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LatinPress®. 22 / 3 / 2018. LatinPress.es
   

Las grietas por donde se cuelan violaciones de derechos humanos en España

 

Latinpress. 22 / 3 /2018. Amnistía Internacional (AI) cumple 40 años desde su legalización en España en 1978. En este tiempo la organización se ha convertido en un referente en derechos humanos, ha actuado con independencia y ha contribuido, entre otros, a que 141 países hayan abolido la pena de muerte, a que en 2002 empezara a funcionar la Corte Penal Internacional, o a que tras décadas de trabajo en 2014 entrara en vigor el Tratado del Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas cuando un país sabe que se podrían usar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

AI cuenta con el apoyo de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Sólo en España, más de 84.000 personas son socias de la organización, 2.400 personas son activistas y más de medio millón colaboran firmando las peticiones de AI.

España


No es un buen país de acogida ni de protección de personas refugiadas


Al igual que el resto de los países europeos, debe cumplir con la responsabilidad y compromiso de acoger a las personas necesitadas de protección internacional.

España se comprometió a acoger a 17.337, algo que está cumpliendo a un ritmo muy lento, hasta el momento sólo 2.782 personas han llegado a nuestro país, el 15,7%.

Según la Agencia Europea de Migración, de las 160.000 personas refugiadas que los Estados miembros de la Unión Europea debería haber acogido, a finales de 2017 sólo lo habían hecho con 50.929, lo que equivale a un 31,8%.

También se debe poner fin a las expulsiones sumarias y colectivas mediante la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y la Ley de Extranjería en las que se justifican estas prácticas, consideradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciadas por la organización desde hace más de 20 años.

AI ha denunciado cómo el sistema de acogida en España es discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a corto y medio plazo a la indigencia. Un sistema que no se adapta a los estándares internacionales, mantiene durante meses a las personas migrantes y solicitantes de asilo en un limbo jurídico en enclaves como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, donde entre otros abusos a los derechos humanos, se restringe su libertad de movimiento.

La violencia de género sigue siendo imbatible


El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017, es un paso adelante para frenar una lacra que ha acabado con la vida de 924 mujeres desde 2003 hasta el 12 de marzo de 2018, y 31 menores en los últimos 8 años.

Para AI es necesario también que se eliminen las barreras que impidan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual; que se evite la revictimización de las mujeres no recurriendo a estereotipos de género en todo el proceso judicial; y que se les proporcionen servicios de atención sanitaria, psicológica y asistencia jurídica de calidad.

El derecho a la vivienda y la salud deben ser considerados derechos humanos


La crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas en estos últimos 10 años han supuesto violaciones de derechos humanos en el ámbito del derecho a la vivienda y el acceso a la salud, entre otros derechos. Es necesario que se reforme la Constitución, a través de su artículo 53, para que se blinden estos derechos humanos y cuenten con garantías de cumplimiento.

En estos 10 años, el Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para proteger más a las personas y garantizar el derecho a la vivienda. Entre 2013 y septiembre de 2017, se han producido 297.828 desalojos (127.302 por ejecución hipotecaria y 170.522 por impago de alquiler). Al tiempo, el presupuesto público para acceder a la vivienda en 2017 se redujo en un 70,4% respecto al del año 2009.

Por otro lado, AI destacó el deterioro del acceso a la salud de colectivos especialmente vulnerables por la aplicación de medidas como el Real Decreto Ley 16/2012. Es el caso de personas con escasos recursos económicos que sufren enfermedades crónicas o requieren un tratamiento, por ejemplo de cáncer; o el de personas migrantes en situación administrativa irregular.

Muchas víctimas de graves violaciones aún esperan verdad, justicia y reparación


Desde 1960 más de 6.000 personas han sido víctimas de actos terroristas en España. Después de seis años del cese definitivo de los atentados de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos en el País Vasco.

Las víctimas de ETA, de los GAL y otros grupos armados, así como las víctimas de tortura y malos tratos cometidas por fuerzas y cuerpos de seguridad en el contexto de la lucha antiterrorista deben estar en el centro del diálogo.

España no investiga adecuadamente las denuncias de tortura en este marco, así lo ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde el año 2010 ha condenado en nueve ocasiones a España por no investigar adecuadamente este tipo de denuncias.

Además el Gobierno central, obstaculiza sin plantear alternativas las iniciativas autonómicas que pretenden garantizar la verdad, la justicia y reparación para las víctimas, como ha hecho con los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del País Vasco 12/2016 o contra la Ley Foral 16/2015 de Navarra, leyes que abordan la reparación a las víctimas.

Amnistía Internacional lleva más de una década exigiendo verdad, justicia y reparación para los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la justicia española, la mayoría desapariciones forzosas.

Dos países, Argentina y México, están investigando unos delitos a los que la justicia española no quiere enfrentarse, mientras que España no deja de obstaculizar cualquier intento de llevar ante la justicia a los responsables, mediante resoluciones judiciales, decisiones parlamentarias, o legislación interna contraria al derecho internacional que bloquean las investigaciones que se intentan llevar a cabo dentro y fuera de España. Unas resoluciones cuestionadas por cinco mecanismos de Naciones Unidas.

La libertad de expresión amordazada y en peligro


El impacto de la Ley Orgánica para la Protección de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, en los derechos de la ciudadanía; o de la reforma del Código Penal (artículo 578) que criminaliza conductas muy vagas como “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” están poniendo en riesgo derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión, o la libertad de información.

La LOSC limita el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se está usando contra periodistas, activistas sociales, en especial contra los que defienden el derecho a la vivienda.

También personas usuarias de las redes sociales, raperos, e incluso titiriteros, han sido procesados por motivos de seguridad nacional, en base al Código Penal.

Amnistía Internacional calcula que tan sólo en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información. Esto está teniendo un profundo efecto paralizante al crear un entorno en el que la ciudadanía teme expresar opiniones alternativas, hacer chistes o expresar opiniones controvertidas.

Hacer un mundo mejor desde España


En los próximos tres años España formará parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una gran oportunidad para que el Gobierno tenga un papel activo, como ha anunciado, en la defensa del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, la lucha contra la pena de muerte, la igualdad de género, y la promoción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros aspectos.

   
 
 





 
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