Récord de empleo en Marbella
Ayuntamiento • 8 de enero de 2026
Marbella cierra 2025 con cifras récord de empleo.
Marbella. -
La ciudad terminó 2025 con una estadística que los responsables municipales no dudan en calificar de histórica: 7.164 personas registradas como desempleadas en diciembre, la cifra más baja para ese mes en casi dos décadas.
El dato consolida a Marbella como uno de los grandes polos de empleo del sur de España y refuerza su posición como el segundo municipio andaluz de más de 40.000 habitantes con menos paro.
El descenso del desempleo —712 personas menos que en diciembre de 2024, una caída interanual del 9%— se produjo en un contexto de fuerte actividad económica y de máximos históricos en afiliación a la Seguridad Social. En noviembre, Marbella alcanzó los 77.523 cotizantes, con picos estivales que llegaron a los 85.420 en julio, reflejo del tirón del sector servicios y del turismo de alto impacto.
Ese mismo mes de julio dejó otro récord: 6.722 personas en paro, la cifra más baja jamás registrada en el municipio. Para el Ayuntamiento, es la prueba de un mercado laboral “sólido y resiliente”. Para algunos analistas, es también el recordatorio de hasta qué punto la estacionalidad sigue marcando el pulso económico de la ciudad, incluso cuando los mínimos se vuelven cada vez más bajos.
Uno de los elementos que más destaca el consistorio es la mejora en la calidad del empleo. En diciembre se firmaron 3.190 contratos, casi 300 más que un año antes, y el 62% fueron indefinidos. A ello se suma un crecimiento sostenido del trabajo por cuenta propia: Marbella cerró noviembre con 15.467 autónomos, 485 más que en el mismo periodo del año anterior, una cifra que apunta a una economía local cada vez más diversificada en perfiles profesionales y empresariales.
El tejido empresarial también creció. Con 20.829 empresas activas —767 más que en 2024—.
El relato oficial subraya una transición hacia un modelo menos dependiente de la estacionalidad. Sin embargo, los datos siguen mostrando una economía que alcanza sus máximos en verano y se repliega, aunque con mayor fortaleza que en el pasado, durante los meses de menor actividad.
Marbella entra así en 2026 con un mercado laboral robusto y con indicadores que la sitúan entre las ciudades más dinámicas de Andalucía. El reto, como en años anteriores, no será tanto mantener el récord como convertirlo en una base estable: que los mínimos históricos no dependan únicamente del calendario y que el empleo de calidad deje de ser una promesa ligada al ciclo turístico para convertirse en una constante del modelo económico local.
Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Marbella cerró 2024 con un mercado laboral más amplio, pero no más justo. La ciudad, atrapada en su propio éxito turístico, sigue generando empleo en cantidad mientras consolida una estructura salarial muy segmentada, donde el sector económico, la estabilidad contractual y el género determinan más los ingresos que la experiencia o la productividad global. Durante el año, los 59.825 asalariados registrados en el municipio percibieron un salario bruto medio de 19.232€ anuales. La cifra, modesta para una de las ciudades con mayor proyección internacional de la Costa del Sol, esconde una realidad más compleja: los salarios arrancan en apenas 11.650€ y alcanzan un techo que no supera los 23.179€ en los tramos más altos por edad. Sectores Los Servicios públicos concentran los mejores salarios del municipio, con una media de 30.340 euros anuales, muy por encima de la media local. Se trata de un ámbito caracterizado por estabilidad laboral y salarios consolidados por la menor exposición a la temporalidad. La Industria, con apenas 1.725 asalariados, es minoritaria pero sólida en términos retributivos, sus trabajadores perciben una media de 25.184€ anuales, confirmando que se trata de un sector capaz de ofrecer salarios superiores, aunque sin peso suficiente para arrastrar al conjunto del mercado laboral marbellí. El contraste aparece con claridad en el Comercio y la Hostelería, el verdadero corazón económico de la ciudad. Con 28.150 asalariados —casi la mitad del total (59.825)—, este sector ofrece un salario medio de 16.638€, muy por debajo de la media municipal. El dato no resulta sorprendente en una economía altamente dependiente del turismo, donde la estacionalidad, la parcialidad y la rotación de personal siguen siendo estructurales. Marbella crea empleo, pero lo hace mayoritariamente en sectores de bajo valor salarial. La Construcción, con 4.375 trabajadores, se sitúa en una posición intermedia. Aunque es uno de los sectores mejor pagados entre los de menor volumen, con una media de 18.452€ , permanece por debajo del salario medio municipal. Agricultura, prácticamente inexistente en términos de empleo asalariado, no tiene impacto relevante en el conjunto de la estructura salarial. La antigüedad y la experiencia Uno de los rasgos más claros del mercado laboral marbellí es el valor que se otorga a la permanencia en una misma empresa. Los datos muestran que la antigüedad se premia con mucha mayor intensidad que la experiencia laboral acumulada.
En Marbella, como en tantas ciudades que viven entre el censo y la realidad, el número importa. Importa cuántos votan, cuántos cobran pensión, cuántos figuran en una estadística y cuántos simplemente están, consumen agua, ocupan calles y exigen servicios sin aparecer en ninguna tabla oficial. Esta semana, Marbella fue el escenario de algo más que la rutina política municipal. En el cruce de decisiones locales, consignas regionales y estrategias nacionales, quedó claro que la política de municipio hace tiempo que desbordó sus límites administrativos para convertirse en una pieza activa de un tablero mucho más amplio. Una de las noticias fue patrocinada por Isabel Pérez , líder del PSOE de Marbella, la querida amiga encontró un argumento que funciona tanto en el Parlamento como en la sobremesa: 25.000 pensionistas afectados en una sola ciudad: Marbella. Es una cifra lo suficientemente grande como para sonar grave y lo bastante concreta como para doler cerca. Sin embargo, la segura candidata a la alcaldía de Marbella en 2027 no se quedó en la ciudad, le dijo a Ángeles Muñoz que el PP también votaba en contra de 9,4 millones de pensionistas en toda España, de 800 mil familias vulnerables y, además, dijo NO a la financiación de bomberos forestales y agentes medioambientales. Como en 2025, Feijóo dijo lo mismo: el problema no es la pensión, sino el Omnibus. Este año todo indica a que como el pasado, esa estrategia tampoco le funcionará. En 2025 dijeron que NO porque el PSOE quería regalarle un palacete en París al partido nacionalista vasco. No pega una el líder del PP, falla más platos que Stevie Wonder. Si Isabel Pérez maneja cifras para denunciar, otro buen amigo del Partido Popular, Félix Romero , las utiliza para reclamar que Marbella tiene 173.420 habitantes y no 159.786 como dice el INE. El caso es que el padrón municipal es una fotografía tomada de la realidad inmediata, aunque quien diga vivir en Marbella pueda estar residiendo en Mijas. El INE, una especie de amigo desconfiado, no solo cuenta el empadronamiento, cruza datos con Hacienda y hasta con las funerarias y como en Marbella abundan las segundas residencias, los trabajadores temporales y los residentes intermitentes, esa diferencia metodológica no es un matiz técnico sino un problema estructural. Lo que ocupa la queja de Romero es que con las cuentas del INE, la ciudad deja de recibir 4 millones de euros de los fondos del Estado. Es decir, que con más gente de hecho, no de derecho, tiene menos dinero para limpiar muchas más calles. Es como para provocar esquizofrenia estadística: menos recursos para más demanda. Ni Romero miente ni el INE es el malo de la partida, el problema es que el sistema de financiación local sigue pensado para ciudades estables, previsibles, casi aburridas. Marbella no lo es. Mientras en Marbella se discuten cifras, en Estepona se discute algo más incómodo: la credibilidad institucional. La petición de la Fiscalía de cinco años de prisión para su alcalde, José María García Urbano, ha activado el reflejo clásico de la política española: unos piden dimisiones inmediatas; otros recuerdan, con solemnidad jurídica, la presunción de inocencia. Izquierda Unida y el PSOE han elegido el primer camino. El Partido Popular apuesta por esperar a que el tiempo enfríe titulares, a que el proceso judicial se alargue y a que la atención pública se desplace a otra polémica más reciente. El tema es que el silencio ya no es lo que era. En una época de hipersensibilidad no decir nada también comunica y no hace falta que haya condena para que la sospecha se instale.
Marbella. - En el pleno municipal de Marbella, el Partido Popular y Vox votaron en contra de la reforma del sector del taxi y el apoyo a la reforma del sistema de financiación autonómica. La líder socialista Isabel Pérez ha denunciado que mientras la patronal insiste en que no se necesitan nuevas licencias, estas se siguen traspasando por cifras que sólo pueden explicarse si el negocio es altamente rentable. Según Pérez, a propuesta socialista buscaba introducir competencia regulada y equidad con convocatorias periódicas de nuevas licencias según criterios objetivos de demanda, límites a los precios de traspaso y la reversión de licencias al ayuntamiento para su adjudicación transparente, priorizando a asalariados que llevan años trabajando sin posibilidad real de emanciparse como titulares. La diputada ha asegurado que el PP local mantiene una escasez artificial que protege el valor patrimonial de las licencias existentes, perpetúa la precariedad laboral de los chóferes asalariados y limita la capacidad del ayuntamiento para adaptar el servicio a las necesidades reales de la ciudad. En términos políticos, añadió, supone aceptar que el interés de quienes ya están dentro pese más que el de los usuarios y los trabajadores que esperan fuera. Financiación autonómica La segunda negativa —apoyar la reforma del sistema de financiación autonómica y la quita de deuda propuesta por el Gobierno de España— según el PSOE, habría supuesto para Andalucía una quita de 19.000 millones de euros y un ahorro anual de más de 1.400 millones en intereses, además de 110 millones adicionales al año para Marbella y San Pedro. El argumento socialista es claro: menos deuda y más recursos significan más margen para invertir en sanidad, educación y servicios públicos. Todo sugiere que se mantiene la “disciplina de partido”, no se apunta solo a una votación concreta, sino a una forma de gobernar en la que lo municipal queda subordinado a la confrontación nacional. En ambos casos —taxi y financiación— el denominador común es la renuncia a intervenir. No reformar el taxi implica aceptar un modelo que favorece la concentración de licencias y la desigualdad laboral. No apoyar la reforma financiera supone, según sus defensores, renunciar a recursos que aliviarían la presión sobre los servicios públicos.
Marbella. - En un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza, el voto en contra del Partido Popular (PP) parece responder a un guión preestablecido sobre cualquier evento inmediato de la agenda del Gobierno nacional. La diputada socialista Isabel Pérez ha señalado que la decisión del PP trae consecuencias inmediatas y directas para la ciudadanía de Marbella y San Pedro Alcántara, ya que 25.000 pensionistas del municipio no verán revalorizada su pensión. Esta decisión política no solo golpea el bolsillo de los mayores del municipio, “sino que forma parte de un bloqueo que afecta a 9,4 millones de pensionistas en todo el país, poniendo en riesgo la estabilidad económica de uno de los colectivos más sensibles de la sociedad”. “El rechazo al decreto deja en el aire las ayudas para 800.000 familias vulnerables y elimina el soporte vital para aquellos ciudadanos afectados por la DANA y las víctimas que han perdido bienes debido a los incendios forestales”, señaló. Con esta decisión, se ven perjudicados 20.000 bomberos forestales y 6.000 guardas forestales y agentes medioambientales, esenciales en la lucha contra el cambio climático. La negativa también afecta a millones de autónomos, “un colectivo fundamental para la economía de Marbella y San Pedro, así como a los agricultores y al sector primario”, declaró la diputada. Finalmente, el voto en contra supone un bloqueo institucional que repercute en la financiación y capacidad de gestión de ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, limitando los recursos disponibles para atender a los ciudadanos desde la administración más cercana. El diputado nacional Ignacio López, que también compareció en la rueda de prensa, lamentó que Bonilla pretenda rechazar 5.000 millones de euros al año claramente por partidismo político, lo que implica que los andaluces no percibirán esta cantidad para inversiones. López destacó que con estos fondos además de contratar personal sanitario, por ejemplo, se podrían construir 50.000 viviendas públicas en la comunidad. El diputado socialista añadió que desde que gobierna Pedro Sánchez, hay un 40% más de contratación indefinida, ha subido más de un 60% el salario mínimo interprofesional, las pensiones han crecido un 35% y hay un 15% más de empresas activas, lo que implica “que tenemos un país dinámico”.
Marbella. - La asamblea local de Izquierda Unida acaba de denunciar que el centro de atención a personas sin hogar permanece cerrado desde hace más de un mes, tras la finalización del servicio que prestaba la ONG Cruz Roja, dejando a la ciudad sin un recurso social esencial en pleno invierno. El cierre no se trata de un episodio administrativo, el fondo de la cuestión es la radiografía de cómo se gestiona. En pleno invierno, la interrupción de un recurso básico ha dejado al descubierto una tensión estructural entre burocracia, política y urgencia social. El centro, en funcionamiento desde 2017, no era un dispositivo improvisado, durante ocho años ofreció atención integral: higiene, alimentación, acompañamiento psicológico y orientación social y laboral. Su papel iba más allá de la emergencia: era un espacio de tránsito entre la exclusión y la posibilidad de reenganche con el sistema. Su cierre, tras la finalización del convenio con Cruz Roja, ha generado un vacío que el Ayuntamiento aún no ha sabido —o no ha querido— cubrir con rapidez. El coordinador local de Izquierda Unida Marbella–San Pedro, Manuel Núñez, afirma que “estamos ante un ejemplo claro de falta de previsión y de una gestión absolutamente negligente por parte del equipo de gobierno, que deja a las personas más vulnerables sin atención durante semanas”. El problema central no es la rescisión de un contrato ni la revisión de un modelo de gestión. Las administraciones tienen derecho —y obligación— de evaluar servicios y modificarlos si lo consideran necesario. El problema es el cómo y el cuándo ya que en políticas sociales cada día sin atención implica personas durmiendo en la calle, perdiendo rutinas, rompiendo vínculos de confianza construidos durante años. Por otro lado, la decisión de sacar el servicio a concurso público introduce una cuestión de fondo: quién y qué lógica regirá la futura atención a las personas sin hogar, además, se desconoce qué criterios se utilizarán para interpretar los futuros balances cuando se da por descontado que toda empresa privada opta por tener beneficios económicos. “Convertir la atención a personas sin hogar en un negocio es un despropósito. Donde antes había una organización sin ánimo de lucro, con experiencia, sensibilidad social y un trabajo contrastado, ahora se abre la puerta a que una empresa obtenga beneficios económicos con un servicio que debería ser puramente social”, denuncia Núñez. La crítica de Izquierda Unida no apunta solo a una alcaldesa o a un equipo de gobierno concreto, sino a la tendencia a gestionar la vulnerabilidad con los tiempos de la administración, no con los tiempos de la calle. La burocracia puede permitirse esperar; quien duerme al raso, no. Una pregunta que ha salido a la palestra es sobre la prioridad real que ocupa la exclusión social para el Ayuntamiento de Marbella. Núñez subraya que “no se puede permitir que un recurso tan necesario se cierre sin una solución inmediata, y menos aún en los meses de invierno”. “Si existía algún aspecto mejorable en la prestación del servicio por parte de Cruz Roja, se podía haber corregido o se podía haber facilitado que la propia ONG continuara gestionándolo. Lo que no es admisible es cerrar el recurso sin alternativa”.
Marbella. - La petición de la Fiscalía de cinco años de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha situado a la ciudad en el centro de un debate que va más allá de lo judicial. Las acusaciones — malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación, según la investigación — no sólo interpelan al regidor, sino al sistema de responsabilidades políticas que lo rodea. Izquierda Unida y el PSOE han reaccionado con una exigencia clara: dimisión inmediata. La coordinadora provincial de IU, Emma Molina, ha señalado que el caso ya no se encuentra en una fase embrionaria, sino ante un juicio oral con una solicitud concreta de pena de cárcel. En su denuncia, IU apunta a una posible adjudicación irregular de un restaurante de lujo en el Mirador del Carmen, presuntamente concedido a una empresa vinculada familiarmente al alcalde. La gravedad del relato no reside solo en la cifra o el enclave, sino en el patrón que sugiere una gestión donde se mezcla el interés público y relaciones privadas. El líder socialista José Bernal ha ampliado el foco, trasladando la responsabilidad al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, acusándolo de incoherencia entre el discurso de transparencia que lo llevó al poder y el silencio ante un caso que afecta a un alcalde del Partido Popular. El mensaje es nítido: la ejemplaridad no se proclama, se practica. El problema para el PP no es solo lo que decidan los tribunales, sino el coste de mantener a un alcalde acusado formalmente mientras el proceso avanza. El argumento habitual —la presunción de inocencia— es jurídicamente incontestable, pero políticamente insuficiente para una parte creciente de la ciudadanía. Cuando la Fiscalía solicita una pena de prisión y el caso llega a juicio oral, muchos esperan una respuesta que vaya más allá del silencio prudente. No se trata de anticipar condenas, sino de proteger la institución de la sospecha prolongada. Para Estepona, el riesgo es tanto reputacional porque su imagen está asociada a titulares judiciales, como institucional, ya que un ayuntamiento liderado por un alcalde bajo acusación formal corre el riesgo de que cada decisión quede bajo sospecha, aunque sea legítima. La dureza del lenguaje empleado por IU —“prácticas mafiosas”, “comportamiento intolerable”— cumple una función política clara, pero también encierra un peligro: sustituir el análisis por la descalificación. El Partido Popular, mientras tanto, parece apostar por el desgaste del tiempo. Confiar en que el proceso judicial se dilate y que la atención pública se disperse es una estrategia conocida. Pero en una era de mayor sensibilidad frente a la corrupción y los conflictos de interés, el silencio ya no es neutral: es una decisión política.
Marbella. - El Ejecutivo local ha denunciado un significativo desfase entre el padrón municipal y las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la población en 159.786 personas. Esta discrepancia, que muestra una diferencia alarmante de 13.634 habitantes menos que aquellos registrados por el Consistorio, ha generado preocupación entre las autoridades locales. Según el portavoz, Félix Romero, este desfase no es solo un problema estadístico; tiene implicaciones financieras directas y graves para la comunidad. “Esta discrepancia nos priva de más de 4 millones de euros anuales de los fondos provenientes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)”, lamentó, subrayando que esta reducción en recursos económicos representa un grave perjuicio para la prestación de servicios públicos esenciales. El portavoz ha hecho un llamado a las autoridades nacionales, instando a que se realice “un ajuste realista y justo de las cifras oficiales”. Esta petición surge en un contexto donde los fondos que reciben los municipios se calculan en función del número de habitantes de derecho, lo que se convierte en un punto crítico en ciudades con una población flotante significativa. “En una ciudad como la nuestra, esta situación genera una discriminación aún mayor”, advirtió; l as repercusiones son claras: con menos recursos, la administración local enfrenta el desafío de mantener la calidad de servicios vitales en un entorno donde la población puede fluctuar notablemente. La falta de una representación precisa de la población no solo afecta las finanzas municipales, sino que también pone en riesgo el acceso equitativo a servicios, creando un ciclo perjudicial que podría afectar a los residentes actuales y futuros. A medida que la discusión sobre la exactitud de los datos poblacionales continúa, queda claro que la necesidad de una reevaluación no es solo administrativa; es un imperativo para garantizar que todas las comunidades reciban el apoyo necesario para prosperar. La denuncia de este desfase es un recordatorio de que detrás de cada cifra hay una realidad que demanda atención y acción.
Marbella. - En un movimiento hacia la conservación ambiental, el Puerto Deportivo Virgen del Carmen en Marbella ha iniciado su proyecto de sostenibilidad mediante la instalación de seis micro-arrecifes, conocidos como 'Unidades de Impulso Vital'. El proyecto busca armonizar las operaciones portuarias con la conservación marina. Los micro-arrecifes imitarán las características de los arrecifes naturales, proporcionando hábitats esenciales para la microfauna local y otras especies marinas. Carlos Romero, director del Puerto Deportivo, ha declarado que estas estructuras biomiméticas están concebidas para integrarse sin problemas en la infraestructura del puerto, sin interrumpir su funcionalidad. La iniciativa ha adquirido un compromiso con la investigación científica rigurosa, señalando que la fase de colonización inicial, prevista para durar seis meses, permitirá a los científicos realizar un monitoreo periódico de la biodiversidad asociada con estas estructuras. Los resultados de este análisis documentarán la evolución de las especies y permitirán realizar un informe que podría guiar futuros esfuerzos de conservación en el puerto. La integración de tecnología ROV (vehículo submarino operado remotamente) para fines de monitoreo mejora aún más la iniciativa. Estos drones avanzados facilitarán la observación cercana de los procesos de colonización y seguirán indicadores ambientales clave, proporcionando información vital sobre el impacto de estos micro-arrecifes en el ecosistema marino. Con objetivos centrados en el crecimiento de biomasa y la detección de especies invasoras, el proyecto busca establecer un modelo replicable de intervención ecológica que podría aplicarse en áreas costeras de todo el mundo. Anna Lloveras, cofundadora de Ocean Ecostructures, subraya que estos arrecifes artificiales presentan “una solución basada en la naturaleza” con un potencial significativo para revivir la biodiversidad marina. Su diseño e implementación cumplen con rigurosos estándares científicos, asegurando que los hábitats restaurados no solo generen impactos positivos, sino que también proporcionen beneficios medibles al entorno marino.
La reciente adjudicación de la gestión de la Residencia de Tiempo Libre a Ritusa S.A. sonó más a un capítulo de una novela de intriga que a un avance para el bienestar comunitario. Ni Ángeles Muñoz ni Moreno Bonilla salieron a dar ruedas de prensa para celebrar la gran noticia hotelera. Ahora, la Junta de Andalucía está preparando su caja para que anualmente, durante 75 años, más de 5MM€ le depositen. ¿Alguien recuerda algo de aquello de la Participación Ciudadana? Con números tan bonitos a cualquiera se le olvidan los malestares. En Marbella hay una desconexión grotesca entre el lujo turístico y las necesidades básicas de su población. El mensaje ha sido claro para los ciudadanos: sus requerimientos y necesidades forman parte de un segundo plano. La operación priorizó la inversión privada antes que el bienestar comunitario. Es una apuesta nítida de la Marbella que hoy día quieren las autoridades regionales y locales. No hay vuelta de hoja. Tanto hablar de Participación Ciudadana y no se les ocurrió preguntar a los vecinos. Por si fuera poco, a unos kilómetros de allí, el Hospital Universitario Costa del Sol se ahoga en su propia crisis. Para una población de 460.000 almas solo tiene 394 camas. La estadística habla por sí sola: 0,86 camas por cada mil personas. No hay que ser un lumbreras para saber qué consecuencias trae este escenario: sobrecarga de trabajo y una fuga de talento que llega al 50% del personal sanitario. ¿Un ejemplo? El Sindicato Médico de Málaga ya lo dijo: de una reciente convocatoria de empleo, 28 de las 30 plazas para médicos especialistas quedaron desiertas.
Marbella. - La Junta de Andalucía anunció que Ritusa S.A., vinculada al Fuerte Group de Marbella, ha sido la adjudicataria provisional de la gestión de la residencia Tiempo Libre. El anuncio sigue a una intensa competencia con una empresa asociada al grupo hotelero Barceló, lo que subraya el interés en revitalizar este emblemático recinto en la costa andaluza. Sin embargo, desde el inicio del proceso de licitación, muchos observadores apuntaban a Fuerte Group como el claro favorito. Su estatus consolidado en el sector hotelero y su experiencia en la gestión de propiedades turísticas en la zona, hacían que su éxito pareciera más una conclusión que una competencia genuina. Como si se tratara de la inevitabilidad de seguir un patrón en la toma de decisiones, dentro de las administraciones públicas, algunas empresas parecen estar predestinadas a ganar los contratos. Lo habíamos adelantado en tertulia televisiva, la apertura a nuevos participantes incrementaría el canon anual y así fue, de 4 paso a más de 5 millones de euros a pagar a la Junta de Andalucía durante los próximos 75 años. Con estos números, también pareciera, que todo se redujese a la maximización de ingresos para la comunidad andaluza, cuando eso es lo menos cierto del caso. Lo que ha sucedido fue que se priorizó el dinero y la inversión privada antes que el bienestar comunitario. La "privatización" abre la crítica y la desconfianza sobre la forma en que se están gestionando los activos públicos. El enfoque de la Junta ha ignorado esta crítica y la grave crisis de vivienda que viven muchos marbellíes. La adjudicación de la gestión de la residencia Tiempo Libre no es sólo un movimiento empresarial; es una manera de ver qué futuro se quiere para Marbella. No entramos en si hubo o no transparencia en el proceso de adjudicación o si la decisión ya estaba tomada antes de abrirse oficialmente el concurso. Ahora, todos los ojos estarán puestos en cómo Fuerte Group manejará su nueva propiedad, aunque la responsabilidad no será solo suya; también recae sobre la Junta de Andalucía El plan contempla una concesión demanial de 75 años con un canon anual de 5 millones de euros. Es decir, se otorgó la gestión por el tiempo máximo, incluidas las prórrogas. Recordemos que la Residencia era una propiedad de una entidad pública y que estaba destinada a ser utilizada por todos los ciudadanos o para el servicio público, como los parques o los y ríos. Aunque, quizá, no había obligación de la Junta de Andalucía de consultar a sus ciudadanos sobre la concesión, pulsar la opinión pública se hubiese considerado una buena práctica. La transparencia y la inclusión de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones fomentan la confianza, pero el riesgo era muy alto. Ahora la oposición podrá preguntar sobre el mantra de la “Participación Ciudadana”, una vía que contribuye a decisiones más justas y sostenibles. También, quizá, en la Junta prefirieron esperar hasta que se cumplan los 75 años, para hacerse con el hotel o demolerlo a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento también esté previsto expresamente en el título concesional. En ese futuro, los que lo manejen ya serán otros. En todo caso, los intereses que han prevalecido, son los privados con el respaldo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. De hecho, Félix Romero ha insistido que el planteamiento que tienen es que no hay ninguna diferencia entre los intereses que puedan tener ambas entidades (J.A y Ayto.). Es importante no olvidar que el proyecto incrementará la edificabilidad de la parcela de 24.000 a 30.000 metros cuadrados, lo que sugiere una mayor superficie hotelera en detrimento de lo público.