La igualdad salarial, recordó Isabel Cintado, no consiste únicamente en que dos nóminas se parezcan como gemelas. Es, sobre todo, una cuestión de estabilidad familiar, de evitar la fragilidad económica y de no convertir el futuro — la pensión — en una incógnita permanente. En otras palabras: es una herramienta de intervención social con efectos a largo plazo, aunque no siempre luzca bien en un titular. Detrás de la brecha, explicó Cintado, hay trayectorias vitales frágiles, carreras interrumpidas y biografías laborales llenas de paréntesis. Junto a Pepi Montes , está impulsando un programa municipal que apuesta por talleres de alfabetización digital y espacios de empoderamiento colectivo. Traducido al lenguaje llano: dar más habilidades a quienes más lo necesitan. Bien. Punto para el Ayuntamiento. Pero no todo fueron aplausos esta semana. La alcaldesa Ángeles Muñoz no estuvo especialmente inspirada al abordar la eterna cuestión de si faltan —o no— colegios públicos. A preguntas de Latinpress.es sobre la cesión de suelo público a una empresa educativa sueca, Muñoz explicó con detalle el procedimiento, recordando que estas decisiones se toman “con normalidad” y que nadie propuso formalmente un colegio público. Hasta ahí, manual administrativo correcto. El problema llegó cuando entró en el terreno pantanoso de las ratios escolares. Según la alcaldesa, la bajada del número de alumnos por aula indicaría el por qué no existe una necesidad real de nuevos centros públicos. Lo demás —vino a decir— es ideología: Lo que pasa es que Izquierda Unida y Podemos no quieren nada privado. Para docentes y familias, reducir ratios es una vieja reivindicación para mejorar la calidad educativa, no una señal de que sobren colegios. Convertir ese avance en excusa para no construir más centros públicos es una lectura política del dato, no pedagógica. Seguro que Muñoz no pensó en esto cuando nos respondió. Dentro del apartado de compromisos Muñoz dejó caer dos de calado. El primero: impulsar la llegada del Four Seasons con una inversión superior a los 9 millones de euros en la zona de El Pinar. El segundo: un desarrollo residencial de 2.000 viviendas en Marbella Este, con un 40 % destinado a vivienda protegida. El Ayuntamiento, dijo, ha dado luz verde a la “conveniencia y oportunidad” del proyecto en Arroyo Sequillo. Lenguaje técnico que suele traducirse como: esto va en serio. Hubo más promesas : La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales contará con una inversión de la Junta de Andalucía superior a 600.000 euros. Seis comunidades de Divina Pastora y Santa Marta adaptarán accesos, instalarán rampas o incorporarán ascensores. La alcaldesa se reunió con la delegada provincial de Fomento, María Rosa Morales , y con vecinos para revisar los proyectos. Pero no todo el mundo compra el optimismo institucional. Ana Leschiera denunció retrasos, falta de compromisos claros y lo que define como una confusión peligrosa entre prudencia técnica e inacción política. Señaló, por ejemplo, el paso de peatones en la intersección de la Avenida Oriental con la calle Ángel Carmona, donde un cambio de rasante reduce la visibilidad. Riesgo evidente, solución sencilla: reubicar el paso. Respuesta oficial: hace falta un estudio más amplio. Los socialistas replican que la seguridad vial no admite calendarios abiertos. En el terreno ideológico Manuel Núñez calificó la cesión de suelo público para un colegio sueco internacional privado como “un pelotazo urbanístico”. Durante 50 años, los suecos pagarán 181.577 euros anuales. Para Núñez, el debate no es contable, sino de modelo de ciudad. Maica Machuca lo resumió con precisión quirúrgica: no es una cuestión de números, sino de prioridades políticas. La sanidad cerró la semana con un tono más agrio. Isabel Pérez y Josele Aguilar rechazaron el argumento de que “no hay médicos”. Los hay, dijeron, pero no aceptan condiciones precarias ni contratos inestables. Aguilar lanzó una pregunta incómoda: ¿faltan médicos en la sanidad privada, en hospitales como Quirón o Asisa? La respuesta, implícita, fue no. Ambos recordaron promesas incumplidas del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla . La ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol se anunció como un gran logro, aunque buena parte de la financiación procede de fondos europeos canalizados por el Gobierno central. El déficit de profesionales persiste, tanto en el hospital como en el centro de salud de Ricardo Soriano.

Marbella. - El anuncio realizado por la concejala de Igualdad Social, Isabel Cintado, puede leerse como un intento de convertir el Día para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres en una herramienta de intervención social. Con mucha frecuencia se habla de la brecha salarial como un dato económico, dejando de lado el valor del trabajo sobre quién accede a la estabilidad y sobre quién queda atrapado/a en la precariedad. Por ello Cintado insiste en que la desigualdad salarial “no es una cifra abstracta”, y que apunta a una verdad muy incómoda. Detrás de los porcentajes hay trayectorias vitales frágiles, carreras interrumpidas y un futuro marcado por pensiones más bajas. Por eso estos eventos adquieren relevancia. El programa municipal que incluye talleres de alfabetización digital y espacios de empoderamiento colectivo sugiere una comprensión más profunda del problema: la desigualdad retributiva no se corrige únicamente con leyes, sino ampliando las capacidades reales de las mujeres para competir, negociar y permanecer en el mercado laboral. La brecha empieza mucho antes de la nómina; empieza en el acceso a la información, a la formación y a las redes. La ponencia empresarial de Pepi Montes, organizada en colaboración con la Asociación REM, introduce otro matiz relevante. Al situar la conversación dentro del tejido productivo, el Ayuntamiento reconoce que la igualdad salarial no puede imponerse sólo desde lo público, que n ecesita aliados en la empresa privada. El proyecto Interlabora aporta un argumento convincente a favor de la utilidad social de estas políticas. Los datos —inserciones laborales, intermediación con empresas, derivaciones formativas— funcionan como antídoto frente al escepticismo habitual que rodea a las políticas de igualdad. No se trata solo de concienciar, sino de generar ingresos, autonomía y, en última instancia, dignidad económica. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la celebración es pragmática: reducir la brecha salarial no es solo una cuestión de justicia social; es una estrategia contra la pobreza, la exclusión y la dependencia económica. Tal vez esa sea la enseñanza más relevante de este programa: la igualdad salarial no es un gesto simbólico que se recuerda un día al año, sino una política pública con efectos medibles.

Marbella. - En la ciudad la accesibilidad universal empieza a abrirse paso no como una concesión privada, sino como una política pública con respaldo económico. La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales avanza ahora gracias a una inversión autonómica superior a los 600.000€, un dato que marca la diferencia entre la buena voluntad y la capacidad real de actuar. La financiación, procedente de la Junta de Andalucía, permitirá a seis comunidades de las barriadas de Divina Pastora y Santa Marta acometer obras que, en muchos casos, habrían sido inasumibles sin apoyo público. Adaptar accesos, instalar rampas o incorporar ascensores no solo exige planificación técnica, sino también recursos económicos que suelen recaer directamente sobre comunidades envejecidas y con rentas limitadas. La subvención, en este contexto, no es un complemento: es la condición que hace viable la intervención. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se reunió con la delegada provincial de Fomento, María Rosa Morales, y con representantes vecinales para analizar el estado de los proyectos. Muñoz subrayó que estas actuaciones permitirán “mejorar la vida cotidiana” de personas que necesitan soluciones funcionales para poder moverse con autonomía dentro y fuera de sus hogares, un recordatorio de que la accesibilidad no es un asunto técnico, sino social. Morales explicó que las ayudas se enmarcan en la línea autonómica de accesibilidad en edificios residenciales y confirmó que una de las comunidades ya ha iniciado las obras, mientras el resto ultima los trámites administrativos. Anunció además nuevas convocatorias, una señal de continuidad que amplía el alcance de una política que hasta ahora había avanzado de forma fragmentaria. Que estas actuaciones estén subvencionadas tiene un efecto estructural: traslada la responsabilidad de la accesibilidad del ámbito privado al público. Las obras previstas —rampas, ascensores, sistemas de comunicación adaptados— son intervenciones discretas, sin embargo, su impacto es importante. Al financiarse con fondos públicos, estas mejoras dejan de ser una excepción y se convierten en una política que redefine qué significa habitar la ciudad: no como un privilegio condicionado a la capacidad de pago, sino como un derecho respaldado por recursos comunes.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Latinpress.es frente a la expansión sostenida que vive San Pedro Alcántara y, frente a un mayor volumen de desplazamientos de tráfico rodado, le preguntó a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, qué tipo de planes tienen pensado para atajar este problema especialmente en las horas punta. No hay sampedreño que no se queje del colapso del tráfico en horas punta, lo que antes era un trayecto asumible hoy es un embotellamiento diario que afecta tanto a los desplazamientos internos como a quienes cruzan el núcleo urbano camino de otros municipios de la Costa del Sol. Muñoz señaló que, aunque desde el ámbito municipal se trabaja en soluciones parciales: nuevos viales de servicio paralelos, previstos en el futuro planeamiento urbano, que permitan mejorar la conexión entre urbanizaciones y aliviar la red interna, sin duda que hay que replantearse vías de acceso que que complementen el actual distribuidor para aliviar las horas puntas municipal, pero el verdadero cuello de botella está fuera del alcance del Ayuntamiento. Las arterias clave —la A-7 y la autopista AP-7— son competencia exclusiva del Estado. La AP-7, concebida como vía de alta capacidad, permanece infrautilizada por una razón sencilla: su coste. La ausencia total de bonificaciones o subvenciones hace que miles de conductores opten por la A-7, saturándola aún más. Una política de descuentos, especialmente para los desplazamientos cotidianos entre Marbella, San Pedro y municipios como Estepona, tendría un impacto inmediato en la fluidez del tráfico. La solución existe, pero no se aplica. A esta falta de medidas se suma un proyecto largamente olvidado: el desdoblamiento del tramo entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús. El plan está redactado, cuenta con el visto bueno técnico y lleva años archivado en los despachos del Ministerio de Fomento. Su coste, estimado en torno a los 20 millones de euros, nunca fue un impedimento real. La parálisis ha sido política, no presupuestaria, ha dicho la alcaldesa. Desde el ámbito local se insiste en que esta infraestructura es prioritaria. Sin una respuesta decidida del Estado, San Pedro y Marbella corren el riesgo de que su desarrollo —lejos de ser una oportunidad— se convierta en un problema crónico de movilidad y calidad de vida. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos al proyecto que está en un cajón del Ministerio de Fomento. Lo que sí le puedo garantizar es que cuando haya cambio de gobierno una de las primeras peticiones que haré será el desdoblamiento entre puerto banús y el San Pedro.

San Pedro Alcántara. Marbella. - El PSOE San Pedro Alcántara ha denunciado los retrasos, la falta de compromisos claros y la ausencia de voluntad política de la Tenencia de Alcaldía tras la celebración de la última Junta de Distrito, en la que quedaron sin resolver cuestiones clave relacionadas con la seguridad vial y los servicios públicos básicos. Para el PSOE la gestión de las autoridades locales confunde la prudencia técnica con la inacción. Lo de siempre: problemas acotados, advertencias explícitas y una administración respondiendo con el lenguaje cómodo de los informes en curso y las decisiones aplazadas. El caso del paso de peatones en la intersección de la Avenida Oriental con la calle Ángel Carmona resume bien esa dinámica. Situado en un cambio de rasante que reduce drásticamente la visibilidad, el cruce ha sido señalado como un punto de riesgo evidente. La propuesta socialista, defendida por Ana Leschiera, era concreta y limitada: reubicar el paso para evitar accidentes previsibles. La respuesta institucional, sin embargo, se refugió en un estudio más amplio vinculado a futuras actuaciones urbanísticas. El problema quedó reconocido, pero también pospuesto. En la política local, reconocer un riesgo sin actuar sobre él equivale a normalizarlo, ha dicho Leschiera. “Ese paso de peatones es peligroso hoy”, subrayan los socialistas, recordando que la seguridad vial no admite calendarios abiertos ni promesas subordinadas a proyectos que aún no existen sobre el papel. Más elocuente aún fue el debate sobre los baños públicos de la Plaza de la Iglesia, cerrados desde hace años en uno de los espacios más concurridos y simbólicos del municipio. La propuesta del secretario general del PSOE sampedreño, Enrique Ruiz, no apelaba a grandes planes ni a inversiones extraordinarias, sino a una reapertura acompañada de medidas básicas de seguridad, accesibilidad y mantenimiento. La respuesta del gobierno local fue tan vaga como reveladora: se abrirán “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”. Esa fórmula, sin fechas ni compromisos presupuestarios, se ha convertido en una coartada habitual para no decidir. Hablar de seguridad sin detallar cómo se va a garantizar —ni cuándo— transforma el argumento en una excusa. En la práctica, denuncian los socialistas, supone asumir que los baños seguirán cerrados indefinidamente. El balance de la Junta de Distrito deja una impresión incómoda: una administración más preocupada por evitar riesgos políticos que por resolver problemas cotidianos. En una ciudad en crecimiento, donde la presión sobre los servicios públicos aumenta, la dilación no es neutral; tiene consecuencias visibles en la vida diaria de vecinos y visitantes. San Pedro Alcántara no parece enfrentarse a un déficit de diagnósticos, sino a una escasez de decisiones. Y mientras los informes avanzan y los plazos se estiran, la seguridad vial y los servicios básicos continúan esperando. Como suele ocurrir, no es la falta de ideas lo que marca la diferencia, sino la ausencia de voluntad para convertirlas en hechos.

Utrecht, Países Bajos.— En un mercado turístico saturado de cifras récord y destinos al límite de su capacidad, Sierra de las Nieves ha optado por una estrategia más deliberada: atraer a viajeros que planifican y entienden el valor de la sostenibilidad. Esa es la lógica que explica su presencia en Fiets en Wandelbeurs, la principal feria europea dedicada al senderismo y al cicloturismo, donde el destino malagueño se presenta no como un producto de masas, sino como un ecosistema vivo sostenido por empresas locales, naturaleza protegida y una comunidad que ha decidido que el crecimiento no puede desligarse de la conservación. “El turismo internacional solo tiene sentido si va de la mano de quienes viven aquí”, afirmó José Miguel Marín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán. “Son nuestras empresas las que generan empleo, fijan población y transmiten al visitante la verdadera identidad del territorio”. La propuesta que Sierra de las Nieves ha llevado a Utrecht no se articula alrededor de grandes operadores, sino de empresas nacidas en el propio territorio, muchas de ellas de carácter familiar, especializadas en ecoturismo, deporte en la naturaleza y experiencias interpretativas. Todas compartiendo el turismo de escala humana con alta cualificación profesional y una relación directa con el entorno natural y cultural. El perfil del visitante que acude a la Fiets en Wandelbeurs confirma que esta apuesta no es casual. Según los estudios de la feria, se trata mayoritariamente de viajeros experimentados, con alto poder adquisitivo, que organizan sus vacaciones con meses de antelación y evitan los destinos masificados. Buscan lugares bien gestionados, con infraestructuras adecuadas para el senderismo y el cicloturismo, incluidas rutas adaptadas a bicicletas eléctricas, y con un compromiso creíble con la sostenibilidad. En ese contexto, Sierra de las Nieves ofrece ventajas difíciles de replicar: una red creciente de senderos y rutas BTT, un patrimonio natural único marcado por los bosques de pinsapo, pueblos blancos con identidad propia y una ubicación estratégica entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, a menos de una hora del aeropuerto internacional de Málaga. “Nuestro objetivo no es crecer en volumen, sino en calidad”, insiste Marín. “Queremos un turismo que entienda dónde está, que respete el Parque Nacional y que contribuya a un desarrollo equilibrado de nuestros municipios”. La presencia en Utrecht se consolida así como una pieza clave dentro de la estrategia de sostenibilidad turística de Sierra de las Nieves, que busca posicionarse como uno de los grandes destinos de naturaleza del sur de Europa sin comprometer los valores que lo hacen singular. El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

San Pedro Alcántara. Marbella). — La gestión del suelo público en Marbella vuelve a quedar bajo escrutinio, esta vez por una comparación incómoda: cuánto cuesta el suelo cuando se destina a vivienda protegida y cuán flexible resulta cuando el beneficiario es una iniciativa privada. Opción Sampedreña (OSP) ha situado en el centro de la crítica la promoción de 84 viviendas protegidas en San Pedro de Alcántara, levantadas sobre suelo municipal que el Ayuntamiento vendió por 2,9MM€. El cálculo, según OSP, es directo: unos 34.500€ por vivienda, un coste que termina repercutiendo en el precio final de los inmuebles y que, de acuerdo con la formación, incrementa su valor hasta en un 12%. La presidenta de OSP, Mabel Domínguez, subraya que mientras el Consistorio anuncia una ayuda de 15.000€ euros por vivienda — 10.000 municipales y 5.000 aportados por la promotora —, el propio Ayuntamiento introduce un sobrecoste a través del precio del suelo que neutraliza buena parte del beneficio anunciado. El contraste es más descarado cuando se observa otra decisión reciente: la cesión durante 50 años de una parcela municipal destinada a usos educativos, sociales, deportivos y zonas verdes para la construcción de un colegio privado sueco. El valor estimado de esta concesión asciende a 9MM€ a lo largo del periodo acordado, una cifra que triplica los ingresos obtenidos por la venta del suelo de las 84 viviendas protegidas. Para OSP, la comparación no es solo contable, sino política. Mientras el acceso a la vivienda se encarece incluso cuando se trata de protección pública, el suelo municipal se muestra más accesible cuando el proyecto responde a una iniciativa privada de carácter educativo y orientada a un perfil internacional. OSP también ha puesto el foco en el residencial Don Diego, en Nueva Andalucía, donde los vecinos comenzaron a vivir en octubre de 2025 y, según la formación, se han encontrado con una sucesión de deficiencias desde el primer día. Filtraciones, humedades, inundaciones en zonas comunes y garajes, desprendimientos de chapas durante episodios de viento y la ausencia de ascensor desde la entrada en las viviendas forman parte de las quejas trasladadas por los residentes. Algunos propietarios, añade OSP, han tenido incluso que asumir el coste de equipamiento de cocina que debía estar incluido en la entrega de las viviendas. A ello se suma un conflicto más antiguo, la comunidad colindante de Ribera de Guadaíza asegura que desde 2012 viene asumiendo gastos de mantenimiento de zonas comunes compartidas —puertas de garaje, sistemas contra incendios, grupos de presión o iluminación— sin que se haya compensado la parte correspondiente. Las obras recientes, sostienen, han generado nuevos daños que tampoco han sido cubiertos. Incertidumbre tras el sorteo La formación también cuestiona la gestión del sorteo de las 84 viviendas protegidas, celebrado hace un mes. Según OSP, los adjudicatarios aún desconocen el precio definitivo de los inmuebles y si podrán asumirlo económicamente. Las horquillas publicadas en medios sitúan los precios entre 150.000 y 260.000€, pero sin confirmación oficial, lo que dificulta calcular el ahorro previo necesario, estimado entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda. De las 84 viviendas, 42 se han destinado a régimen especial, para ingresos de hasta tres veces el IPREM (unos 22.000 – 23.000€ anuales), y 42 a régimen general, con un límite de hasta 5,5 veces el IPREM. OSP denuncia que las probabilidades de acceso han sido significativamente menores para el grupo con menos ingresos y que, además, las 12 viviendas adaptadas sólo han podido adjudicarse a solicitantes del tramo más alto, excluyendo a quienes se sitúan en el umbral inferior.

Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella ha dado un nuevo paso en dos de los desarrollos urbanísticos más relevantes actualmente sobre la mesa: la futura implantación del hotel Four Seasons en la zona de El Pinar y la tramitación inicial de un ámbito residencial en Marbella Este que prevé la construcción de alrededor de 2.000 viviendas. En el primer caso, los promotores del Four Seasons han presentado al Consistorio el proyecto de urbanización de El Pinar, una actuación que contempla una inversión superior a los nueve millones de euros. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, informó de que el documento fue dado a conocer en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes y que será remitido ahora a los organismos competentes para la emisión de los correspondientes informes sectoriales. Muñoz recordó que el ámbito afectado ocupa aproximadamente 35 hectáreas y cuenta con un plan parcial ya aprobado. El proyecto prevé la creación de unos 26.000 metros cuadrados de viario y más de 100.000 metros cuadrados de equipamientos, con el objetivo de reforzar de forma significativa las infraestructuras de esta zona del municipio. Entre las actuaciones incluidas figuran la instalación de pantallas acústicas a ambos lados de la A-7, la construcción de una nueva pasarela peatonal junto a la calle Teniente Riera —tras la demolición de la actual—, la prolongación del vial de servicio para reorganizar los accesos del margen derecho, la ejecución de un paso inferior de conexión norte-sur y la creación de una rotonda. Según la alcaldesa, estas intervenciones no solo beneficiarán al futuro complejo hotelero, sino también al conjunto del entorno urbano. Muñoz subrayó que este avance se enmarca en el objetivo municipal de atraer proyectos hoteleros y residenciales de excelencia, capaces de generar empleo, actividad económica y reforzar la posición de Marbella como destino internacional de primer nivel. 2.000 viviendas De forma paralela, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la conveniencia y oportunidad de una propuesta de delimitación de desarrollo en la zona de Arroyo Sequillo, en Marbella Este. El ámbito abarca cerca de 1,5 millones de metros cuadrados vinculados a usos residenciales, turísticos y hoteleros. La propuesta contempla la construcción de alrededor de 2.000 viviendas, de las cuales un 40 por ciento tendría carácter público, así como unos 300.000 metros cuadrados destinados a sistemas generales de áreas libres, parques, jardines y equipamientos. La alcaldesa calificó el proyecto como “un desarrollo muy potente”, trabajado durante años, que respeta la baja densidad de la zona y que permitirá dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras, espacios libres y vivienda pública. El siguiente paso en la tramitación será la puesta en marcha de una Actuación de Transformación Urbanística (ATU). Como fase inicial, el equipo de Gobierno deberá otorgar su conformidad para que el proyecto sea presentado formalmente y evaluado en cuanto a su adecuación técnica y urbanística. Con estas iniciativas, Marbella continúa avanzando en un modelo de crecimiento que combina grandes proyectos hoteleros con nuevos desarrollos residenciales, en un contexto de fuerte presión sobre el suelo y de debate permanente sobre el equilibrio entre expansión urbana, infraestructuras y acceso a la vivienda.

Marbella. - Sobre la cesión de suelo público para la construcción de un colegio privado sueco Latinpress.es le preguntó a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, si no habían habido propuestas públicas y por qué se había tomado esa decisión cuando hay escasez de ese tipo de suelo. Esta decisión del Ayuntamiento de Marbella, de avanzar en la cesión de suelo público, ha abierto un debate educativo en las principales fuerzas políticas de la ciudad. Sin embargo, la oposición política no ha discutido si el procedimiento incumple la norma de la transparencia, algo que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, insiste en que ha sido “absolutamente transparente”. Bajan los ratios de los alumnos Uno de los principales argumentos del gobierno municipal es la bajada de la ratio de alumnos en los colegios públicos. Según Muñoz, el descenso de alumnos indicaría que no existe una necesidad real de nuevos centros públicos, lo que abriría la puerta a destinar suelo municipal a equipamientos privados que, además, generan ingresos para las arcas locales. La alcaldesa le dijo a Latinpress.es que lo que pasa es que Podemos e Izquierda Unida no quieren nada que sea privado. ¨Que me digan a mí si hay necesidad de otros colegios públicos. Saben ustedes que los colegios públicos están bajando la ratio, es decir, hay algunos colegios públicos que tienen menos niños y que por lo tanto no necesitamos¨. Sin embargo, la relación entre reducción de ratios y ausencia de necesidad de inversión pública es, como mínimo discutible; en términos educativos, una bajada de ratio no es necesariamente un síntoma de exceso de oferta de centros educativos públicos, sino una condición largamente reivindicada por docentes y familias para mejorar la calidad de la enseñanza. Menos alumnos por aula suele traducirse en una atención más personalizada, mejores resultados académicos y mayor inclusión educativa. Convertir ese avance en un argumento para frenar la creación de nuevos colegios públicos supone una lectura política, no pedagógica, del dato. Además, el razonamiento ignora un factor estructural: la planificación educativa no se decide sólo en función del número actual de alumnos, sino del crecimiento urbano previsto, de la distribución territorial de la población y de la capacidad del sistema público para absorber futuras demandas sin recurrir a soluciones privadas. Para sostener su argumento, Muñoz nos recordó que acaban de abrir dos institutos y, que si hay peticiones por parte de la Consejería, se tratarán como prioritarias. La rentabilidad Ángeles Muñoz destacó como muy importante el alquiler de ese suelo que durante 50 años generará al ayuntamiento 150.000€ anuales, señalando que a partir de ahí cualquiera puede decirle al consistorio que quieren hacer otro colegio y que quieren pagar más. El tema es que la cesión de parcelas municipales durante décadas para proyectos privados introduce un elemento difícilmente reversible. Aunque formalmente el suelo sigue siendo público, su uso queda bloqueado durante medio siglo, reduciendo la capacidad de respuesta de futuras corporaciones ante nuevas necesidades sociales. La pregunta no es solo si hoy faltan colegios públicos, sino qué margen de maniobra tendrá la ciudad mañana. El Ayuntamiento defiende que este modelo se aplica también a otros equipamientos —hospitalarios, deportivos o asistenciales— y que actualmente Marbella ingresa 4MM€ anuales en concesiones. No obstante, el debate no es contable. Es político. ¿Debe el suelo público utilizarse como fuente de ingresos o como reserva estratégica para garantizar derechos colectivos, entre ellos el acceso a una educación pública suficiente y de calidad? Mientras el gobierno municipal presenta la caída de ratios como prueba de que “no hacen falta más colegios públicos”, sus críticos advierten de un riesgo más profundo: que la reducción del sistema público y la expansión del privado no sea una respuesta a la demografía, sino una consecuencia de decisiones políticas acumuladas. En ese escenario, la educación deja de ser una infraestructura esencial del Estado del bienestar para convertirse en un servicio más, condicionado por la capacidad de pago y no por el derecho. Marbella no debate únicamente la construcción de un colegio privado. Debate, en realidad, si la bajada de alumnos en las aulas públicas es una oportunidad para fortalecer el sistema educativo o el pretexto para ceder suelo público y consolidar un modelo donde lo privado crece allí donde lo público se repliega. Hasta el momento el tema de la transparencia de concesión, avalada por Muñoz, no ha salido al debate, incluso dentro de esta cesión a una empresa privada, puede ser debido a lo que la alcaldesa respondió a este medio: En Marbella tenemos muchas concesiones con iniciativa pública y privada con este tipo de suelo. Las alegaciones La primera edil nos adelantó que el Ayuntamiento realizará una exposición pública y ver si hay alegaciones. O sea, insistió, publicaremos lo que la parte interesada quiere hacer en la parcela incluyendo la estimación de los costes que tengan que pagarle al Ayuntamiento que en este caso son 150.000€ anuales. Las alegaciones de Podemos y los Verdes serán estudiadas y, a partir de ahí se volverá a sacar un concurso. Por lo tanto, cualquiera puede presentarse y hacer un equipamiento en un suelo, o sea, darle un uso que en este caso será privado en una parcela pública. Desde el consistorio actuamos como marca la ley, apuntó la portavoz, aquí no hay nada otorgado. Propuestas públicas Latinpress.es también se interesó en conocer si no había participado alguna propuesta pública. No hubo ninguna, ni para un colegio ni para ningún otro equipamiento, respondió de manera tajante. Son temas frecuentes, los interesados presentan su proyecto, hacen un estudio económico y a partir de ahí nosotros, si es una iniciativa privada hacemos toda esa tramitación, primero una exposición para que la gente alegue y vea si está de acuerdo. Si no lo está se saca la concesión a nivel de una tramitación absolutamente pública. En el ayuntamiento cuando nos traen una propuesta lo primero que hacemos es estudiarla, vemos si la zona la necesita y si ellos acreditan que hace falta ese tipo de equipamiento. Nosotros exponemos alegaciones para que todo el mundo pueda decir si está de acuerdo, a partir de ahí se estiman o nos estiman las alegaciones.