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Amenazas a la justicia en Guatemala

 



Latinpress. 10 / 7 / 2019.
 Según Amnistía Internacional (AI), Guatemala está a punto de aniquilar los esfuerzos de más de una década para fortalecer el sistema de justicia penal y el acceso a la justicia como consecuencia de las recientes acciones emprendidas por las más altas autoridades del país.

La organización denuncia los graves retrocesos y riesgos para los derechos humanos en Guatemala a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, el Organismo Judicial, y el Congreso de la República.

En la última década, Guatemala ha tenido notables avances en la lucha contra la impunidad en el país. Entre el 2007 y el 2018, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo creado con el auspicio de las Naciones Unidas para apoyar al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.

En paralelo, a partir del 2009, tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias históricas contra ex comisionados militares, y miembros de la policía y del ejército – incluyendo sus altos mandos – algo que no había ocurrido nunca.

Sin embargo, desde agosto de 2017, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha obstaculizado el trabajo de la CICIG, el 31 de agosto de 2018 anunció su decisión de no prolongar el mandato de la CICIG, que terminará el 3 de septiembre de 2019.

La Fiscal General Consuelo Porras no ha tomado medidas suficientes y claras para garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con la CICIG, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), haciendo peligrar las investigaciones abiertas en más de 70 casos conjuntos.

Además, el Congreso de la República ha impulsado propuestas legislativas regresivas que garantizarían la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y de ciertos actos de corrupción, y limitarían el derecho de asociación y de la defensa de los derechos humanos.


 
 





 
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