MARBELLA — La delegación de Empleo de Marbella ha puesto en marcha una nueva edición del programa “T-Acompañamos”, un proyecto gratuito diseñado para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad. El programa está promovido por la asociación Sinergia Soluziona y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella, que ha apoyado la iniciativa desde su inicio. La decisión de ampliarlo llega después de los resultados obtenidos en su primera fase, centrada en jóvenes desempleados del municipio. Según explicó el director general de Empleo, Alejandro Freijo, 42 jóvenes participaron en esa etapa inicial, derivados desde la propia delegación de Empleo y desde el programa Eracis de la concejalía de Derechos Sociales. De ellos, 28 lograron incorporarse al mercado laboral, una tasa de inserción del 66 por ciento. “Las cifras son muy positivas, pero lo más importante son las personas que hoy tienen un empleo gracias a este programa”, señaló. La nueva edición amplía ahora el perfil de los beneficiarios. Además de jóvenes, el programa se dirige a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, beneficiarios de prestaciones sociales, migrantes y ciudadanos en riesgo de exclusión social. El objetivo, subrayó Freijo, es “garantizar que el crecimiento de Marbella sea inclusivo y llegue a quienes encuentran más barreras para acceder al mercado laboral”. El modelo del programa se apoya en un itinerario integral de acompañamiento. Cada participante recibe orientación personalizada, formación adaptada a su perfil y un seguimiento individualizado que se mantiene hasta la inserción laboral. “La clave está en no soltar la mano del usuario”, afirmó Freijo. “Se trabaja con él de forma constante hasta que se produce la contratación”. La iniciativa se enmarca en un contexto que el Ayuntamiento define como favorable. Marbella viene registrando, según datos municipales, los mejores niveles de empleo de los últimos años, con descensos interanuales del paro incluso fuera de la temporada alta turística, un indicador de mayor estabilidad en el tejido económico local. Desde la vertiente técnica, Ainhoa Alcoba, responsable del programa en la ciudad, explicó que cualquier persona que cumpla los requisitos puede informarse en las delegaciones municipales de Marbella y San Pedro Alcántara. “Realizamos una entrevista inicial, explicamos el proyecto y, una vez validado el perfil, comenzamos con un itinerario totalmente personalizado”, indicó. En una ciudad que busca reducir su dependencia de la estacionalidad y ampliar las oportunidades laborales más allá del turismo, “T-Acompañamos” se presenta como una apuesta por el acompañamiento cercano y sostenido como herramienta contra el desempleo estructural. Más información: tecnico31@sinergiasoluziona.com y tecnico32@sinergiasoluziona.com o en los teléfonos 624 545 511 y 614 194 097. También pueden solicitar más detalles en: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2nGgNqkrvEiItqWBydvbTZqgiOMg5BVFm05y3D5xlm5UNjRWVU1MUktZT01GUjQ2NjFJTFpTNVRVNi4u.

Marbella. - Durante años, las líneas eléctricas aéreas han sido una presencia tan habitual como incómoda en Marbella: torres metálicas junto a viviendas, cables sobre plazas y apoyos de alta tensión integrados —a la fuerza— en barrios consolidados. Hoy, el Ayuntamiento asegura estar revirtiendo ese modelo mediante un proceso progresivo de soterramiento de la red eléctrica. El plan municipal contempla más de siete kilómetros de líneas enterradas y la eliminación de hasta 50 torres eléctricas, una intervención que afecta tanto a infraestructuras de alta como de media tensión. Según el área de Urbanismo, estas instalaciones discurrían en muchos casos a escasa distancia de colegios, zonas verdes y espacios residenciales, condicionando el uso del suelo y generando una percepción constante de riesgo. El responsable de Proyectos e Infraestructuras, Ignacio Díaz, ha subrayado que el soterramiento no debe leerse únicamente como una operación estética. Enterrar la red eléctrica implica liberar espacio urbano, reducir servidumbres técnicas y avanzar hacia un modelo de ciudad donde las infraestructuras sean funcionales sin imponerse visual ni físicamente al entorno. Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en la avenida del Prado, en Nueva Andalucía, donde se están soterrando 1,2 kilómetros de líneas de alta tensión. El proyecto prevé la retirada de nueve apoyos eléctricos y la modernización de otros tres, sustituyendo estructuras obsoletas por sistemas menos invasivos. Las canalizaciones y el cableado ya están instalados, y los trabajos de asfaltado marcan la fase final de una actuación que transformará por completo la fisonomía del área. El Ayuntamiento insiste en que no se trata de actuaciones aisladas, sino de una estrategia a medio plazo que aprovecha los nuevos desarrollos urbanísticos para corregir los déficits heredados. Allí donde es técnicamente viable, se entierran tanto las nuevas líneas como las antiguas; donde no lo es, se sustituyen los apoyos por otros más seguros y compatibles con el entorno urbano,adelantó Díaz. El impacto directo se estima entre 10.000 y 15.000 vecinos beneficiados, especialmente en zonas residenciales próximas a equipamientos públicos.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Al menos en 5 oportunidades anteriores se fijaron fechas que fueron presentadas como definitivas para la construcción de estas obras. Ninguna ha resistido el paso del tiempo. La decisión actual se considera un paso administrativo relevante, aunque aún preliminar, para la modernización del sistema de transporte público en San Pedro. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recordó que el Ayuntamiento cedió los terrenos situados en la zona conocida como El Cielo de San Pedro a la Junta de Andalucía, en virtud de un convenio firmado con la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El enclave, próximo a la A-7 y a la carretera de Ronda (A-397), fue definido como estratégico para conectar San Pedro con el resto de la Costa del Sol y el interior de la provincia. San Pedro carece de un equipamiento capaz de centralizar el transporte público, pese a soportar un volumen diario de desplazamientos muy superior al que corresponde a su población censada. La previsión oficial es disponer del proyecto técnico en unos cuatro meses, con el objetivo de licitar las obras en 2026 adelantó la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El compromiso ha sido presentado durante años como la respuesta estructural a la congestión, la dispersión de líneas y la dependencia del vehículo privado. Pero su historia es, sobre todo, una sucesión de comienzos anunciados que nunca han llegado a producirse. La primera promesa formal se sitúa en abril de 2021, cuando la alcaldesa Ángeles Muñoz y la entonces consejera Marifrán Carazo firmaron un protocolo para impulsar la infraestructura con una inversión estimada entre 750.000 euros y un millón, y el compromiso de arranque cercano. El intercambiador lo presentó Muñoz como una corrección urgente a “décadas de abandono”. En noviembre de ese mismo año, desde la delegación de Transportes liderada por Enrique Rodríguez, Rodríguez se aseguró que el proyecto ya figuraba en los presupuestos autonómicos de 2022 y que la adjudicación y el inicio de las obras estaban previstos en ese ejercicio. Transcurrió 2022 y llegó 2023 cuando saltó la tercera noticia sobre el intercambiador: la cesión gratuita del suelo municipal a la Junta de Andalucía, aprobada en Pleno en septiembre. De nuevo transcurrió otro año hasta mayo de 2024 cuando el consistorio habló de una firma “inminente” del convenio y de una inversión que superaría el millón de euros. Cuatro meses después, en septiembre, la alcaldesa afinó la promesa con una quinta promesa: las obras comenzarían en 2025, con una dotación de 1,5 millones. Un compromiso tampoco materializado. En febrero de 2025 Muñoz firmó junto a la consejera Rocío Díaz, la redacción del proyecto a lo largo de ese año asegurando que las obras saldrían a licitación en el primer cuatrimestre de 2026. El resultado es una infraestructura que siempre está “a punto de empezar” y un modelo de transporte público que continúa funcionando sin el nodo central que se considera esencial desde hace más de cuatro años. De nuevo se ha repetido que el intercambiador contará con seis dársenas cubiertas, dos espacios adicionales para autobuses sin salida inmediata y un edificio central con servicios básicos para viajeros y personal: aseos, punto de información, venta de billetes y vigilancia. El presupuesto estimado ha subido hasta los 1,7 millones euros, una cifra que se concretará tras la finalización del proyecto, cuya redacción ha sido adjudicada a Huete Arquitectos por algo más de 41.000 euros. La Junta asume la ejecución de la obra; el Ayuntamiento, una vez finalizada, su gestión y mantenimiento. En paralelo, el Consistorio prevé urbanizar una parcela anexa con 270 plazas de aparcamiento, una infraestructura complementaria en un entorno marcado por la congestión en horas punta. El futuro intercambiador está llamado a atender más de un centenar de expediciones diarias en días laborables, un volumen que se incrementa notablemente en verano. Desde San Pedro parten rutas provinciales, interprovinciales y estatales que conectan con Marbella, Málaga, Ronda, Fuengirola y Torremolinos, además de enlaces con Cádiz, Sevilla, Granada o el Campo de Gibraltar. El proyecto se plantea como una necesidad de reordenar la movilidad en un territorio donde el crecimiento urbano y la dependencia del vehículo privado han avanzado más rápido que la planificación del transporte colectivo. El intercambiador no resolverá por sí solo los problemas estructurales de tráfico en la Costa del Sol occidental, pero supone un paso —tardío— hacia un modelo más racional de movilidad pública en San Pedro Alcántara.

San Pedro Alcántara. Marbella.— Durante meses, los escaparates del barrio de Fuente Nueva han permanecido abiertos mientras sus calles estaban cerradas. Las obras públicas, concebidas para mejorar el entorno urbano, han tenido un efecto colateral previsible: la asfixia progresiva del pequeño comercio. Ahora, con parte del tráfico restablecido el debate se desplaza del plano técnico al económico. El PSOE San Pedro Alcántara ha exigido a la Tenencia de Alcaldía un plan urgente de apoyo a los negocios afectados, al considerar que la reapertura parcial no repara el daño acumulado durante un largo periodo de interrupciones, accesos limitados e incertidumbre constante. La crítica no se centra únicamente en las molestias propias de una obra, sino en su gestión., según ha señalado Ana Leschiera, vicesecretaria general socialista y representante en la Junta de Distrito, los comerciantes han soportado “unas obras mal planificadas y una información poco clara sobre los plazos reales”. En términos económicos, esa falta de previsión se ha traducido en menos clientes, menos ventas y, en algunos casos, en la inviabilidad misma de los negocios. En la Junta de Distrito, el grupo socialista exigió un calendario definitivo y transparente para concluir las actuaciones pendientes y, además, una batería de medidas para reactivar una zona comercial debilitada. La propuesta incluía campañas de promoción conjunta, actividades de dinamización y acciones para devolver visibilidad y flujo de público a Fuente Nueva. Estas iniciativas fueron aprobadas. Sin embargo, el núcleo más sensible —las compensaciones económicas y el apoyo directo a los comerciantes— quedó fuera. El equipo de gobierno rechazó estudiar bonificaciones temporales en tasas municipales u otras medidas de alivio financiero, pese a reconocer el impacto negativo de las obras. La paradoja es evidente: se admite el perjuicio, pero se descarta la reparación. Para los socialistas, esta postura revela una concepción limitada del papel de la administración local, más centrada en concluir infraestructuras que en asumir sus efectos sobre la economía cotidiana. “No basta con intervenir el espacio público sin hacerse cargo de las consecuencias privadas”, sostienen. Leschiera ha advertido que vigilará el cumplimiento de los acuerdos aprobados, advirtiendo a la experiencia conocida de iniciativas que superan el trámite político pero se diluyen en la ejecución. En Fuente Nueva, donde algunos comerciantes han resistido meses de caída de ingresos, el margen para la dilación es escaso.

Marbella. – La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha advertido que el aislamiento ferroviario de Andalucía y la grave situación del litoral están provocando un fuerte impacto económico en la provincia y la desincentivación de demanda de turistas nacionales, con pérdidas superiores a los 300 millones de euros en cuanto a reservas del alojamiento turístico malagueño y un deterioro creciente de la demanda. La patronal hotelera alerta de una caída de reservas de hasta el 20% en la provincia de Málaga en los primeros meses del año y reclama medidas urgentes para restablecer la conectividad, y proteger la competitividad del destino. Así lo ha expuesto en la reciente Comisión Permanente del Foro de Turismo Costa del Sol, reunida en la sede de Turismo Costa del Sol, donde se mostró la máxima preocupación por el retraso en la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz, que mantiene a la provincia sin conexión ferroviaria total de alta velocidad y sin fecha oficial de restablecimiento. Caída de reservas Según Aehcos, la ralentización de la demanda turística en el primer trimestre del año y hasta la primera decena de Abril está provocando una caída de las reservas de entre el 15% y el 20%, lo que supone más de 300 millones de euros en pérdidas de demanda del alojamiento turístico en la provincia de Málaga. Málaga capital registra una afectación superior al 20%, el interior provincial se sitúa entre el 15% y el 20% y la costa por debajo del 15%. “Teniendo en cuenta que los meses de enero, febrero y marzo suponen el 21% del impacto total anual del sector del alojamiento turístico, las previsiones de negocio para el primer trimestre del 2026 se estimaban en unos 1.750 millones de euros a finales de diciembre del pasado año. Sin embargo, teniendo en cuenta la ralentización de la demanda para los tres primeros meses del año y hasta Semana Santa, actualmente las previsiones arrojan un descenso de entre el 15 y el 20%. Las pérdidas en el mercado nacional rondarían los 255 millones de euros (el 80%) a las que habría que sumar, alrededor de 45 millones de euros del turismo internacional”, ha precisado José Luque, presidente de Aehcos. Clave andaluza La suspensión de más de 31.000 plazas diarias de tren en el corredor Madrid–Andalucía, el incremento del tiempo de viaje de dos horas y media a más de seis por carretera y más de cinco horas con la intermodalidad, y la falta de certidumbre sobre la reapertura están reduciendo la competitividad del destino y frenando especialmente las escapadas cortas, el turismo urbano y el segmento MICE. El ritmo de entrada de reservas muestra además una desaceleración cercana al 30% en los primeros meses del año. Consecuencias del temporal Tal y como se ha precisado en el informe presentado por José Luque ante la Comisión Permanente del Foro de Turismo Málaga Costa del Sol, las precipitaciones de las últimas semanas han provocado una caída de la satisfacción turística y daños en diversos establecimientos hoteleros, especialmente en Ronda y el Valle del Guadalhorce, con una estimación inicial de un millón de euros en pérdidas, además del deterioro de senderos y accesos vinculados al turismo activo. Sin embargo, han mejorado notablemente la situación de los embalses, multiplicando por 3,5 los niveles de 2025 y garantizando el abastecimiento para los próximos cinco o seis años. Ante esto, desde la patronal se insiste en que esta mejora no debe frenar las inversiones previstas en depuración, modernización de redes, desalación y eficiencia hídrica. Mesa de Playas El temporal ha dejado una situación extremadamente precaria en el litoral occidental, con pérdida de arena, daños en infraestructuras, afección a paseos marítimos y tramos de la Senda Litoral destruidos, por lo que los profesionales del sector consideran prioritario convocar de forma urgente la Mesa de Playas para coordinar actuaciones de regeneración, estabilización del litoral y planificación a medio y largo plazo, con el objetivo de no comprometer la temporada alta.

Lo que los seres humanos estamos viviendo y observando a través de los medios de comunicación y de las redes cibernéticas —propiedad de millonarios que informan según sus conveniencias e intereses, siempre con la tendencia de incrementar sus fortunas y su poder político— conlleva, inevitablemente, el ocultamiento de la verdad y el mantenimiento de los ciudadanos en un engaño que se ha vuelto costumbre. Todo lo que dicen y hacen quienes llegan a ostentar el poder, ya sea otorgado por los ciudadanos o, en otras ocasiones, obtenido por la fuerza y/o el fraude, resulta profundamente contradictorio cuando la realidad cotidiana nos dice lo contrario; una realidad que vivimos, sentimos y padecemos día a día. Seguir presenciando, aunque sea desde la lejanía, guerras entre países en las que se asesina a niños, ancianos, mujeres y jóvenes —personas que no forman parte de ningún ejército— únicamente por la ambición de adueñarse de territorios, petróleo, gas o minerales, estremece el corazón. Sin embargo, de manera alarmante, nos hemos ido acostumbrando a ello. Somos también testigos no presenciales de un “bloqueo” perverso y obsceno impuesto por Estados Unidos contra una pequeña isla: Cuba. Un bloqueo que prohíbe a los países del mundo brindar cualquier tipo de apoyo, bajo la amenaza de imponerles “aranceles” (impuestos), y que incluso ha sido acompañado por expresiones carentes de todo sentimiento humanitario hacia otros seres humanos, como: “los vamos a exterminar”, después de casi 60 años de asedio continuo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que debería fungir como árbitro para garantizar la paz y la justicia, no ha sido capaz de impedir que un solo voto de los EE.UU. tenga más peso que el de 193 países, incluidos aquellos que forman parte del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Reino Unido, Francia y el propio EE.UU. Es evidente que queda mucho por corregir y reformar en esa organización. Si nos circunscribimos a México, y aun cuando los ciudadanos finalmente perdieron el miedo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), coludido con el Partido Acción Nacional (PAN) y con los partidos rémora —el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo—, vividores del erario público durante largas décadas y cómplices de fechorías, delitos, imposiciones, represiones, fraudes, nepotismo y autoritarismo, transitamos este cambio sin revoluciones armadas, pero dejando atrás miles de asesinados que lucharon contra ese régimen represor. Con la llegada al poder de un gobierno emanado de un movimiento ciudadano, ajeno a esos partidos mencionados, y que fue denominado por su líder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se enfatizó que con este nuevo gobierno se llevaría a cabo una Cuarta Transformación. Con beneplácito se recibió dicha propuesta y, dispuestos a participar en esa tan esperada y deseada transformación, se esperaba que los militantes morenistas fueran llamados a ser constructores activos de la misma. Para sorpresa de muchos y molestia de casi todos, comenzó a observarse lo que jamás se esperó: millonarios empresarios, priistas y panistas invitados por AMLO a formar parte de su gabinete y a ocupar diputaciones y senadurías. “En el pecado llevó la penitencia” el Presidente, pues la traición no se hizo esperar y estos mismos personajes arremetieron posteriormente contra él. Las traiciones y los fraudes de sus antiguos aliados priistas continúan hoy arremetiendo contra la actual Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien no dejan de calumniar llamándola “narca presidenta”. Otro tanto ocurre en el Congreso, donde los prianistas no cesan de gritar en las asambleas plenarias del Senado y de la Cámara de Diputados: “bancada de narco-morenistas”. Resulta extraño —no solo para la militancia morenista, sino también para la ciudadanía simpatizante— que no se dé una respuesta firme, debida y dentro del marco de la ley a estas difamaciones y calumnias que, de manera reiterada, se les lanzan públicamente. Muchos de estos opositores, entre ellos varios exgobernadores, deberían estar en la cárcel por delitos cometidos; sin embargo, no solo no lo están, sino que ocupan hoy escaños como senadores o diputados. A esto se suma que las nefastas “alianzas” que la directiva nacional de MORENA ha venido realizando con esos partidos rémora —ya mencionados— han derivado en que estos mismos se conviertan en los principales opositores a iniciativas enviadas al Congreso por la Presidenta, tales como la Reforma Electoral, la eliminación del nepotismo y la reforma laboral en la que los trabajadores demandan una jornada de 40 horas semanales con dos días de descanso. El PT y el PVEM, a regañadientes, la aceptan, pero hasta el año 2030. Al contemplar el panorama político en México, sin lugar a dudas destacan dos aspectos fundamentales: hay mucho por hacer en este nuevo gobierno morenista, comenzando por expulsar a cuanto oportunista proveniente de los partidos opositores, verdaderos “caballos de Troya”. Los 35 millones de ciudadanos que votaron por Sheinbaum deben ser suficientes para defender este gobierno y para aprender a ejercer el poder sin titubeos, sin compromisos indebidos y sin decisiones tomadas a espaldas del pueblo, porque se nos ha dicho hasta el cansancio: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Saludos, conciudadanos. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. bnpb146@hotmail.com

Mijas. - Hay una diferencia fundamental entre una crisis inesperada y un abandono prolongado. Lo que ocurre en el albergue municipal de animales de Mijas pertenece, según la información disponible, a esta segunda categoría: un deterioro silencioso, sostenido durante años, que revela cómo el cuidado animal sigue ocupando un lugar marginal en la agenda del consistorio local. La denuncia pública realizada por el Partido Animalista PACMA no describe un episodio aislado de mala gestión, sino una cadena de decisiones —o de omisiones— que han terminado trasladando la responsabilidad institucional a quienes menos capacidad tienen para asumirla: los propios trabajadores del albergue. Que empleados públicos tengan que poner dinero de su bolsillo para alimentar a los animales no es un gesto heroico; es la evidencia de un fallo sistémico. El problema no es únicamente la falta de pago de facturas por parte del Ayuntamiento de Mijas, sino la normalización de esa falta de pago. Dos años de impagos no constituyen una irregularidad administrativa, sino una política de hechos consumados. Cuando los proveedores dejan de suministrar alimento y nadie desde la administración ofrece una solución inmediata, el mensaje implícito es claro: el bienestar animal puede esperar. Resulta especialmente preocupante que el problema solo emerja cuando una representante política acude a un pleno y la oposición fuerza preguntas difíciles de responder. La transparencia no debería depender de la insistencia de terceros, ni el acceso a la información pública convertirse en una carrera de obstáculos. En democracia, la rendición de cuentas no es opcional, menos cuando se trata de seres vivos bajo custodia municipal. El cuidado animal suele presentarse como una cuestión emocional, vinculada al activismo o a la sensibilidad personal. Pero este enfoque es engañoso. En realidad, se trata de una cuestión de gestión pública básica, presupuestos que se ejecutan, contratos que se pagan y servicios que funcionan. Cuando eso no ocurre, no estamos ante un debate ideológico, sino ante una administración que falla en sus obligaciones más elementales. El caso de Mijas debería servir como advertencia.

Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella aprobó la licencia para la renovación integral del hotel Senator, que será gestionado por el grupo Meliá y que contará con una inversión de 12,8MM€ durante los próximos dos años. Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido la declaración de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, señalando que el inmueble atravesó meses de incertidumbre derivada de discrepancias entre la propiedad y la anterior gestora, añadiendo que desde el Ayuntamiento siempre se defendió que el uso urbanístico debía seguir siendo hotelero y que se apostó por un entendimiento que garantizara la continuidad de la actividad y del empleo. Una declaración que puede anotarse como un intento de reconstruir el relato político de un conflicto laboral cuya resolución no partió del Ayuntamiento, sino de la acción directa del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Muñoz subraya que el nuevo proyecto permitirá mantener una parte significativa de la plantilla “tal y como se acordó en el proceso de negociación”, sin embargo, los hechos documentados desmienten ese protagonismo institucional que hoy se pretende asumir a posteriori. Durante los momentos más críticos del conflicto, cuando se planteaba un expediente de extinción que amenazaba con 107 despidos, el Ayuntamiento no ejerció la mediación que reclamaban los trabajadores. De hecho, en noviembre de 2025 la plantilla llegó a colgar sábanas desde el propio hotel denunciando públicamente el abandono municipal y exigiendo la implicación tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Fue CCOO quien sostuvo el conflicto, impulsó la movilización, forzó los espacios de negociación y mantuvo la presión institucional dos largos meses. La resolución no llegó por una iniciativa municipal, sino tras la insistencia del sindicato en reunir a todas las partes implicadas —propiedad, Senator y Meliá— en una mesa de negociación, algo que inicialmente ni siquiera se logró en la convocatoria oficial promovida por la Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. El acuerdo que evitó la extinción de los puestos de trabajo fue respaldado por unanimidad por la plantilla, un dato clave que refuerza la legitimidad del proceso sindical frente a cualquier intento posterior de capitalizar políticamente el resultado. Que ahora la alcaldesa se sitúe en el centro del desenlace positivo resulta oportunista e invisibiliza el papel de quienes sostuvieron el pulso cuando no había cámaras ni anuncios de inversión. El Ayuntamiento llega al final del proceso, cuando el conflicto ya está resuelto y la inversión asegurada, pero no estuvo en el momento decisivo, cuando había que elegir entre mirar hacia otro lado o asumir costes políticos. El nuevo proyecto supone pasar de 185 a 190 habitaciones, eliminando las individuales para adaptarse a la demanda actual, con un total de 165 dobles, de las que seis son adaptadas para personas con movilidad reducida, 24 junior suites y una suite principal.

Marbella. - La sobrecarga asistencial, la precariedad laboral, las guardias obligatorias, la conciliación o la pérdida de poder adquisitivo, son algunas de las razones fundamentales de la huelga indefinida sanitaria en España. El Sindicato Médico de Málaga ha estimado que cerca del 50% de los profesionales del sector ha secundado la convocatoria. La advertencia está en que se trata de un primer indicador de alta movilización inicial, con margen de crecimiento. Atención Primaria El menor impacto en Atención Primaria (30%) responde a factores estructurales: plantillas más ajustadas, mayor presión asistencial diaria, dificultad para cubrir servicios mínimos y una cultura profesional muy ligada a la continuidad asistencial, lo que no implica menor descontento, sino mayores obstáculos para ejercer el derecho a la huelga. Hospital Costa del Sol En el caso Hospital Costa del Sol el seguimiento del 70% de los facultativos y del 80% de los MIR sitúa a este centro muy por encima de la media provincial, convirtiéndolo en uno de los principales focos de movilización. El Hospital atiende a una población muy superior a la oficialmente asignada, con una fuerte carga estacional y una elevada complejidad clínica. Esta presión continuada ha generado sobrecarga laboral crónica, sensación de infrafinanciación y dificultades para mantener condiciones laborales estables, señaló el SMM. El Sindicato estima que en el Costa del Sol ha habido un alto grado de seguimiento y una buena coordinación interna, liderazgo profesional y un clima favorable a la acción colectiva, con una implicación alta de médicos jóvenes y especialistas, lo que anticipa una posible intensificación del seguimiento en próximas jornadas. A finales de enero, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la firma de un acuerdo con varios de los principales sindicatos sanitarios —Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF— para avanzar en el nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario en España. El acuerdo, sin embargo, no incluye a las organizaciones que mantienen las jornadas de huelga, una ausencia que subraya las tensiones persistentes en torno a la reforma. “Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años”, afirmó García. La ministra compareció junto a representantes sindicales para anunciar el acuerdo sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, una reforma largamente esperada de una normativa que no se actualiza desde 2003. El nuevo marco recoge el fin de las guardias de 24 horas que se sustituyen por guardias de duración inferior a 17 horas asociadas a descansos y libranzas obligatorios. También se establece una jornada máxima semanal de 45 horas, inferior al umbral europeo, y se incorpora por primera vez un mecanismo de intervención ante situaciones de sobrecarga persistente. En materia de conciliación, el texto reconoce este derecho. Asimismo, se avanza en estabilidad laboral mediante ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, se facilitan los concursos de traslado con convocatorias abiertas y permanentes, y se actualiza la clasificación profesional, reconociendo además la labor investigadora y docente como trabajo efectivo. Tras el acuerdo alcanzado, el nuevo Estatuto Marco debe ser elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, que autorizará el inicio formal de su tramitación. A partir de ese momento, se solicitarán los informes preceptivos a los ministerios con competencias afectadas, entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social, y se analizará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Una vez superada esta fase, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, que permitirá a cualquier persona interesada formular alegaciones. Finalmente, el texto será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa. No obstante, muchos médicos españoles continúan amenazando con una huelga indefinida e intermitente si no se llega a un acuerdo. Esta parte del colectivo considera que el pacto no aborda problemas estructurales que arrastran desde hace años. La protesta, impulsada por varias organizaciones profesionales —entre ellas la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid— podría repetirse una semana al mes hasta junio si no hay cambios en la postura oficial. En el centro del conflicto está el régimen de trabajo de los facultativos. A diferencia de otros profesionales sanitarios, según estos sindicatos, los médicos continúan realizando guardias de hasta 24 horas consecutivas. “Seguimos sin un sistema de turnos moderno y regulado”, afirma Javier Ortega, presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS. Entre las principales reivindicaciones figuran la voluntariedad de las guardias, una mejora sustancial de su remuneración —hasta un 175%— y descansos compensatorios efectivos. Los médicos reclaman además una clasificación profesional singular que supondría un modelo de jubilación anticipada voluntaria, la prohibición de la movilidad forzosa y el mantenimiento de la compatibilidad entre el ejercicio público y privado, que consideran clave para frenar la salida de profesionales del sistema público. Otra demanda es la implantación generalizada de la jornada laboral de 35 horas semanales. La clasificación singular también implicaría sacarles de las clasificaciones generales que comparten con otros titulados sanitarios superiores. Lo que reclaman es un marco específico que tenga en cuenta: La mayor duración y exigencia de la formación, la responsabilidad clínica y legal directa sobre diagnósticos, tratamientos y decisiones vitales. Una clasificación profesional propia permitiría desarrollar carreras profesionales específicas con reconocimientos adaptados a la práctica médica, mejoras retributivas, no sólo complementos o pluses por guardias, la jubilación anticipada voluntaria y mayor seguridad jurídica frente a traslados forzosos o cambios de puesto no acordes al perfil médico.