Marbella.- Los diputados, nacional y local, Gristóbal Garre y Manuel Cardeña, del Partido Popular, han puesto sobre la mesa dos asuntos sensibles para Marbella y la Costa del Sol: la seguridad y la protección del litoral.

Para ambos portavoces todo lo que funciona mal es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y todo lo que funciona bien lleva el sello de Juan Moreno Bonilla.

Garre y Cardeña, han acusado al Gobierno central de abandonar a la provincia en materia de seguridad y han advertido de que los supuestos recortes estarían dando “vía libre” al crimen organizado para asentarse en la Costa del Sol y en el litoral andaluz.

La recuperación del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur), la unidad disuelta en 2022 por el ministro Marlaska, les ha valido de explicación principal de la evolución del crimen organizado; una postura cuando menos discutible porque la seguridad no depende de una única unidad policial ni puede medirse exclusivamente por el número de agentes desplegados. 

Además, aparece una paradoja: la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) asegura en agosto pasado que la cocaína incautada en Andalucía se ha multiplicado por 2,7 desde 2020, mientras las detenciones han disminuido un 15%, es decir, se incauta mucha droga, pero se detiene proporcionalmente a menos personas. Valorando este dato el discurso de Cardeña va más hacia el apoyo de Juanma Moreno que ha pedido a Pedro Sánchez la recuperación de OCON-Sur, máxime si el mismo ministerio del interior señala que el tráfico de drogas en Andalucía ha caído un 7.8% en relación a 2025, algo parecido ha sucedido en Málaga donde el primer trimestre de 2026 registró 65 casos menos que en 2025.

También resulta llamativo la presunta mayor presencia del crimen organizado, si esto es cierto queda por ver si el único responsable de estos casos es una sola Administración.

Los espigones 

En materia de playas, Garre señaló que el Gobierno de Rajoy anunció en 2018 la tramitación de los espigones para proteger las playas de Marbella y San Pedro de Alcántara, lamentando que, “ocho años después, Sánchez los mantiene sin ejecutar, al igual que sigue negando el necesario plan de estabilización de nuestro litoral.

Cristóbal Garre hace un reduccionismo político que lleva todo a un enfrentamiento Sánchez-Marbella, olvidando que la protección del litoral no empezó en 2018 ni terminará cuando finalmente se construyan unos espigones. Basta con ir a las noticias del propio Ayuntamiento de Marbella para encontrar reseñas de la alcaldesa Ángeles Muñoz hablando sobre el tema en marzo de 2013 cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Loas a Moreno Bonilla

Más reveladora resulta la intervención de Manuel Cardeña cuando contrapone la política presupuestaria de la Junta con la del Gobierno central. 

Cardeña presenta a Juanma Moreno como el presidente que aprueba “presupuesto tras presupuesto” e invierte en Málaga frente a un Ejecutivo central que no actualiza sus cuentas estatales desde 2023.

Una comparación que sirve de poco y tiene mucho de trampa: una Administración autonómica y el Estado no tienen las mismas competencias, estructuras presupuestarias ni obligaciones.

Mezclar en el mismo balance hospitales, centros de salud, colegios, seguridad, espigones y recaudación tributaria produce un inventario de agravios más que un análisis de políticas públicas.

Cardeña, sin medir su discurso ha ido más lejos, exigiendo al Ejecutivo socialista que revierta en esta provincia todo lo que recauda en materia fiscal, más de 6.000 millones euros el pasado año.

Quizá Cardeña olvida que Hacienda recauda IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, impuestos especiales, etc., y esos ingresos no quedan territorialmente asignados a la provincia que los genera. Quizá no sabe que con ese dinero se financian las pensiones o prestaciones de la Seguridad Social, la sanidad y educación mediante transferencias y financiación territorial o, el desempleo.

Por tanto, no es correcto dejar caer que los 6.000 millones puedan haber ido a Cataluña, así como tampoco es correcto decir que esos 6.000 millones deberían volver íntegramente a Málaga en forma de inversiones.