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LatinPress®. 9 / 5 / 2020. LatinPress.es
   

España con 853.334 denuncias durante el estado de alarma

 


 

Latinpress.es 9 / 5 / 2020. Madrid.- Según Amnistía Internacional (AI), las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma.

Según la organización, no se han observado los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y todo esto bajo la aplicación de la denominada Ley Mordaza, una ley que supone una amenaza para los derechos de reunión pacífica, expresión e información, al igual que amplía los poderes de la policía a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control.

Para AI, se ha corrido el riesgo de haberse desarrollado una función con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones; así lo ha verificado tras analizar algunos de los casos más flagrantes, como en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.


Para Beltrán el estado de alarma ha provocado que muchas personas, a pesar de tener una razón para poder estar en la calle, tengan miedo a ser sancionados, así ha sucedido a pesar de que se autorizó, por parte del Ministerio del Interior, la salida de personas con discapacidad con necesidades especiales como consecuencia del confinamiento.

AI ha documentado casos como el de Carlos (nombre ficticio) y su hija, que tiene un grado de discapacidad intelectual del 69%; ambos tuvieron que enfrentar una situación de hostilidad por parte de un agente de policía, quien finalmente interpuso a Carlos una multa por llevar a su hija a la compra en coche.

"Aquí pone que puede andar y que puede caminar, no es down ni es autista”, le espetó el agente al leer el carnet de la discapacidad de la chica, ya llorando en el asiento de atrás, y que ese día portaba el pañuelo azul, distintivo para personas con necesidades especiales durante el estado de alarma.

Este tipo de acción policial puede traer como consecuencia que algunas personas, por ejemplo, aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, puedan estar evitando o reduciendo los paseos, teniendo así menos formas de luchar contra crisis de ansiedad.


Incluso se han recogido testimonios de personas que han sido denunciadas por estar llevando a cabo una labor de asistencia a colectivos vulnerables, como es el caso de Javier González, en Santander, que fue denunciado dos veces el mismo día por llevar agua a un grupo de migrantes que carecían de cualquier tipo de apoyo asistencial.


Para la ONG, la sanción debe ser utilizada como último recurso, cuando se han agotado otras vías. Sin embargo, los agentes están, en muchas ocasiones, usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y, otras, ni siquiera atendiendo a los razonamientos legítimos que les dan las personas, denunció Beltrán.


También se han documentado situaciones en las que agentes de las fuerzas de seguridad no se han comportado con la debida profesionalidad, un ejemplo es el de una persona entrevistada por AI que fue multada en Barcelona mientras se dirigía a la única farmacia de guardia que tenía disponible un medicamento para la epilepsia que necesitaba. Los agentes consideraron que se encontraba demasiado lejos de su domicilio y ni se molestaron en corroborar la información que esta persona les intentaba proporcionar.


Al alargarse el estado de alarma, AI ha pedido al Ministerio del Interior nuevos protocolos de actuación, evaluación continua de la actuación de las fuerzas de seguridad y un sistema de garantías que reduzca las posibilidades de que se produzcan nuevos casos de arbitrariedad policial durante el estado de alarma.


Las autoridades deberían, para asegurar que no se ha actuado de manera discriminatoria, presentar un informe detallado y periódico del número de propuestas de sanción, desglosando las mismas por cuerpo policial, provincia y zona en la que se han impuesto.


En siete semanas, desde el inicio del Real Decreto del Estado de Alarma y hasta el pasado 6 de mayo, que se tienen datos, se han impuesto, según datos del propio Ministerio, un total de 853.334 denuncias.


 
 

 

 

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