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LatinPress®. 31 /7 / 2018. LatinPress.es
   

España con un nuevo Real Decreto Ley sobre sanidad

 

Latinpress. 31 / 7 /2018. Amnistía Internacional (AI) ha valorado positivamente la modificación del Real Decreto Ley de sanidad publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, al constituir un avance respecto de la legislación anterior y mejorar el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria.

Como “un avance para los derechos humanos” lo ha calificado AI porque se recupera la universalidad en el acceso a la salud, aunque queda pendiente  mejorar la situación previa de protección que existía antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, aseguró Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre salud en Amnistía Internacional.

Para AI es positivo que no se exija el empadronamiento como criterio de acreditación de residencia ni antigüedad de residencia para acceder a la atención sanitaria, pero le preocupa que las personas migrantes en situación irregular durante los tres primeros meses de estancia en España necesiten un informe favorable de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas para acceder a los servicios sanitarios.

Amnistía Internacional ha venido solicitando que no se imponga un mínimo tiempo de estancia para acceder a la tarjeta sanitaria con el fin de blindar la universalidad en el acceso a la atención sanitaria.

Falta también definir con un alto grado de detalle los criterios y el procedimiento que deberán seguir los servicios sociales para asegurar que las personas migrantes tengan acceso a la atención sanitaria, con el fin de evitar una potencial arbitrariedad y discrecionalidad en el acceso al derecho a la salud. Se solicita además que las personas tengan acceso a urgencias, hasta la alta médica, sin necesidad de obtener el informe de los servicios sociales.

La organización recuerda que más de 12 organismos internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012, y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años.


 
 
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