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OPINIÓN
 
LatinPress®. 15 / 6 / 2018. México. Blanca Nieves Palacios Barreda.

Las  perversidades  políticas


 

   

A punto de terminar con las campañas electorales, en las que se elegirán  el 1° de Julio de éste 2018, al nuevo Presidente de la República Mexicana, así como a Gobernadores, Presidentes Municipales, Diputados y Senadores.

Durante el desarrollo de las mismas, ninguno de los candidatos abordó ni por asomo, el enorme problema que los ciudadanos padecemos en cuanto a la impartición de la justicia, menos aún se habló de lo que ocurre en los centros penitenciarios.

Luchar contra toda una estructura judicial, encargada de impartir justicia,  que a fuerza de tantos años de aplicar esa “justicia” de manera totalmente parcial, no es nada fácil, sobre todo cuando hay una justa negación a acostumbrarnos a que la justicia, tiene precio.

Las cárceles, llamadas eufemísticamente,  Centros de Readaptación Social, desde el momento mismo en que han sido privatizadas y convertidas en  jugosos negocios de particulares, pierden ese carácter con el que  pomposamente se les señala, y se presume, por el solo nombre, como una verdadera “Reforma del Sistema Penitenciario”.

El marco de derecho en el que se supone vivimos los mexicanos, es una falsedad, desde el momento mismo en el que la ley se aplica con carácter de venganza, de castigo y de intereses políticos, que mantiene a salvaguarda a muchos individuos que han hecho de la política su modus vivendi y que, en aras de no perder el poder alcanzado, utilizan todo tipo de recursos  a su alcance para, a quien consideren puede poner en riesgo ese status político y económico alcanzado, mantenerlo aislado, silenciado, atemorizado, humillado, en esos Centros de Rehabilitación Social, por largos años, sin dictarles sentencia, alcanzando esos métodos de “impartición de justicia”, hasta los mismos familiares.

La corrupción en la impartición de la justicia en México, abarca a quienes forman parte del poder judicial,  son parte de las corporaciones policíacas,  Ministerios Públicos, Jueces, y hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nuestra sociedad está conformada por diversos grupos, y según al grupo al que pertenezcas será el trato que recibas por parte de las autoridades encargadas de aplicar justicia.

Cómo a las conveniencias políticas nada escapa, la justicia no sería la excepción y se aplica de manera diferenciada y estrictamente perversa contra: periodistas, estudiantes, maestros, guerrilleros, defensores de los derechos humanos, políticos caídos en desgracia y narcotraficantes.

Notaran ustedes que no hablamos de empresarios, ellos están a salvaguarda ante cualquier circunstancia, toda vez que, ellos con su poder económico son los que mueven esos hilos de la política, empezando desde la mismísima Presidencia de la República.

Ante las injusticias, asesinatos y desapariciones de personas de estos grupos, la sociedad suele ser solidaria y mediante manifestaciones, exige junto a los familiares el esclarecimiento del delito y una estricta aplicación de la ley.

Con los Políticos, que por fraudes llegan a pisar la cárcel, es otro el trato, con los millones sustraídos del erario público durante su desempeño como funcionarios, pagan un buen equipo de abogados, salen libres a disfrutar de lo robado y en muchos casos a incorporarse nuevamente a su actividad política.

Por los que no se hacen marchas, ni mítines, ni se exige una justa aplicación de la ley, son los narcotraficantes, esas  personas que, violando la ley con la complacencia y complicidad del grupo en el poder, tanto político como empresarial, que habiendo sido un fuerte soporte  en la economía del país, y que  al no asumir las autoridades de todos los niveles sus responsabilidades, han sido reconocidos personajes de éste grupo delincuencial quienes, se han dado a la tarea de construir: escuelas, carreteras, iglesias, dar aportaciones a Universidades y hospitales, a costear campañas políticas, y a pagar jugosas cantidades a quienes se supone los deben combatir.

Cuando a los perversos intereses de los hombres del poder  conviene,  los aprehenden, los torturan, los  mantienen privados de su libertad;  los aíslan por 15 o 20 años sin dictarles sentencia, para después de ese largo proceso decirles que  su sentencia es por 30 ó 40 años.

Ni defensa ni acusación de naturaleza alguna, simple observación de que, la justicia ha venido a ser parte de ésta  enorme laguna de corrupción en la que han convertido a México y los Centros de Readaptación Social en verdaderas Universidades del crimen.
bnpb146@hotmail.com Colaboración especial para LatinPress®.

   
 

 


 
     
 
LATINPRESS.es © Noticias y Análisis Nacionales e Internacionales. Marbella, Andalucía, España. Año 7. Marzo 2011 – Junio 2018.

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