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LatinPress®. 21 / 9 / 2018. LatinPress.es
   

El Gobierno venezolano criminaliza la pobreza

 


 

 


Latinpress. 21 / 9 / 2018. Madrid / Buenos Aires. Un durísimo informe acaba de publicar Amnistía Internacional (AI), acusando al Estado venezolano de usar la fuerza intencionalmente letal contra la población más vulnerable, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en esta situación.


Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas, ha  pedido al  Gobierno del Presidente Maduro que garantice el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país.

Según Rosas, los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar.

Según AI el Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.


El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios –tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad– fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país.

Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.


En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia, más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo en ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro.


En 2017 el Gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.


Amnistía Internacional ha observado que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas. Más bien, han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial.


Una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas.

La ONU estima que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014. España, que ha recibido 28.323 solicitudes de asilo de personas de nacionalidad venezolana desde 2014, se sitúa como el cuarto país del mundo con más solicitudes, solo por detrás de Perú, Estados Unidos y Brasil.


“Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Erika Guevara Rosas.


 
 





 
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