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Las Américas, y la protección de los derechos del personal sanitario contra la pandemia del COVID-19

 



Latinpress.es 20 / 5 / 2020.
Amnistía Internacional (AI) ha publicado (ayer) un informe sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas.

El informe insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha recordado que en las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados.

Según AI, Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, lo que hace vital que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se vea menoscabada en este momento decisivo.

También le pide a Estados Unidos apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliegue donde más se necesite.

De 21 entrevistas en profundidad realizadas por Amnistía Internacional con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, sólo en dos casos dijeron a AI que consideraban que tenían equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados.

También plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.

Las directrices de la OMS sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener más EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal médico y de enfermería que pueden no tener contacto con pacientes del COVID-19.

Sin embargo a menudo el personal de limpieza está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados. Un médico de Honduras dijo a Amnistía Internacional que veía a personal de limpieza en su hospital realizar las tareas de limpieza con las manos desnudas en zonas que habían estado expuestas a pacientes con COVID-19.

Un limpiador de 70 años que ganaba poco más de 5 dólares de Estados Unidos al día trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que, cuando preguntó si podía dejar de limpiar las zonas donde están ingresados decenas de pacientes del COVID-19, ya que no tenía EPP alguno y corría un riesgo especial debido a su edad, su empleador accedió, pero le redujo el salario en 16%.

Numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo.

Las personas que trabajan en residencias de personas mayores corren un riesgo especial, y medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá han informado de que son epicentros de muertes relacionadas con el COVID-19.

En Nicaragua, el personal sanitario corre un riesgo especial porque el gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia del COVID-19 en el país.

El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua dijo a AI que no sólo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protección.

Aunque la vicepresidenta de Nicaragua anunció el 28 de abril que podían usarse EPP y que comenzaría el distanciamiento social, el gobierno de Daniel Ortega sigue restando importancia a la pandemia, a pesar del aumento del número de casos.

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido de medidas inadecuadas en Nicaragua, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado su preocupación respecto a los despidos injustos de profesionales de la salud que han expresado su opinión en el país.

En Venezuela las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia, los datos oficiales cuando se redacta este comunicado informan de solamente 541 personas infectadas con COVID-19 y 10 muertes, cifras que parecen inferiores a las reales.

“Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia.

Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas.

A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo, sólo unos días después de haber acusado a organizaciones de derechos humanos de trabajar “para lograr que mueran más humanos”.

Esta declaración del presidente pasaba por alto el hecho de que la OMS indica expresamente que as violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias.


 
 

 

 

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