el concesionario por utilizar el suelo municipal, qué inversiones y obligaciones concretas asumirá y qué ocurrirá con las construcciones, instalaciones y derechos de explotación cuando termine la concesión; preguntas relevantes cuando se habla de una superficie pública comprometida durante medio siglo.

Según la documentación que se está poniendo sobre la mesa en el debate político, esas respuestas no aparecen con la claridad que cabría esperar en la memoria explicativa. El no demuestra que exista una irregularidad, pero sí plantea una cuestión política perfectamente legítima: si el interés público es tan evidente, ¿por qué resulta tan difícil explicarlo?

El precedente de los 3,5 millones

El PSOE sostiene que en esas zonas verdes se han realizado aproximadamente 3,5 millones de euros de inversión pública, en un espacio que había sido presentado a los ciudadanos como parque público.

Si ese dato se confirma habría que preguntarse qué ocurre con una inversión pública previa cuando el suelo sobre el que se ha realizado pasa a quedar vinculado durante 50 años a una explotación privada.

Monumento BIC

La Torre Ancón —también denominada Torre de Guadaira, Torre de Guadaza o Torre Vigía de Lancón— es una torre del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento y nivel de protección 1.

Por sí solo, ser BIC significa estar ante la máxima categoría de protección del patrimonio cultural español. No significa que el inmueble tenga que permanecer necesariamente sin uso. Un BIC puede mantener usos residenciales, turísticos, culturales, administrativos o de otra naturaleza siempre que sean compatibles con los valores que justificaron su protección.

Pero tampoco significa que cualquier actuación alrededor pueda tratarse como una operación urbanística ordinaria porque la protección puede extenderse a un entorno de protección del monumento para evitar que las actuaciones próximas deterioren los valores patrimoniales, paisajísticos o visuales del bien. 

Lo que también permite preguntar qué parte del proyecto se encuentra dentro del entorno de protección del BIC y qué autorizaciones e informes patrimoniales son necesarios antes de ejecutar las obras y, si el proyecto que modificará el terreno, implica excavaciones o movimientos de tierra, o puede alterar los valores que justificaron su protección.

Aquí cobra importancia la advertencia planteada por Manuel Núñez (IU) sobre la posibilidad de que sea necesaria una actividad arqueológica preventiva, con control de los movimientos de tierra y autorización de la Consejería competente en Patrimonio Histórico.

Los 15.000 metros y los 3.000 de ocupación

La memoria explicativa de TOBAL ARQUITECTOS asegura que de los más  de 15.000 metros cuadrados sólo se afectarán  aproximadamente 3.000 metros cuadrados, lo que supone algo menos del 20% de la superficie, una consideración que el vigente PGOU de Marbella regula en el artículo 94.2 permitiendo edificar en este tipo de suelo siempre que supere los 5 mil metros cuadrados.

Desde una perspectiva estrictamente numérica, la cifra puede parecer moderada, pero el porcentaje de ocupación no responde por sí solo a la pregunta fundamental: qué uso tendrá el resto del suelo y quién podrá disfrutarlo efectivamente.

El debate, por tanto, no debería reducirse a si se construye un 10%, un 15% o un 20%. La cuestión es qué ciudad se está diseñando alrededor de ese proyecto.

¿Dónde están los informes?

El PSOE sostiene que existe una ausencia de informes técnicos y jurídicos de Urbanismo que justifiquen el cambio de uso y también cuestiona la existencia de un Estudio de Impacto Ambiental, una afirmación que puede ser comprobable, que no necesita ser objeto de una batalla de declaraciones políticas sino que basta con acudir al expediente y comprobar qué informes existen, quién los ha elaborado, qué dicen y qué fecha tienen.

Transparencia antes que sospecha

En Marbella, donde el suelo público es escaso y el precio del suelo privado se encuentra entre los más elevados de España, entregar el uso de más de 3.000 metros cuadrados municipales durante medio siglo no es una decisión administrativa cualquiera.