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LatinPress®. 30 / 5 / 2018. LatinPress.es
   

En Nicaragua han muerto 81 manifestantes

 

Latinpress. 30 / 5 / 2018. Amnistía Internacional (AI) ha informado que las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado que las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y —con frecuencia— letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. El gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones.

Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.

Amnistía Internacional documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existen indicios de que la policía y los grupos parapoliciales hayan cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales.

La Dra. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, declaró que “La policía empezó tirando bala de goma. Pero esa violencia escaló al día siguiente. El 19 de abril hubo varios muertos. Daniel [Ortega] pudo haber parado la represión ese día. Pero no lo hizo. Al día siguiente la policía tiró balas de fuego. La orden era a matar”.

En un caso, el 20 de abril, Juan Carlos López y Nelson Tellez recibieron disparos en el pecho cuando caminaban por Ciudad Sandino, donde se estaba celebrando una protesta. Juan Carlos murió en el hospital ese mismo día, mientras que Nelson vivió hasta el 2 de mayo. Antes de morir, Nelson dijo a su esposa que había reconocido al hombre que les había disparado como un miembro de la policía nacional destacado en Ciudad Sandino, aunque en esos momentos el hombre en cuestión vestía de civil.

El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo demonizaron reiteradamente a las personas que se manifestaban y negaron que se hubiera matado a gente, mientras las autoridades públicas negaban a las víctimas la atención médica, manipulaban pruebas y se negaban a ordenar autopsias y otros exámenes forenses.

El uso de grupos parapoliciales, conocidos también como “turbas sandinistas”, ha desempeñado un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, pues las autoridades les han permitido atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando así tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques.

Durante las primeras semanas de la crisis, las autoridades también violaron el derecho de la población a acceder a la información bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields.

La organización global de derechos humanos concluyó que, el 20 de abril, al menos tres hospitales públicos se negaron a tratar a personas que habían resultado heridas de gravedad durante las manifestaciones, incluido Álvaro Conrado, de 15 años, a quien dispararon cuando daba agua a los manifestantes. Al parecer, los guardias de seguridad negaron a Álvaro el acceso al hospital público de Cruz Azul, y el muchacho murió ese mismo día en el hospital privado de Bautista. El personal de este último hospital dijo a AI que Álvaro podría haber sobrevivido si lo hubieran tratado antes.

Exportaciones de material anti-disturbios español a Nicaragua


En 2016 se exportaron: 1,47 millones de euros en cartuchos antimotín y artificios triples lacrimógenos para la policía y una donación de artificios alta emisión CS, bocachas y artificios lacrimógenos.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que investigue el uso dado al material exportado así como que informe de las medidas tomadas  para el seguimiento de su uso y las medidas de mitigación del riesgo de uso indebido que se han adoptado.


 
 





 
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