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LatinPress®. 14 / 9 / 2018. LatinPress.es
   

En 2016 murieron 38 mil personas por armas de fuego en Estados Unidos

 


AP Photo/Charlie Riedel

 


Latinpress. 14 / 9 / 2018. Amnistía Internacional (AI) afirma que el gobierno de Estados Unidos ha permitido que la violencia con armas de fuego se convierta en una crisis de derechos humanos.

En el informe: En la línea de fuego: los derechos humanos y la crisis de violencia con armas de fuego de Estados Unidos, se examina cómo todos los aspectos de la vida en Estados Unidos se han visto comprometidos de alguna manera por el acceso sin restricciones a las armas, sin que se haya intentado establecer una regulación de ámbito nacional significativa.

Mientras que la mayoría de los países tienen sistemas de concesión de licencias y regulación de las armas de fuego, Estados Unidos carece de medidas tales como un registro nacional, y 30 estados permiten tener pistolas sin necesidad de licencia ni de permiso.


El gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la posesión de armas de fuego sobre los derechos humanos básicos y, hay una enorme falta de voluntad política para salvar vidas”, “a pesar del gran número de armas de fuego que hay en circulación y de la enorme cantidad de personas que mueren por disparos todos los años, hay una falta impresionante de regulaciones federales que podrían salvar miles de vidas”. Señaló Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

En 2016 –último año del que se dispone de estadísticas– más de 38.000 personas murieron y 116.000 sufrieron heridas no mortales en Estados Unido debido a armas de fuego.

En el informe se examina el modo en que la violencia con armas de fuego afecta a las comunidad de color, en las que es la causa principal de muerte de hombres y niños de entre 15 y 34 años, que tienen 20 veces más probabilidades de morir por disparos de arma de fuego que sus iguales blancos.

Aunque en el informe se formulan muchas recomendaciones, el llamamiento general que se hace en él es que se adopte legislación nacional con que eliminar la inadecuada y arbitraria amalgama actual de leyes estatales debido a las cuales las personas están más expuestas a la violencia con armas de fuego en unos estados que en otros.


Entre las recomendaciones formuladas figuran:

  1. El Control exhaustivo de antecedentes.
  2. Una Regulación nacional de la concesión de licencias y el registro de armas de fuego y obligación de recibir capacitación para poseer un arma de fuego.
  3. La Prohibición de los fusiles de asalto semiautomáticos y otras armas de uso militar.
  4. Inversión en programas de reducción y prevención de la violencia en las comunidades basados en datos.
  5. Una Legislación sobre almacenamiento seguro obligatorio.


Se señala en el informe que, aunque los casos de matanzas con armas de fuego tienen profundos efectos emocionales y psicológicos y podrían prevenirse prohibiendo los fusiles de asalto y las armas de fuego de alta capacidad, tales sucesos constituyen sólo menos del uno por ciento de las muertes por arma de fuego.

Más comunes y menos difundidos son los casos individuales que marcan la vida cotidiana en comunidades de todo el país. Por este motivo, en el informe se comparten casos individuales de personas afectadas por la violencia con armas de fuego.

Tienen que entender [que] nuestros hijos sufren,” dijo Pam Bosley, mujer de Chicago cuyo hijo, Terrell, murió víctima de la violencia con armas de fuego en un suceso de 2006 aún sin resolver y que habló con AI para el informe. “Cuando matan a un niño, como mucho el colegio trae a un terapeuta para un día. Si nos trataran como a Sandy Hook, las cosas serían distintas. Cuando quitaron vidas en esa comunidad trajeron terapeutas para un año para que trabajaran con los niños; nuestros niños pasan por esto todos los días. Nuestra comunidad no tiene ningún valor para Estados Unidos. No creen que merezcamos terapia o apoyo.”

Por término medio, todos los días más de 317 personas reciben un disparo y sobreviven, al menos lo suficiente para llegar al hospital. Las consecuencias mentales, físicas y económicas de sus heridas determinan su vida para siempre. Esta situación es una crisis de salud pública de proporciones extraordinarias y con una respuesta notablemente escasa por parte del gobierno, dados los efectos que sufren de por vida muchas personas supervivientes.

Thomas Scalea, director del Centro de Shock y Trauma R. Adams Cowley de Baltimore, contó a AI el caso de un paciente que recibió varios disparos y tuvo que ser operado entre 15 o 20 veces en 18 meses. El paciente recibió uno de los disparos en un brazo dañándole el nervio; como se ganaba la vida haciendo mudanzas y recogiendo cosas, necesita los dos brazos, así que quedó incapacitado y no puede trabajar. Y para tener la discapacidad se tiene que negociar con el sistema de salud, “y si a mí me cuesta ya mucho hacerlo, ¿cómo creen que le va a ir a él?”

AI colaborará a escala estatal con entidades locales, empezando con iniciativas emprendidas en Ohio, Illinois y Michigan. En Illinois instará al gobernador a aprobar la Ley para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, en Ohio, buscará detener un proyecto de ley con el que aumentaría la probabilidad de que se produzcan enfrentamientos con armas de fuego. En Michigan buscará el que se apruebe una ley que permite a las familias tomar medidas para impedir a sus miembros dañarse mutuamente o a otras personas.

Autorizaciones y exportaciones de armas españolas a EEUU


En 2017 España autorizó 218 licencias de material de defensa (con valor de 205 millones de euros), principalmente en armas pequeñas (89 millones de euros), armas ligeras (20.000 euros) municiones (6,6 millones de euros) con destino a Estados Unidos. En ese mismo año, se exportó material con valor de 80,7 millones de euros.

Ai pide al gobierno español que no autorice la exportación a EE.UU. de armas pequeñas ni de munición a la policía, empresas de seguridad privada o particulares porque actualmente existe un riesgo sustancial de que se usen para cometer o facilitar violaciones y abusos, incluidos actos de violencia contra civiles.


 
 





 
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