Marbella. - El tráfico ha dejado de ser solo un problema de movilidad para convertirse en un campo de batalla político. En los últimos días, la alcaldesa Ángeles Muñoz situó al Ministerio de Transportes en el centro de las responsabilidades por el colapso diario en las horas punta entre San Pedro Alcántara y Marbella, apuntando directamente al ministro Óscar Puente. Para Muñoz el problema está fuera del ámbito municipal. La autopista, las infraestructuras estatales y las decisiones de Madrid aparecen como las causas principales de una situación que, según el relato oficial, escapa al control del Ayuntamiento. Pero esta estrategia de desplazamiento de responsabilidades no convence a la oposición. Para la portavoz socialista Isabel Pérez, el señalamiento al ministro es un ejemplo más de una forma de gobernar basada en “echar balones fuera” cuando la realidad cotidiana desborda el discurso institucional. Así le respondió Pérez a Latinpress.es. “El tráfico en Marbella es horrible y no lo va a arreglar el que venga un ministro, ni que se abra o no la autopista”, afirma la concejala. Acusando directamente al equipo de gobierno local y a la Junta de Andalucía, ambos gobernados por el Partido Popular, que utilizan otras administraciones como cortafuegos político. Culpar arriba para no mirar abajo Según la líder socialista, responsabilizar al ministro Puente permite esquivar una cuestión más incómoda: la ausencia de una política municipal eficaz de movilidad. “Aquí hay mucho trabajo interno que hacer”, insiste, transporte público saturado, autobuses que pasan llenos sin poder recoger pasajeros, falta de alternativas reales al vehículo privado y una planificación que no ha crecido al ritmo de la ciudad. El ejemplo que aporta es revelador por su sencillez: Yo misma, intenté coger un autobús urbano y vi pasar dos completos sin poder subir. No es un fallo excepcional, sino una escena recurrente que retrata las limitaciones del sistema actual. Para Pérez, ese tipo de problemas no dependen del Ministerio ni de visitas ministeriales, sino de decisiones locales. El intercambiador En este contexto se inscribe también el eterno proyecto del intercambiador de transportes, Pérez no cuestiona su necesidad, sino su uso político: fechas que se anuncian y se incumplen, compromisos que se renuevan sin materializarse. “No nos creemos nada, ni cuando las atrasan ni cuando proponen nuevas fechas”, señaló. La crítica es transversal: ni la Junta ni el Ayuntamiento han cumplido los calendarios que ellos mismos fijaron. El resultado es una infraestructura que siempre está a punto de empezar y un sistema de movilidad que sigue funcionando sin el nodo que se considera esencial desde hace años. Para la oposición socialista, el recurso a Óscar Puente como responsable último del caos circulatorio revela más una estrategia defensiva que una voluntad de solución.

MARBELLA — La delegación de Empleo de Marbella ha puesto en marcha una nueva edición del programa “T-Acompañamos”, un proyecto gratuito diseñado para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad. El programa está promovido por la asociación Sinergia Soluziona y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella, que ha apoyado la iniciativa desde su inicio. La decisión de ampliarlo llega después de los resultados obtenidos en su primera fase, centrada en jóvenes desempleados del municipio. Según explicó el director general de Empleo, Alejandro Freijo, 42 jóvenes participaron en esa etapa inicial, derivados desde la propia delegación de Empleo y desde el programa Eracis de la concejalía de Derechos Sociales. De ellos, 28 lograron incorporarse al mercado laboral, una tasa de inserción del 66 por ciento. “Las cifras son muy positivas, pero lo más importante son las personas que hoy tienen un empleo gracias a este programa”, señaló. La nueva edición amplía ahora el perfil de los beneficiarios. Además de jóvenes, el programa se dirige a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, beneficiarios de prestaciones sociales, migrantes y ciudadanos en riesgo de exclusión social. El objetivo, subrayó Freijo, es “garantizar que el crecimiento de Marbella sea inclusivo y llegue a quienes encuentran más barreras para acceder al mercado laboral”. El modelo del programa se apoya en un itinerario integral de acompañamiento. Cada participante recibe orientación personalizada, formación adaptada a su perfil y un seguimiento individualizado que se mantiene hasta la inserción laboral. “La clave está en no soltar la mano del usuario”, afirmó Freijo. “Se trabaja con él de forma constante hasta que se produce la contratación”. La iniciativa se enmarca en un contexto que el Ayuntamiento define como favorable. Marbella viene registrando, según datos municipales, los mejores niveles de empleo de los últimos años, con descensos interanuales del paro incluso fuera de la temporada alta turística, un indicador de mayor estabilidad en el tejido económico local. Desde la vertiente técnica, Ainhoa Alcoba, responsable del programa en la ciudad, explicó que cualquier persona que cumpla los requisitos puede informarse en las delegaciones municipales de Marbella y San Pedro Alcántara. “Realizamos una entrevista inicial, explicamos el proyecto y, una vez validado el perfil, comenzamos con un itinerario totalmente personalizado”, indicó. En una ciudad que busca reducir su dependencia de la estacionalidad y ampliar las oportunidades laborales más allá del turismo, “T-Acompañamos” se presenta como una apuesta por el acompañamiento cercano y sostenido como herramienta contra el desempleo estructural. Más información: tecnico31@sinergiasoluziona.com y tecnico32@sinergiasoluziona.com o en los teléfonos 624 545 511 y 614 194 097. También pueden solicitar más detalles en: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2nGgNqkrvEiItqWBydvbTZqgiOMg5BVFm05y3D5xlm5UNjRWVU1MUktZT01GUjQ2NjFJTFpTNVRVNi4u.

Marbella. - En una ciudad asociada durante décadas al lujo y al turismo internacional, encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos incluso para quienes trabajan a tiempo completo. Jóvenes con contratos estables, familias con dos sueldos y trabajadores del sector servicios se ven cada vez más empujados a abandonar el municipio o a aceptar condiciones de vida precarias. Es en este contexto donde Isabel Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca frenar lo que describe como una “expulsión silenciosa” de residentes: la creación de una Empresa Municipal de Vivienda con capital íntegramente público. La líder socialista sostiene que el mercado inmobiliario local ha roto cualquier vínculo con la realidad salarial del municipio. Marbella, explica, depende en gran medida del sector servicios, cuyos sueldos medios no han seguido el ritmo del encarecimiento de la compra y, sobre todo, del alquiler. El resultado es una brecha que afecta de lleno a la juventud, incapaz de emanciparse incluso trabajando, y a familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de la vivienda. La presión no se limita al núcleo urbano principal. En San Pedro Alcántara, tradicionalmente considerado una alternativa más asequible, los precios también se han disparado, reduciendo aún más las opciones para quienes desean permanecer en su ciudad de origen. Pérez subraya que, pese a la capacidad económica y al peso institucional del municipio, Marbella carece de un organismo público específico que gestione suelo municipal, promueva vivienda protegida o articule programas de alquiler asequible, una herramienta habitual en otras grandes ciudades españolas. “Sin una estructura estable, la política de vivienda queda reducida a actuaciones puntuales y sin continuidad”, advierte. La propuesta socialista pasa por crear esa empresa pública cuando la situación financiera lo permita, una circunstancia que Pérez vincula directamente a lo que califica como una mala gestión económica del actual gobierno local, encabezado por Ángeles Muñoz. A su juicio, las restricciones presupuestarias actuales han limitado la capacidad del Ayuntamiento para responder a una emergencia habitacional que ya tiene efectos visibles en la cohesión social del municipio. El plan incluye la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de un Plan Estratégico Municipal de Vivienda que analice con datos la situación real de Marbella y San Pedro Alcántara. Las prioridades Entre las prioridades figuran el impulso de viviendas destinadas a jóvenes, la ampliación del parque público de alquiler, la rehabilitación de inmuebles en desuso y el establecimiento de mecanismos de adjudicación transparentes. Además, la iniciativa apuesta por reforzar la colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para captar fondos públicos que permitan sostener una política de vivienda a largo plazo. El objetivo, resume Pérez, es evitar que vivir en Marbella se convierta en un privilegio reservado a unos pocos y garantizar que quienes trabajan y construyen la ciudad puedan también seguir habitándola.

Marbella. - Durante años, las líneas eléctricas aéreas han sido una presencia tan habitual como incómoda en Marbella: torres metálicas junto a viviendas, cables sobre plazas y apoyos de alta tensión integrados —a la fuerza— en barrios consolidados. Hoy, el Ayuntamiento asegura estar revirtiendo ese modelo mediante un proceso progresivo de soterramiento de la red eléctrica. El plan municipal contempla más de siete kilómetros de líneas enterradas y la eliminación de hasta 50 torres eléctricas, una intervención que afecta tanto a infraestructuras de alta como de media tensión. Según el área de Urbanismo, estas instalaciones discurrían en muchos casos a escasa distancia de colegios, zonas verdes y espacios residenciales, condicionando el uso del suelo y generando una percepción constante de riesgo. El responsable de Proyectos e Infraestructuras, Ignacio Díaz, ha subrayado que el soterramiento no debe leerse únicamente como una operación estética. Enterrar la red eléctrica implica liberar espacio urbano, reducir servidumbres técnicas y avanzar hacia un modelo de ciudad donde las infraestructuras sean funcionales sin imponerse visual ni físicamente al entorno. Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en la avenida del Prado, en Nueva Andalucía, donde se están soterrando 1,2 kilómetros de líneas de alta tensión. El proyecto prevé la retirada de nueve apoyos eléctricos y la modernización de otros tres, sustituyendo estructuras obsoletas por sistemas menos invasivos. Las canalizaciones y el cableado ya están instalados, y los trabajos de asfaltado marcan la fase final de una actuación que transformará por completo la fisonomía del área. El Ayuntamiento insiste en que no se trata de actuaciones aisladas, sino de una estrategia a medio plazo que aprovecha los nuevos desarrollos urbanísticos para corregir los déficits heredados. Allí donde es técnicamente viable, se entierran tanto las nuevas líneas como las antiguas; donde no lo es, se sustituyen los apoyos por otros más seguros y compatibles con el entorno urbano,adelantó Díaz. El impacto directo se estima entre 10.000 y 15.000 vecinos beneficiados, especialmente en zonas residenciales próximas a equipamientos públicos.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Al menos en 5 oportunidades anteriores se fijaron fechas que fueron presentadas como definitivas para la construcción de estas obras. Ninguna ha resistido el paso del tiempo. La decisión actual se considera un paso administrativo relevante, aunque aún preliminar, para la modernización del sistema de transporte público en San Pedro. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recordó que el Ayuntamiento cedió los terrenos situados en la zona conocida como El Cielo de San Pedro a la Junta de Andalucía, en virtud de un convenio firmado con la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El enclave, próximo a la A-7 y a la carretera de Ronda (A-397), fue definido como estratégico para conectar San Pedro con el resto de la Costa del Sol y el interior de la provincia. San Pedro carece de un equipamiento capaz de centralizar el transporte público, pese a soportar un volumen diario de desplazamientos muy superior al que corresponde a su población censada. La previsión oficial es disponer del proyecto técnico en unos cuatro meses, con el objetivo de licitar las obras en 2026 adelantó la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El compromiso ha sido presentado durante años como la respuesta estructural a la congestión, la dispersión de líneas y la dependencia del vehículo privado. Pero su historia es, sobre todo, una sucesión de comienzos anunciados que nunca han llegado a producirse. La primera promesa formal se sitúa en abril de 2021, cuando la alcaldesa Ángeles Muñoz y la entonces consejera Marifrán Carazo firmaron un protocolo para impulsar la infraestructura con una inversión estimada entre 750.000 euros y un millón, y el compromiso de arranque cercano. El intercambiador lo presentó Muñoz como una corrección urgente a “décadas de abandono”. En noviembre de ese mismo año, desde la delegación de Transportes liderada por Enrique Rodríguez, Rodríguez se aseguró que el proyecto ya figuraba en los presupuestos autonómicos de 2022 y que la adjudicación y el inicio de las obras estaban previstos en ese ejercicio. Transcurrió 2022 y llegó 2023 cuando saltó la tercera noticia sobre el intercambiador: la cesión gratuita del suelo municipal a la Junta de Andalucía, aprobada en Pleno en septiembre. De nuevo transcurrió otro año hasta mayo de 2024 cuando el consistorio habló de una firma “inminente” del convenio y de una inversión que superaría el millón de euros. Cuatro meses después, en septiembre, la alcaldesa afinó la promesa con una quinta promesa: las obras comenzarían en 2025, con una dotación de 1,5 millones. Un compromiso tampoco materializado. En febrero de 2025 Muñoz firmó junto a la consejera Rocío Díaz, la redacción del proyecto a lo largo de ese año asegurando que las obras saldrían a licitación en el primer cuatrimestre de 2026. El resultado es una infraestructura que siempre está “a punto de empezar” y un modelo de transporte público que continúa funcionando sin el nodo central que se considera esencial desde hace más de cuatro años. De nuevo se ha repetido que el intercambiador contará con seis dársenas cubiertas, dos espacios adicionales para autobuses sin salida inmediata y un edificio central con servicios básicos para viajeros y personal: aseos, punto de información, venta de billetes y vigilancia. El presupuesto estimado ha subido hasta los 1,7 millones euros, una cifra que se concretará tras la finalización del proyecto, cuya redacción ha sido adjudicada a Huete Arquitectos por algo más de 41.000 euros. La Junta asume la ejecución de la obra; el Ayuntamiento, una vez finalizada, su gestión y mantenimiento. En paralelo, el Consistorio prevé urbanizar una parcela anexa con 270 plazas de aparcamiento, una infraestructura complementaria en un entorno marcado por la congestión en horas punta. El futuro intercambiador está llamado a atender más de un centenar de expediciones diarias en días laborables, un volumen que se incrementa notablemente en verano. Desde San Pedro parten rutas provinciales, interprovinciales y estatales que conectan con Marbella, Málaga, Ronda, Fuengirola y Torremolinos, además de enlaces con Cádiz, Sevilla, Granada o el Campo de Gibraltar. El proyecto se plantea como una necesidad de reordenar la movilidad en un territorio donde el crecimiento urbano y la dependencia del vehículo privado han avanzado más rápido que la planificación del transporte colectivo. El intercambiador no resolverá por sí solo los problemas estructurales de tráfico en la Costa del Sol occidental, pero supone un paso —tardío— hacia un modelo más racional de movilidad pública en San Pedro Alcántara.

San Pedro Alcántara. Marbella.— Durante meses, los escaparates del barrio de Fuente Nueva han permanecido abiertos mientras sus calles estaban cerradas. Las obras públicas, concebidas para mejorar el entorno urbano, han tenido un efecto colateral previsible: la asfixia progresiva del pequeño comercio. Ahora, con parte del tráfico restablecido el debate se desplaza del plano técnico al económico. El PSOE San Pedro Alcántara ha exigido a la Tenencia de Alcaldía un plan urgente de apoyo a los negocios afectados, al considerar que la reapertura parcial no repara el daño acumulado durante un largo periodo de interrupciones, accesos limitados e incertidumbre constante. La crítica no se centra únicamente en las molestias propias de una obra, sino en su gestión., según ha señalado Ana Leschiera, vicesecretaria general socialista y representante en la Junta de Distrito, los comerciantes han soportado “unas obras mal planificadas y una información poco clara sobre los plazos reales”. En términos económicos, esa falta de previsión se ha traducido en menos clientes, menos ventas y, en algunos casos, en la inviabilidad misma de los negocios. En la Junta de Distrito, el grupo socialista exigió un calendario definitivo y transparente para concluir las actuaciones pendientes y, además, una batería de medidas para reactivar una zona comercial debilitada. La propuesta incluía campañas de promoción conjunta, actividades de dinamización y acciones para devolver visibilidad y flujo de público a Fuente Nueva. Estas iniciativas fueron aprobadas. Sin embargo, el núcleo más sensible —las compensaciones económicas y el apoyo directo a los comerciantes— quedó fuera. El equipo de gobierno rechazó estudiar bonificaciones temporales en tasas municipales u otras medidas de alivio financiero, pese a reconocer el impacto negativo de las obras. La paradoja es evidente: se admite el perjuicio, pero se descarta la reparación. Para los socialistas, esta postura revela una concepción limitada del papel de la administración local, más centrada en concluir infraestructuras que en asumir sus efectos sobre la economía cotidiana. “No basta con intervenir el espacio público sin hacerse cargo de las consecuencias privadas”, sostienen. Leschiera ha advertido que vigilará el cumplimiento de los acuerdos aprobados, advirtiendo a la experiencia conocida de iniciativas que superan el trámite político pero se diluyen en la ejecución. En Fuente Nueva, donde algunos comerciantes han resistido meses de caída de ingresos, el margen para la dilación es escaso.

Marbella. – La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha advertido que el aislamiento ferroviario de Andalucía y la grave situación del litoral están provocando un fuerte impacto económico en la provincia y la desincentivación de demanda de turistas nacionales, con pérdidas superiores a los 300 millones de euros en cuanto a reservas del alojamiento turístico malagueño y un deterioro creciente de la demanda. La patronal hotelera alerta de una caída de reservas de hasta el 20% en la provincia de Málaga en los primeros meses del año y reclama medidas urgentes para restablecer la conectividad, y proteger la competitividad del destino. Así lo ha expuesto en la reciente Comisión Permanente del Foro de Turismo Costa del Sol, reunida en la sede de Turismo Costa del Sol, donde se mostró la máxima preocupación por el retraso en la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz, que mantiene a la provincia sin conexión ferroviaria total de alta velocidad y sin fecha oficial de restablecimiento. Caída de reservas Según Aehcos, la ralentización de la demanda turística en el primer trimestre del año y hasta la primera decena de Abril está provocando una caída de las reservas de entre el 15% y el 20%, lo que supone más de 300 millones de euros en pérdidas de demanda del alojamiento turístico en la provincia de Málaga. Málaga capital registra una afectación superior al 20%, el interior provincial se sitúa entre el 15% y el 20% y la costa por debajo del 15%. “Teniendo en cuenta que los meses de enero, febrero y marzo suponen el 21% del impacto total anual del sector del alojamiento turístico, las previsiones de negocio para el primer trimestre del 2026 se estimaban en unos 1.750 millones de euros a finales de diciembre del pasado año. Sin embargo, teniendo en cuenta la ralentización de la demanda para los tres primeros meses del año y hasta Semana Santa, actualmente las previsiones arrojan un descenso de entre el 15 y el 20%. Las pérdidas en el mercado nacional rondarían los 255 millones de euros (el 80%) a las que habría que sumar, alrededor de 45 millones de euros del turismo internacional”, ha precisado José Luque, presidente de Aehcos. Clave andaluza La suspensión de más de 31.000 plazas diarias de tren en el corredor Madrid–Andalucía, el incremento del tiempo de viaje de dos horas y media a más de seis por carretera y más de cinco horas con la intermodalidad, y la falta de certidumbre sobre la reapertura están reduciendo la competitividad del destino y frenando especialmente las escapadas cortas, el turismo urbano y el segmento MICE. El ritmo de entrada de reservas muestra además una desaceleración cercana al 30% en los primeros meses del año. Consecuencias del temporal Tal y como se ha precisado en el informe presentado por José Luque ante la Comisión Permanente del Foro de Turismo Málaga Costa del Sol, las precipitaciones de las últimas semanas han provocado una caída de la satisfacción turística y daños en diversos establecimientos hoteleros, especialmente en Ronda y el Valle del Guadalhorce, con una estimación inicial de un millón de euros en pérdidas, además del deterioro de senderos y accesos vinculados al turismo activo. Sin embargo, han mejorado notablemente la situación de los embalses, multiplicando por 3,5 los niveles de 2025 y garantizando el abastecimiento para los próximos cinco o seis años. Ante esto, desde la patronal se insiste en que esta mejora no debe frenar las inversiones previstas en depuración, modernización de redes, desalación y eficiencia hídrica. Mesa de Playas El temporal ha dejado una situación extremadamente precaria en el litoral occidental, con pérdida de arena, daños en infraestructuras, afección a paseos marítimos y tramos de la Senda Litoral destruidos, por lo que los profesionales del sector consideran prioritario convocar de forma urgente la Mesa de Playas para coordinar actuaciones de regeneración, estabilización del litoral y planificación a medio y largo plazo, con el objetivo de no comprometer la temporada alta.

Lo que los seres humanos estamos viviendo y observando a través de los medios de comunicación y de las redes cibernéticas —propiedad de millonarios que informan según sus conveniencias e intereses, siempre con la tendencia de incrementar sus fortunas y su poder político— conlleva, inevitablemente, el ocultamiento de la verdad y el mantenimiento de los ciudadanos en un engaño que se ha vuelto costumbre. Todo lo que dicen y hacen quienes llegan a ostentar el poder, ya sea otorgado por los ciudadanos o, en otras ocasiones, obtenido por la fuerza y/o el fraude, resulta profundamente contradictorio cuando la realidad cotidiana nos dice lo contrario; una realidad que vivimos, sentimos y padecemos día a día. Seguir presenciando, aunque sea desde la lejanía, guerras entre países en las que se asesina a niños, ancianos, mujeres y jóvenes —personas que no forman parte de ningún ejército— únicamente por la ambición de adueñarse de territorios, petróleo, gas o minerales, estremece el corazón. Sin embargo, de manera alarmante, nos hemos ido acostumbrando a ello. Somos también testigos no presenciales de un “bloqueo” perverso y obsceno impuesto por Estados Unidos contra una pequeña isla: Cuba. Un bloqueo que prohíbe a los países del mundo brindar cualquier tipo de apoyo, bajo la amenaza de imponerles “aranceles” (impuestos), y que incluso ha sido acompañado por expresiones carentes de todo sentimiento humanitario hacia otros seres humanos, como: “los vamos a exterminar”, después de casi 60 años de asedio continuo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que debería fungir como árbitro para garantizar la paz y la justicia, no ha sido capaz de impedir que un solo voto de los EE.UU. tenga más peso que el de 193 países, incluidos aquellos que forman parte del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Reino Unido, Francia y el propio EE.UU. Es evidente que queda mucho por corregir y reformar en esa organización. Si nos circunscribimos a México, y aun cuando los ciudadanos finalmente perdieron el miedo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), coludido con el Partido Acción Nacional (PAN) y con los partidos rémora —el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo—, vividores del erario público durante largas décadas y cómplices de fechorías, delitos, imposiciones, represiones, fraudes, nepotismo y autoritarismo, transitamos este cambio sin revoluciones armadas, pero dejando atrás miles de asesinados que lucharon contra ese régimen represor. Con la llegada al poder de un gobierno emanado de un movimiento ciudadano, ajeno a esos partidos mencionados, y que fue denominado por su líder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se enfatizó que con este nuevo gobierno se llevaría a cabo una Cuarta Transformación. Con beneplácito se recibió dicha propuesta y, dispuestos a participar en esa tan esperada y deseada transformación, se esperaba que los militantes morenistas fueran llamados a ser constructores activos de la misma. Para sorpresa de muchos y molestia de casi todos, comenzó a observarse lo que jamás se esperó: millonarios empresarios, priistas y panistas invitados por AMLO a formar parte de su gabinete y a ocupar diputaciones y senadurías. “En el pecado llevó la penitencia” el Presidente, pues la traición no se hizo esperar y estos mismos personajes arremetieron posteriormente contra él. Las traiciones y los fraudes de sus antiguos aliados priistas continúan hoy arremetiendo contra la actual Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien no dejan de calumniar llamándola “narca presidenta”. Otro tanto ocurre en el Congreso, donde los prianistas no cesan de gritar en las asambleas plenarias del Senado y de la Cámara de Diputados: “bancada de narco-morenistas”. Resulta extraño —no solo para la militancia morenista, sino también para la ciudadanía simpatizante— que no se dé una respuesta firme, debida y dentro del marco de la ley a estas difamaciones y calumnias que, de manera reiterada, se les lanzan públicamente. Muchos de estos opositores, entre ellos varios exgobernadores, deberían estar en la cárcel por delitos cometidos; sin embargo, no solo no lo están, sino que ocupan hoy escaños como senadores o diputados. A esto se suma que las nefastas “alianzas” que la directiva nacional de MORENA ha venido realizando con esos partidos rémora —ya mencionados— han derivado en que estos mismos se conviertan en los principales opositores a iniciativas enviadas al Congreso por la Presidenta, tales como la Reforma Electoral, la eliminación del nepotismo y la reforma laboral en la que los trabajadores demandan una jornada de 40 horas semanales con dos días de descanso. El PT y el PVEM, a regañadientes, la aceptan, pero hasta el año 2030. Al contemplar el panorama político en México, sin lugar a dudas destacan dos aspectos fundamentales: hay mucho por hacer en este nuevo gobierno morenista, comenzando por expulsar a cuanto oportunista proveniente de los partidos opositores, verdaderos “caballos de Troya”. Los 35 millones de ciudadanos que votaron por Sheinbaum deben ser suficientes para defender este gobierno y para aprender a ejercer el poder sin titubeos, sin compromisos indebidos y sin decisiones tomadas a espaldas del pueblo, porque se nos ha dicho hasta el cansancio: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Saludos, conciudadanos. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. bnpb146@hotmail.com

Mijas. - Hay una diferencia fundamental entre una crisis inesperada y un abandono prolongado. Lo que ocurre en el albergue municipal de animales de Mijas pertenece, según la información disponible, a esta segunda categoría: un deterioro silencioso, sostenido durante años, que revela cómo el cuidado animal sigue ocupando un lugar marginal en la agenda del consistorio local. La denuncia pública realizada por el Partido Animalista PACMA no describe un episodio aislado de mala gestión, sino una cadena de decisiones —o de omisiones— que han terminado trasladando la responsabilidad institucional a quienes menos capacidad tienen para asumirla: los propios trabajadores del albergue. Que empleados públicos tengan que poner dinero de su bolsillo para alimentar a los animales no es un gesto heroico; es la evidencia de un fallo sistémico. El problema no es únicamente la falta de pago de facturas por parte del Ayuntamiento de Mijas, sino la normalización de esa falta de pago. Dos años de impagos no constituyen una irregularidad administrativa, sino una política de hechos consumados. Cuando los proveedores dejan de suministrar alimento y nadie desde la administración ofrece una solución inmediata, el mensaje implícito es claro: el bienestar animal puede esperar. Resulta especialmente preocupante que el problema solo emerja cuando una representante política acude a un pleno y la oposición fuerza preguntas difíciles de responder. La transparencia no debería depender de la insistencia de terceros, ni el acceso a la información pública convertirse en una carrera de obstáculos. En democracia, la rendición de cuentas no es opcional, menos cuando se trata de seres vivos bajo custodia municipal. El cuidado animal suele presentarse como una cuestión emocional, vinculada al activismo o a la sensibilidad personal. Pero este enfoque es engañoso. En realidad, se trata de una cuestión de gestión pública básica, presupuestos que se ejecutan, contratos que se pagan y servicios que funcionan. Cuando eso no ocurre, no estamos ante un debate ideológico, sino ante una administración que falla en sus obligaciones más elementales. El caso de Mijas debería servir como advertencia.