Marbella. — Muchos marbellíes se preguntan para qué se votan las mociones en los Plenos si no existe un mecanismo real que garantice su cumplimiento o, si existe alguien que responda a los ciudadanos cuando se quiere preguntar por los retrasos de los compromisos unánimes. El caso del edificio anexo al Hospital Costa del Sol ilustra con precisión uno de los problemas persistentes de la política municipal en Marbella: la debilidad de los mecanismos que conectan la voluntad política expresada en los plenos con su ejecución efectiva. La frecuencia de la distancia entre el acuerdo unánime plenario y el resultado tangible no es una anomalía, sino un rasgo que con el tiempo ha erosionado la confianza ciudadana. En octubre de 2023, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para solicitar al Gobierno central el uso público del inmueble anexo al Hospital Universitario Costa del Sol. El proyecto combinaba varias respuestas a problemas públicos bien identificados: la creación de una Escuela de Enfermería, una residencia para profesionales sanitarios, espacios de apoyo a familiares de pacientes y, potencialmente, áreas dedicadas a la investigación sanitaria. La iniciativa no surgió de forma improvisada. Meses antes, en febrero, la alcaldesa Ángeles Muñoz anunció que impulsaría la moción en el Pleno Ordinario de ese mes para iniciar los trámites municipales necesarios, subrayando que el Ayuntamiento llevaba meses trabajando con la Universidad de Málaga para poner en marcha el centro académico. El mensaje también era claro: el proyecto parecía contar con consenso institucional, respaldo técnico y legitimidad social. Sin embargo, más de tres años después, la iniciativa permanece estancada. El punto de bloqueo inicial se situó en la necesidad de una autorización del Ministerio de Fomento, debido a la afección normativa derivada de la cercanía del edificio a la carretera (50 metros). Las autoridades locales apelaron entonces a la excepcionalidad que permite la normativa cuando se trata de servicios públicos esenciales. Pero el problema fue que el debate dejó de avanzar, y con él, el proyecto. Desde una perspectiva política, el caso trasciende el plano técnico, poniendo de manifiesto la fragilidad del nexo entre la política local y la administración del Estado, así como la falta de instrumentos intermedios que permitan desbloquear iniciativas respaldadas de forma unánime por una corporación municipal. La unanimidad, lejos de acelerar la acción, ha funcionado como un elemento desresponsabilizador, dejando claro que no existe un actor al que exigir resultados. Este caso no es excepcional, más bien parece repetirse en el tiempo. Aprobadas las mociones por unanimidad, se comunican a los ciudadanos como compromisos firmes, pero sin calendarios, informes públicos de seguimiento o consecuencias políticas en caso de incumplimiento. El resultado es una política que genera expectativas pero que no rinde cuentas. Latinpress.es ha rescatado este caso por la relevancia del escenario actual, marcado por la escasez de personal sanitario, las dificultades de acceso a la vivienda para profesionales y una presión creciente sobre la sanidad pública. En ese marco, la inacción no puede atribuirse únicamente a la burocracia: también refleja prioridades políticas y capacidad —o falta de ella— para convertir el consenso en políticas públicas efectivas. Es lamentable mantener el inmueble en un limbo indefinido donde no hay plazos, proyectos económicos ni responsables claramente identificados. La transparencia sobre el estado real del proyecto, ha convertido al edificio en un símbolo de la brecha entre la política que se aprueba y la que se ejecuta. En última instancia, el caso cuestiona las votaciones plenarias, si las mociones no generan obligaciones verificables ni consecuencias políticas, lo que vemos es pura retórica.

Con más frecuencia se vuelve a escuchar la frase Puerto Rico Libre, como parte de esa extraña situación que crean los imperios, para mantener atrapados sitios y ciudadanos sin darles la verdadera nacionalidad. E s lo mismo que ocurre con Dinamarca y Groenlandia y en algunos sitios que tiene Inglaterra en la zona del Caribe, en la que Isabel II se asumía reina y ahora su hijo Carlos. Es una forma de colonialismo expresado de muchas maneras, sobre todo en la obligación del idioma y al señalar abiertamente como propiedad, el territorio que se controla. La presencia del cantante boricua Bad Bunny expresada de muchas maneras, pero con cierta discreción en torno a esa lucha abierta, nos hace recordar todas las luchas que se han dado por ese entorno muy aludidas en algunas de las canciones del gran compositor que fue Rafael Hernández Marín, sobre todo en su Lamento borincano: Boricua, la tierra del Edén, al que al cantar el gran Gautier llamó La Perla de los Mares. Ahora que tu te encuentras en tus pesares, déjame que te cante yo también. Y PUERTO RICO TRASCENDIÓ EN MÉXICO SOBRE TODO EN SUS CANCIONES Siempre en torno a su bello lugar, Hernández se explayó en un ámbito que llegó ser mundial. Canciones como Perfume de gardenias, Capullito de alhelí. Y entre muchas ¡Qué chula es Puebla!. Esta bella canción que es el segundo himno de ese estado causó tanta impresión, que el compositor boricua tiene una estatua en ese lugar. En el caso de Lamento borincano lo han cantado decenas de grandes cantantes, dos sonorenses, el doctor Alfonso Ortiz Tirado y Javier Solís entre ellos. Y desde luego el gran cantante chileno asesinado por Pinochet, Victor Jara. Por otra parte la imposición del inglés que les ha puesto Estados Unidos a los puertorriqueños de muchas maneras, lo vimos ahora con el Super Tazón, cuando Bunny informó que durante varios meses antes de la presentación en ese acto, estuvieron estudiando español. La situación de ese sitio ha tenido muchas expresiones de protesta y una de ellas es la de los cuatro nacionalistas que fueron en marzo de 1954 al Congreso de Estados Unidos y lanzaron su voz y sus disparos, para exigir su liberación. Fueron encarcelados por varios años hasta fines de 1979. A su llegada a México, la música de Hernández Marín los alegró: ¡Qué chula es Puebla! Trazo de cielo en la tierra Esa es mi Puebla bonita. Esa es mi tierra bendita, que tantas joyas encierra. LOLITA LEBRÓN UNA DE LAS QUE PUSO EN PELIGRO SU VIDA POR PUERTO RICO Tras aquellos largos años de encierro en Estados Unidos, losd cuatro nacionalistas llegaron a México a dar cuenta de aquella situación e informar que seguirían la lucha en su país, cosa que hicieron en el caso de Lebrón hasta la fecha de su muerte en agosto de 2010. Sus compañeros de lucha fueron Oscar Collazo, Irving Flores y Rafael Cancel Miranda. El primero señaló allá por el 2 de diciembre de 1979 (recogido en mi crónica de esa fecha) que no lamentaban su larga prisión porque fueron presos por querer ser libres y muchos de sus ciudadanos no dudaron en su apoyo. “Nuestra lucha fue contra el imperialismo agresor asesino. Querían a Puerto Rico ( ahora todavía lo quieren), como botín de Guerra” Y eso es para Estados Unidos hasta este momento, un botín. Pese a ello, sus ciudadanos 3 millones 230 mil, lanzan sus deseos de liberación, envueltos en algunas de las canciones de Hernández Marín, como Perfume de gardenias: Perfume de gardenias tiene tu boca. Bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx

Muchas idas y venidas ha tenido las relación de Bolivia con Estados Unidos antes de llegar a esta tan apasionante luna de miel. En los tres meses del gobierno de Rodrigo Paz han llegado a Bolivia casi una decena de enviados de Washington, como nunca se había dado en el pasado. En estos días hay cuatro altos funcionarios especialistas en temas agrícolas, que ayudan a los funcionarios bolivianos, tratando de evitar a los masistas. La demostración más apasionante del afecto de Bolivia hacia la potencia fue también económica, en los años de la segunda guerra mundial. El bloqueo asiático impedía el acceso de la potencia al estaño de esa región, por lo que la entrega total de Bolivia incluyó mucho, pero mucho estaño, a precios regalados. Muchas de las armas que usó la potencia en Europa contra el eje contenían el estaño boliviano, además de la hoja de lata de sus conservas. Y todo bajo el control del “stock pile”, que acumulaba el metal del diablo, del diablo de las minas, de los socavones. Unos años antes, en 1936, David Toro había nacionalizado la Standard Oil of New Jersey, la primera en América latina, para crear YPFB. La empresa se había negado a dotar de combustible a los (dos) aviones que tenía Bolivia en la guerra del Chaco. El imperio ofreció, en 1942, un plan de ayuda a la economía boliviana, para reducir su dependencia en la minería, a cargo de Merwin Bohan, que impulsa la industria del azúcar, la PIL y la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Ya en 1967 el imperio ayuda a Bolivia a librarse de la guerrilla del Che y lo hace con la inestimable participación de la CIA, además de los expertos Rangers que entrenaron a los militares del comando de Santa Cruz. Luego viene una ruptura, cuando el gobierno de Alfredo Ovando nacionaliza la Gulf Oil Company, lo que obliga al Estado boliviano a pagar 55 millones de dólares de indemnización. Con el nuevo siglo llega el pedófilo que, en 2008, expulsa al embajador Phillip Goldberg y pone las relaciones con la potencia en su peor momento, algo que es recompuesto en los pocos meses del gobierno de Jeanine Áñez, para volver luego al hielo con el socialista Luis Arce. Y así llega Rodrigo Paz, al que el imperio aprecia tanto como a Delcy Rodríguez, y quiere invitarlo a la reunión de gobernantes de países “aliados” en los próximos días, reunión a la que, si Dios quiere, podría asistir también el Delcy cubano, un tal Alejandro Castro, nieto del dictador de nombre Fidel. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Marbella. — Después de semanas de lluvias persistentes, fuertes vientos y un oleaje inusual, la ciudad ha puesto en marcha un plan para reparar un litoral castigado. El Ayuntamiento destinará 410.000 euros a la recuperación de sus playas, con el objetivo de llegar en condiciones aceptables al inicio de la temporada alta. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, describió la situación como “uno de los inviernos más duros de los últimos años”, no solo por la intensidad de las precipitaciones, sino por la combinación de temporales marítimos que han acelerado la erosión en prácticamente toda la franja costera del municipio. Según explicó, los daños se extienden desde los sistemas dunares hasta los paseos marítimos y accesos, con una acumulación significativa de restos vegetales arrastrados por el mar. El plan de choque moviliza a todos los servicios municipales disponibles y, la maquinaria pesada trabaja ya en el reperfilado de la línea de costa, la retirada de cañas y residuos y la recuperación de la anchura de las playas, apoyada por equipos específicos para el cribado de arena. La intervención incluye además la reposición de pasarelas y mobiliario, la sustitución de equipamientos dañados y el transporte de arena desde zonas con excedente. Entre los enclaves que han sufrido un impacto está la playa de Artola-Cabopino donde se han perdido hasta cinco metros de franja litoral y más de un metro de cota en determinados puntos, afectando incluso al cordón dunar protegido. La Víbora presenta deterioros tanto en el sistema dunar como en equipamientos, mientras que en Real de Zaragoza y Alicate se han detectado descalces que superan el metro y daños en pasarelas de madera.

Marbella. - Desde que España se convirtió en el primer país en adaptar la normativa europea que persigue acabar con el fraude en los alquileres turísticos o temporales, se dio a conocer que se convertían, desde el 1 de julio de 2025, en obligatorias las normas de registro, convirtiendo en ilegal todas las viviendas que quisieran realizar alquileres de corta duración pero que no cumplieran con estos requisitos. Sin embargo, las viviendas de uso turístico en España, se han convertido en una especie de marea impulsada por las plataformas digitales, la permisividad regulatoria autonómica y un modelo económico que prioriza al visitante sobre el residente. Este fenómeno parece, según los últimos datos del INE, estar comenzando a replegarse, aunque no de manera uniforme y lleno de matices. España A noviembre de 2025, España registraba 329.764 viviendas turísticas, frente a las 381.837 de mayo del mismo año, una caída cercana al 14% en seis meses (52.073 VUT), lo que se ha traducido en una fuerte reducción de plazas: de casi 1,93 millones a 1,62 millones, unas 303 mil plazas menos, algo más del 15.6%. Andalucía En la Comunidad de Andalucía en el mismo período habían bajado de las 96.176 a las 91.757 VUT, 4.419 VUT (4.5%). La comunidad andaluza representa casi el 28% de las VUT nacionales, seguida muy lejos de Canarias con 49.676 VUT. No obstante, estos datos solo reflejan una parte de la verdad del estudio, porque no todas las comunidades retroceden al mismo ritmo ni por las mismas razones. Mientras esta era la tendencia andaluza, Galicia pasaba de 19.996 viviendas en mayo de 2025 a 15.236 en noviembre, una caída superior al 23% con una reducción de plazas (26.894) lo que aùntaba a un mayor control administrativo, retirada de viviendas irregulares y un mercado menos tensionado por el turismo internacional masivo. También Asturias muestra un descenso acusado: de 7.697 a 6.043 viviendas, más de un 21% (-1.654) en seis meses. Entre las razones de esta caída pueden estar la menor presión turística y un parque residencial menos orientado a la inversión especulativa. En el otro extremo se sitúan las regiones donde, pese a la caída general, el volumen sigue siendo extraordinariamente alto. Andalucía continúa liderando el ranking nacional con 91.757 viviendas turísticas. Málaga provincia bajó un 0.3% el volumen de sus VUT (151 VUT), pasando de 48.412 a 48.261. La provincia concentra por sí sola más que comunidades enteras como Cataluña (46.915), C. de Madrid (15.309), Galicia (15.236) o Castilla y León con 7.035 VUT. La rentabilidad residencial y el turismo extranjero siguen sosteniendo el modelo. Canarias, de mayo a noviembre de 2025, aunque moderado, mostró un descenso de 1.010 VUT (50.686 a 49.676), un 2%. La Comunidad Valenciana de 63.190 a 48.441 bajó 14.749, algo más del 23% y Cataluña de 56.851 a 46.915 bajó 9.936, algo más del 17%. También bajaron el principado de Asturias e islas Baleares, entre otras. Los datos del INE apuntan a varias conclusiones: Que la regulación funciona como presión turística. Aunque en las regiones más turísticas, el ajuste es importante, el desequilibrio urbano persiste. La caída no supone, necesariamente, que las viviendas vuelvan al mercado residencial, parece que muchas desaparecen del registro, no del mercado. Otra lectura importante es que los datos no suponen que España está asistiendo al fin del alquiler turístico, más bien a una especie de reordenación. Plazas A noviembre de 2025 del total de plazas contabilizadas en España, 1.624.933 en Andalucía había 434.608 más del 26%, le siguió Cataluña con 255.981, la Comunidad Valenciana con 242.426 y Málaga provincia con 225.920 plazas.

La igualdad salarial, recordó Isabel Cintado, no consiste únicamente en que dos nóminas se parezcan como gemelas. Es, sobre todo, una cuestión de estabilidad familiar, de evitar la fragilidad económica y de no convertir el futuro — la pensión — en una incógnita permanente. En otras palabras: es una herramienta de intervención social con efectos a largo plazo, aunque no siempre luzca bien en un titular. Detrás de la brecha, explicó Cintado, hay trayectorias vitales frágiles, carreras interrumpidas y biografías laborales llenas de paréntesis. Junto a Pepi Montes , está impulsando un programa municipal que apuesta por talleres de alfabetización digital y espacios de empoderamiento colectivo. Traducido al lenguaje llano: dar más habilidades a quienes más lo necesitan. Bien. Punto para el Ayuntamiento. Pero no todo fueron aplausos esta semana. La alcaldesa Ángeles Muñoz no estuvo especialmente inspirada al abordar la eterna cuestión de si faltan —o no— colegios públicos. A preguntas de Latinpress.es sobre la cesión de suelo público a una empresa educativa sueca, Muñoz explicó con detalle el procedimiento, recordando que estas decisiones se toman “con normalidad” y que nadie propuso formalmente un colegio público. Hasta ahí, manual administrativo correcto. El problema llegó cuando entró en el terreno pantanoso de las ratios escolares. Según la alcaldesa, la bajada del número de alumnos por aula indicaría el por qué no existe una necesidad real de nuevos centros públicos. Lo demás —vino a decir— es ideología: Lo que pasa es que Izquierda Unida y Podemos no quieren nada privado. Para docentes y familias, reducir ratios es una vieja reivindicación para mejorar la calidad educativa, no una señal de que sobren colegios. Convertir ese avance en excusa para no construir más centros públicos es una lectura política del dato, no pedagógica. Seguro que Muñoz no pensó en esto cuando nos respondió. Dentro del apartado de compromisos Muñoz dejó caer dos de calado. El primero: impulsar la llegada del Four Seasons con una inversión superior a los 9 millones de euros en la zona de El Pinar. El segundo: un desarrollo residencial de 2.000 viviendas en Marbella Este, con un 40 % destinado a vivienda protegida. El Ayuntamiento, dijo, ha dado luz verde a la “conveniencia y oportunidad” del proyecto en Arroyo Sequillo. Lenguaje técnico que suele traducirse como: esto va en serio. Hubo más promesas : La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales contará con una inversión de la Junta de Andalucía superior a 600.000 euros. Seis comunidades de Divina Pastora y Santa Marta adaptarán accesos, instalarán rampas o incorporarán ascensores. La alcaldesa se reunió con la delegada provincial de Fomento, María Rosa Morales , y con vecinos para revisar los proyectos. Pero no todo el mundo compra el optimismo institucional. Ana Leschiera denunció retrasos, falta de compromisos claros y lo que define como una confusión peligrosa entre prudencia técnica e inacción política. Señaló, por ejemplo, el paso de peatones en la intersección de la Avenida Oriental con la calle Ángel Carmona, donde un cambio de rasante reduce la visibilidad. Riesgo evidente, solución sencilla: reubicar el paso. Respuesta oficial: hace falta un estudio más amplio. Los socialistas replican que la seguridad vial no admite calendarios abiertos. En el terreno ideológico Manuel Núñez calificó la cesión de suelo público para un colegio sueco internacional privado como “un pelotazo urbanístico”. Durante 50 años, los suecos pagarán 181.577 euros anuales. Para Núñez, el debate no es contable, sino de modelo de ciudad. Maica Machuca lo resumió con precisión quirúrgica: no es una cuestión de números, sino de prioridades políticas. La sanidad cerró la semana con un tono más agrio. Isabel Pérez y Josele Aguilar rechazaron el argumento de que “no hay médicos”. Los hay, dijeron, pero no aceptan condiciones precarias ni contratos inestables. Aguilar lanzó una pregunta incómoda: ¿faltan médicos en la sanidad privada, en hospitales como Quirón o Asisa? La respuesta, implícita, fue no. Ambos recordaron promesas incumplidas del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla . La ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol se anunció como un gran logro, aunque buena parte de la financiación procede de fondos europeos canalizados por el Gobierno central. El déficit de profesionales persiste, tanto en el hospital como en el centro de salud de Ricardo Soriano.

Marbella. - El anuncio realizado por la concejala de Igualdad Social, Isabel Cintado, puede leerse como un intento de convertir el Día para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres en una herramienta de intervención social. Con mucha frecuencia se habla de la brecha salarial como un dato económico, dejando de lado el valor del trabajo sobre quién accede a la estabilidad y sobre quién queda atrapado/a en la precariedad. Por ello Cintado insiste en que la desigualdad salarial “no es una cifra abstracta”, y que apunta a una verdad muy incómoda. Detrás de los porcentajes hay trayectorias vitales frágiles, carreras interrumpidas y un futuro marcado por pensiones más bajas. Por eso estos eventos adquieren relevancia. El programa municipal que incluye talleres de alfabetización digital y espacios de empoderamiento colectivo sugiere una comprensión más profunda del problema: la desigualdad retributiva no se corrige únicamente con leyes, sino ampliando las capacidades reales de las mujeres para competir, negociar y permanecer en el mercado laboral. La brecha empieza mucho antes de la nómina; empieza en el acceso a la información, a la formación y a las redes. La ponencia empresarial de Pepi Montes, organizada en colaboración con la Asociación REM, introduce otro matiz relevante. Al situar la conversación dentro del tejido productivo, el Ayuntamiento reconoce que la igualdad salarial no puede imponerse sólo desde lo público, que n ecesita aliados en la empresa privada. El proyecto Interlabora aporta un argumento convincente a favor de la utilidad social de estas políticas. Los datos —inserciones laborales, intermediación con empresas, derivaciones formativas— funcionan como antídoto frente al escepticismo habitual que rodea a las políticas de igualdad. No se trata solo de concienciar, sino de generar ingresos, autonomía y, en última instancia, dignidad económica. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la celebración es pragmática: reducir la brecha salarial no es solo una cuestión de justicia social; es una estrategia contra la pobreza, la exclusión y la dependencia económica. Tal vez esa sea la enseñanza más relevante de este programa: la igualdad salarial no es un gesto simbólico que se recuerda un día al año, sino una política pública con efectos medibles.

Marbella. - En la ciudad la accesibilidad universal empieza a abrirse paso no como una concesión privada, sino como una política pública con respaldo económico. La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales avanza ahora gracias a una inversión autonómica superior a los 600.000€, un dato que marca la diferencia entre la buena voluntad y la capacidad real de actuar. La financiación, procedente de la Junta de Andalucía, permitirá a seis comunidades de las barriadas de Divina Pastora y Santa Marta acometer obras que, en muchos casos, habrían sido inasumibles sin apoyo público. Adaptar accesos, instalar rampas o incorporar ascensores no solo exige planificación técnica, sino también recursos económicos que suelen recaer directamente sobre comunidades envejecidas y con rentas limitadas. La subvención, en este contexto, no es un complemento: es la condición que hace viable la intervención. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se reunió con la delegada provincial de Fomento, María Rosa Morales, y con representantes vecinales para analizar el estado de los proyectos. Muñoz subrayó que estas actuaciones permitirán “mejorar la vida cotidiana” de personas que necesitan soluciones funcionales para poder moverse con autonomía dentro y fuera de sus hogares, un recordatorio de que la accesibilidad no es un asunto técnico, sino social. Morales explicó que las ayudas se enmarcan en la línea autonómica de accesibilidad en edificios residenciales y confirmó que una de las comunidades ya ha iniciado las obras, mientras el resto ultima los trámites administrativos. Anunció además nuevas convocatorias, una señal de continuidad que amplía el alcance de una política que hasta ahora había avanzado de forma fragmentaria. Que estas actuaciones estén subvencionadas tiene un efecto estructural: traslada la responsabilidad de la accesibilidad del ámbito privado al público. Las obras previstas —rampas, ascensores, sistemas de comunicación adaptados— son intervenciones discretas, sin embargo, su impacto es importante. Al financiarse con fondos públicos, estas mejoras dejan de ser una excepción y se convierten en una política que redefine qué significa habitar la ciudad: no como un privilegio condicionado a la capacidad de pago, sino como un derecho respaldado por recursos comunes.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Latinpress.es frente a la expansión sostenida que vive San Pedro Alcántara y, frente a un mayor volumen de desplazamientos de tráfico rodado, le preguntó a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, qué tipo de planes tienen pensado para atajar este problema especialmente en las horas punta. No hay sampedreño que no se queje del colapso del tráfico en horas punta, lo que antes era un trayecto asumible hoy es un embotellamiento diario que afecta tanto a los desplazamientos internos como a quienes cruzan el núcleo urbano camino de otros municipios de la Costa del Sol. Muñoz señaló que, aunque desde el ámbito municipal se trabaja en soluciones parciales: nuevos viales de servicio paralelos, previstos en el futuro planeamiento urbano, que permitan mejorar la conexión entre urbanizaciones y aliviar la red interna, sin duda que hay que replantearse vías de acceso que que complementen el actual distribuidor para aliviar las horas puntas municipal, pero el verdadero cuello de botella está fuera del alcance del Ayuntamiento. Las arterias clave —la A-7 y la autopista AP-7— son competencia exclusiva del Estado. La AP-7, concebida como vía de alta capacidad, permanece infrautilizada por una razón sencilla: su coste. La ausencia total de bonificaciones o subvenciones hace que miles de conductores opten por la A-7, saturándola aún más. Una política de descuentos, especialmente para los desplazamientos cotidianos entre Marbella, San Pedro y municipios como Estepona, tendría un impacto inmediato en la fluidez del tráfico. La solución existe, pero no se aplica. A esta falta de medidas se suma un proyecto largamente olvidado: el desdoblamiento del tramo entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús. El plan está redactado, cuenta con el visto bueno técnico y lleva años archivado en los despachos del Ministerio de Fomento. Su coste, estimado en torno a los 20 millones de euros, nunca fue un impedimento real. La parálisis ha sido política, no presupuestaria, ha dicho la alcaldesa. Desde el ámbito local se insiste en que esta infraestructura es prioritaria. Sin una respuesta decidida del Estado, San Pedro y Marbella corren el riesgo de que su desarrollo —lejos de ser una oportunidad— se convierta en un problema crónico de movilidad y calidad de vida. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos al proyecto que está en un cajón del Ministerio de Fomento. Lo que sí le puedo garantizar es que cuando haya cambio de gobierno una de las primeras peticiones que haré será el desdoblamiento entre puerto banús y el San Pedro.