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OPINIÓN
 
LatinPress®. 24 / 6 / 2018. España. Andrés Cuevas González.

Del Poder Judicial. Artículo 117

   

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Esto es lo que dice la Constitución Española. La realidad es otra, porque al pueblo no se le deja participar, ni en la elección de jueces, ni estos están sometidos al imperio de la ley.

Y la otra enorme contradicción es que se administra en nombre de alguien que no ha elegido nadie.

Alguien y con razón, podrá decirme, que existen los jurados, pero como todos sabemos, los jurados cada vez se utilizan menos y su manejo está tasado en la Ley del Jurado, que por otra parte, exime a los jueces ser juzgados por este, con lo que llegamos a la conclusión, yo al menos, que el pueblo pinta poco como en muchas otras cosas.

"Junto estas palabras", porque esta mañana y mientras paseaba por nuestro Paseo Marítimo de Marbella, he oído decir a uno de esos tertulianos que aparentemente saben de todo que: "lo que pretenden las manifestantes y los manifestantes con sus actos, es cambiar las sentencias, haciendo populismo judicial".

Entonces, ¿no habíamos quedado que la justicia emana del pueblo?, ¿acaso el pueblo no puede disentir de la opinión de los jueces, en sus interpretaciones de la ley? ¿No discrepan ellos entre si? Entonces dónde está el problema.

Esta afirmación, entre otras, la hacía el tertuliano en cuestión, con motivo del auto de puesta en libertad dictado por un tribunal de justicia, en el popularmente conocido "Caso de la Manada" y que entre otras cosas viene a justificar la decisión del Tribunal de dejar en libertad condicional a cuatro violadores y condenados a nueve años de prisión  "porque son conocidos y ve "impensable" que vuelvan a atacar dado el rechazo social", " porque con la orden de alejamiento a 500 kilómetros de Madrid, no se perturbará la tranquilidad de la víctima". 

Pedazo de argumento jurídico, que en mi humilde opinión, nos viene a decir que la ciudadanía hagamos la justicia que ellos no son capaces de hacer, intentando convertirnos, a la ciudadanía, en auténticos linchadores, lo que viene a significar una falta de respeto a la dignidad de las personas.

Lo escriben y no pasa nada, son inamovibles, son intocables. Y además, condenan a la víctima a no moverse de Madrid, toda vez que la víctima no podrá moverse a 500 kilómetros de los violadores.

Mientras tanto, la víctima, vuelve a sufrir una nueva agresión institucional, la primera la sentencia, la segunda el auto de libertad de los violadores.

Sí que es verdad que con estas manifestaciones, queremos cambiar las leyes injustas, pero también darle un meneo al poder judicial y a su órgano de gobierno como es el Consejo del Poder Judicial porque ya no vale eso tan manido de "respeto la sentencia, pero mi corazón está con la víctima", en un acto de hipocresía de lo políticamente correcto.

La coartada de "respeto la sentencia pero...."  es subjetiva, no me vale, no nos vale. La ley exige hechos y datos objetivos. La Justicia se administra en nombre del pueblo donde reside la soberanía.

Hacerlo en nombre de quien no es soberano no respeta la Ley.

Por eso, porque la ciudadanía sí que es soberana, salimos a las calles, para cambiar la subjetividad, por una administración de justicia que de verdad emane del pueblo, sometida a las mismas reglas democráticas que cualquier otro poder institucional. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 

 


 
     
 
LATINPRESS.es © Noticias y Análisis Nacionales e Internacionales. Marbella, Andalucía, España. Año 7. Marzo 2011 – Junio 2018.

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