Marbella. -
Al leer el cartel publicitario lo primero que llama la atención de esta convocatoria no es la causa que defiende, sino quién la firma.
No parece la iniciativa de un partido político, una asociación privada o una plataforma ciudadana. Se presenta bajo la identidad del Ayuntamiento de Marbella. Es decir, es la propia institución municipal la que convoca tres concentraciones simultáneas en espacios públicos de Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía.
El contexto, sin duda es sensible. Ceuta atraviesa una situación excepcional y el 2 de septiembre se han convocado movilizaciones de apoyo en distintas ciudades españolas. Los promotores reclaman más medios y un plan que permita recuperar la normalidad económica y social.
Expresar solidaridad con Ceuta no sólo es legítimo: resulta comprensible ante una crisis que trasciende sus fronteras y reclama atención del conjunto del país.
Pero una cosa es que un Ayuntamiento exprese institucionalmente su solidaridad y otra que utilice su estructura y su marca para llamar directamente a los ciudadanos a concentrarse.
Una institución puede condenar, apoyar, solidarizarse y aprobar declaraciones políticas. Pero convocar una concentración supone dar un paso diferente: la administración deja de ser únicamente el escenario institucional desde el que se expresa una posición y pasa a convertirse en actor de la movilización ciudadana. En otras palabras, el Ayuntamiento no se limita a decir que Marbella apoya a Ceuta. Pide a los marbellíes que salgan a demostrarlo.
2 de septiembre
La fecha tampoco parece casual. La convocatoria se integra en las movilizaciones nacionales previstas para el 2 de septiembre a las ocho de la tarde, buscando una imagen simultánea en distintas ciudades y, con ella dar una dimensión nacional.
Además, el día posee una fuerte carga simbólica: Ceuta celebra su identidad y su condición de ciudad autónoma. Manifestarse entonces permite asociar la solidaridad con un mensaje de defensa territorial y de afirmación de Ceuta como parte de España, de que España se “rompe”.
Esta convocatoria obliga a mirar también quiénes están detrás de algunas de las plataformas que impulsan estas movilizaciones. Entre ellas aparece una vinculada al activismo ultraconservador y de ultraderecha, como Hazte Oír, conocida por sus campañas contra el aborto, la defensa de un modelo tradicional de familia y contra las políticas LGTBI y lo que denomina «ideología de género». Otras plataformas, sin embargo, aseguran no pertenecer a ningún partido, sindicato o religión y sostienen que su único objetivo es reclamar recursos y apoyo para Ceuta.
Precisamente por esa diversidad —y por la carga ideológica asociada a algunas de las organizaciones participantes— el Ayuntamiento tendría una responsabilidad especial: explicar con absoluta claridad a qué convocatoria se suma, quiénes la promueven y cuál es exactamente su posición.
Porque cuando una institución pública utiliza su propia imagen para lanzar un «ACUDE Y MUESTRA TU APOYO», la frontera entre respaldo institucional y participación en una campaña de movilización política comienza a difuminarse.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha reforzado además esa posición difundiendo por WhatsApp el mensaje «Nuestra ciudad está con Ceuta», una frase que encierra la presunción de que Marbella es un bloque en su posicionamiento.
Sin embargo, quien convoca no es «la ciudad», es el Consistorio. Y el Consistorio representa institucionalmente a una ciudadanía plural, en la que pueden coexistir distintas opiniones sobre Ceuta, sobre la gestión del Gobierno central y sobre la conveniencia misma de participar en una movilización.
Un Ayuntamiento puede estar con Ceuta sin necesidad de convertirse en convocante de una concentración. Puede aprobar una declaración institucional, ofrecer ayuda, reclamar recursos al Gobierno o coordinarse con otras administraciones. Pero no puede llamar a los ciudadanos a ocupar la calle, eso pertenece a otro terreno.
Y la cuestión se vuelve aún más delicada cuando la convocatoria nacional tampoco parece contar con un consenso político completo. El PSOE en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias ha cuestionado el proceso, al considerar que la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, adoptó la decisión de impulsar la convocatoria de forma unilateral, sin consenso en los órganos de gobierno de la organización.