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Más de 6 mil homicidios policiales en Filipinas

 



Latinpress. 9 / 7 / 2019.
 La oleada de homicidios policiales suscitada por la sanguinaria campaña del presidente filipino, Rodrigo Duterte, contra las drogas persiste y sigue destruyendo vidas y devastando comunidades, ha revelado Amnistía Internacional (AI) en un informe.

La organización le ha pedido a la ONU abrir una investigación sobres las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “guerra contra la drogas”.

El nuevo informe de AI, ‘They just kill’: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ ‘war on drugs’, muestra que la policía actúa con total impunidad cuando asesina a las personas de barrios pobres cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal.

El gobierno filipino ha reconocido al menos 6.600 homicidios policiales, pero los datos apuntan a muchos miles más, cometidos por desconocidos armados, con probables vínculos con la policía.

El presidente Duterte ha defendido reiteradamente la “guerra contra las drogas” de su administración, alegando que las personas que andan con drogas son “delincuentes”, cuyo homicidio es “justificable”.

Amnistía Internacional identificó 20 casos en los que se cometieron 27 homicidios, muchos de los cuales parece que fueron ejecuciones extrajudiciales. Estos homicidios se produjeron en la provincia de Bulacán entre mayo de 2018 y abril de 2019.

En total, la organización realizó entrevistas a 58 personas, entre las que había testigos de ejecuciones extrajudiciales, familiares de víctimas, funcionarios locales y activistas de los derechos humanos.

Muchos homicidios, un patrón


En todas las operaciones policiales que AI examinó, la policía había justificado su actuación del mismo modo: era una operación encubierta contra la droga, en la que los sospechosos estaban armados y opusieron resistencia, lo que “provocó” el uso de fuerza letal.

Las familias y los testigos refutaron reiteradamente la versión policial, en algunos casos, la familia de la víctima explicó que ésta nunca había tenido un arma de su propiedad o que era demasiado pobre para comprar una. En otros, las personas víctimas de homicidio relacionado con las drogas habían sido registradas primeramente como desaparecidas, hasta que de repente, al descubrirse su cadáver, la policía las había clasificado sistemáticamente como objetivos de una operación encubierta.

Una perito forense filipina entrevistada por AI dijo que los informes policiales de operaciones encubiertas que había examinado no cumplían los criterios mínimos de verosimilitud: “Es tan coherente; es un guion. De hecho, cuando ves el informe parece una plantilla”.

Cuando las “listas de control de drogas” se convierten en listas de objetivos


En la mayoría de los casos examinados por AI, a las víctimas les habían dicho que estaban en las denominadas “listas de control de drogas” elaboradas por las autoridades al margen de todo proceso legal.

Estas listas sirven, en efecto, para informar a la policía de a quienes tiene que detener o matar.

Se presiona a los funcionarios locales hasta el nivel de administración de barrio (barangay) para que muestren su competencia recopilando los nombres de los denominados “consumidores”, “traficantes”, “proveedores” y “protectores” de su zona.

Responsabilidad policial


Uno de ellos es el director provincial, el superintendente mayor Chito Bersaluna, jefe de la policía en la ciudad de Caloocan en el momento en que mataron a tiros al niño de 17 años Kian delos Santos en agosto de 2017.

A raíz de la atención mundial que suscitó el caso, Bersaluna quedó en situación de “permiso administrativo.” No se presentaron cargos contra él, pero tres agentes bajo su mando fueron procesados y, finalmente, declarados culpables y condenados.

Con la única excepción de los agentes de policía declarados culpables del homicidio de Kian delos Santos, las autoridades filipinas no han investigado de manera creíble ni procesado a los responsables de los homicidios ilegítimos y las ejecuciones extrajudiciales cometidos en las operaciones contra la droga.

El gobierno filipino ha eludido hasta ahora todos los intentos de analizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de su ampliamente criticada “guerra contra las drogas.” Aunque la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la campaña contra las drogas en febrero de 2018, el presidente Duterte anunció rápidamente que Filipinas se retiraría del Estatuto de la Corte, decisión que se hizo efectiva en el pasado marzo.


 
 





 
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