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LatinPress®. 14 / 9 / 2017. LatinPress.es
   

España debe investigar la tortura y malos tratos.

 

Latinpress. 14 / 9 /2017. Amnistía Internacional (AI) y otros organismos internacionales llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas.

Los tribunales no investigan adecuadamente este tipo de delitos, cuando lo hacen los responsables son indultados, y cuando se toman iniciativas autonómicas para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de este tipo de delitos, desde el Gobierno central no dejan de poner obstáculos.

Uno de los últimos obstáculos se refiere a la tramitación del recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central contra la ley del País Vasco 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1999.

En este contexto, AI presenta el informe “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura”, donde se denuncia cómo España sigue sin atender, conforme a sus obligaciones internacionales, a las víctimas de tortura y malos tratos.

El informe resalta que existe la obligación por parte del Estado de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, existiendo el deber de buscar la verdad tanto colectiva como individual.

También señala que el derecho internacional reconoce la posibilidad de buscar la verdad, justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a través de diferentes mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales. El informe se ha presentado tanto al Gobierno central como al Ejecutivo vasco.

El Estado no investiga ni deja que se investiguen este tipo de delitos, tampoco presenta medidas de reparación y garantías de no repetición para las víctimas, ni deja que las comunidades autónomas tomen este tipo de iniciativas por considerar que se extralimitan en sus competencias”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional señala que numerosos organismos internacionales han recordado a España el carácter vinculante de los tratados internacionales en todos los niveles de la administración, además destaca la falta de información sistematizada y disponible sobre la aplicación de la tortura en España.

Sólo ante una pregunta de grupos parlamentarios, el Gobierno proporcionó información genérica y poco precisa, como por ejemplo, que entre 2000 y 2016, se habrían producido 152 hechos posiblemente constitutivos de tortura, en los que 73 personas habían sido objeto de investigación, aunque no aclara cuántas de éstas personas fueron condenadas como responsables de un delito de torturas o malos tratos.

Sin embargo, según un estudio del Instituto Vasco de Criminología, sobre la tortura en Euskadi entre 1960-2013, con más de 22.000 documentos analizados hasta junio de 2016 se habrían recopilado 4.009 denuncias de tortura y malos tratos (83% de las denuncias corresponden a hombres, el 17% a mujeres), en algunos casos varias personas habrían sufrido tortura o malos tratos en más de una ocasión.

España sigue sin incorporar en su legislación interna la tipificación de la tortura conforme al derecho internacional. El Comité contra la Tortura recomendaba en sus observaciones finales a España adecuar el artículo 174 del Código Penal a la definición contenida en el artículo primero de la Convención Contra la Tortura. Sin embargo, la última reforma del Código Penal no contempla dichas recomendaciones.

Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre denuncias de torturas a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación. La última de estas condenas tuvo lugar el 31 de mayo de 2016.

También tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo dictaminaron que investigaciones realizadas sobre denuncias de torturas no fueron efectivas.

Cuando se producen las investigaciones con resultado de condenas a agentes de las fuerzas de seguridad, el número de indultos es muy alto. Según el Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, 1960-2013, se dictaron 19 sentencias, por 31 personas torturadas en periodo de incomunicación, contra 62 agentes, 27 de los cuales habrían sido indultados.

Amnistía Internacional valora positivamente la pertinencia de iniciativas autonómicas en el reconocimiento de las víctimas, como la ley del País Vasco 12/2016 que toma como referencia el marco internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la organización considera que este tipo de iniciativas deberían ser complementadas con normativa estatal y autonómica que garanticen que todas las víctimas de tortura y malos tratos disfrutan de todos sus derechos, sin limitaciones geográficas o temporales.

   
 
 





 
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