Marbella. - Izquierda Unida ha cuestionado el uso privado de un suelo concebido como espacio público con permiso de explotación privada durante 50 años.

El coordinador de Izquierda Unida Por Andalucía Marbella, Manuel Núñez, no ha hablado de metros cuadrados sino  del espacio público que se quiere conservar para los marbellíes. La controversia abierta por la concesión demanial prevista en la playa de El Ancón pertenece a esta categoría.

Núñez ha pedido al gobierno municipal de Ángeles Muñoz que paralice el procedimiento para entregar durante 50 años unos 17.000 metros cuadrados de suelo público destinados a un club de playa de lujo, con aparcamiento y espacio gastronómico. 

El portavoz ha anunciado que llevará el expediente ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta por la proximidad de la actuación a la Torre de El Ancón, una construcción defensiva del siglo XVI protegida como Bien de Interés Cultural.

El joven político se ha preguntado si una concesión administrativa puede mantener formalmente la titularidad pública de un suelo y, al mismo tiempo, convertir durante 50 años su utilización efectiva en un negocio privado. Sin embargo, a sabiendas que la respuesta es compleja, el  problema no es sólo quién es el propietario sino quién es el beneficiario.

Si la parcela figura en el planeamiento como Zona Verde Pública, como sostiene IU, la cuestión no puede reducirse a decidir si el Ayuntamiento obtiene un canon atractivo o si el proyecto genera actividad económica, también hay que dejar claro de si el uso previsto resulta compatible con la ordenación urbanística vigente y qué procedimiento sería necesario para modificarlo, si fuera preciso.

50 años

Medio siglo es un periodo extraordinariamente largo en términos de planificación urbana. El Ayuntamiento que adjudica hoy la concesión no será necesariamente el mismo que la gestione dentro de veinte o treinta años. Tampoco serán los mismos los precios inmobiliarios, las necesidades de Marbella, sus problemas de movilidad, su población residente o su relación con el litoral. Por eso, cada vez que una administración compromete durante décadas un espacio público debería justificar algo más que la rentabilidad inmediata de la operación, ha dicho Manuel Núñez.

Cada metro cuadrado de costa que deja de estar disponible para un uso público tiene un coste de oportunidad. No necesariamente económico. También social, paisajístico y territorial.

La torre

La Torre de El Ancón no es simplemente un edificio antiguo situado cerca de una parcela susceptible de explotación comercial. Su condición de BIC implica un régimen específico de protección y obliga a prestar atención no sólo al monumento en sí, sino también a su entorno y a las posibles afecciones derivadas de una actuación urbanística.

IU plantea además la posibilidad de que existan restos arqueológicos vinculados al antiguo sistema defensivo del litoral. No basta con afirmar que el proyecto respeta la torre. Hay que saber qué distancia existe entre las obras y el BIC, qué movimientos de tierra están previstos, qué cimentaciones se contemplan, qué controles arqueológicos se han establecido y qué organismo competente ha informado sobre la actuación.

La transparencia

La oposición sobre el proyecto no supone defenderlo o atacarlo, consiste en publicar la información que permita comprobarlo.

La rentabilidad

Para IU el conflicto aparece cuando los espacios de mayor valor estratégico para la ciudad empiezan a orientarse sistemáticamente hacia usos capaces de generar una mayor rentabilidad privada, porque ello supone escoger siempre al que paga y no a quién tiene derecho a disfrutar de los lugares más valiosos de la ciudad.

El gobierno municipal debería explicar cuánto ingresará el Ayuntamiento durante los 50 años de concesión, qué inversión realizará el concesionario, qué superficie será efectivamente ocupada, qué zonas permanecerán de uso público, cuál será el régimen de acceso, qué impacto tendrá sobre el tráfico y el aparcamiento y qué informes urbanísticos y patrimoniales respaldan la operación.

El Ancón plantea, en definitiva, una cuestión que trasciende a Ángeles Muñoz, ha dicho Izquierda Unida.

Por eso el Ayuntamiento tiene una responsabilidad que va más allá de demostrar que el procedimiento administrativo es legal. Debe demostrar que es urbanísticamente conveniente, patrimonialmente seguro y socialmente defendible.