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OPINIÓN
 
LatinPress®. 22 / 3 / 2018. España. Enrique Monterroso.

El conflicto territorial español visto desde Andalucía

   

El conflicto territorial en España es una obviedad a todas luces. Cabe el error de creerse que lo que se está viviendo en Cataluña afecta sólo a Cataluña.

Por el contrario, sostengo que nos afecta a todos los pueblos de España, a toda la ciudadanía española, viva está en Aragón, Canarias, Galicia o Andalucía.

Lo que sucede es que el prisma bajo el que se ofrece el “conflicto catalán” pretende, en último extremo, confrontarlo con un solo sujeto político nacional, en este caso, el español.

Enfrentar ambos nacionalismos es rentable para ambos, en la medida en que dicha confrontación es justamente el elemento que los nutre. Es decir, escorando este debate hacia una visión identitaria, se soslaya el conflicto distributivo y social que hay en España

Es más, la gran desigualdad entre territorios en el Estado español, después de más de 35 años de sistema autonómico, es la causa estructural del conflicto territorial, porque la actual asimetría económica provoca en la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas desigualdad  fiscal, y obliga a importantes trasvases monetarios que crean una apariencia de que a territorios como Cataluña les iría mejor fuera del Estado, sin valorar el aporte económico, social y ambiental que realizan al conjunto del Estado los territorios más empobrecidos de España como Andalucía.

Ver el conflicto desde Andalucía implica partir de una afirmación como es la de que Andalucía es una tierra rica pero empobrecida.

El capitalismo andaluz sigue siendo de tipo oligárquico, basado en la inexistencia de redes sociales integradas; capitalismo que depende de los circuitos exteriores (estatales o internacionales); capitalismo  apoyado en la existencia de un excedente  de mano de obra, con un sistema productivo muy atomizado y extractivo de recursos, que genera escaso valor añadido, sin centros de decisión propios, con pocos enclaves industriales de alto valor tecnológico y sin apenas articulación con sus entornos; para colmo, con una notable ineficiente política de formación para el empleo y con una alta incidencia de la economía irregular o sumergida.

A su vez, la desigualdad territorial va asociada a posiciones de jerarquías y especialización de los territorios que conforman el Estado.

Andalucía está incrementando su especialización en actividades extractivas con graves daños ecológicos y sociales frente a industriales, financieras y tecnológicas, con el consiguiente efecto fuga de los multiplicadores de empleo y renta hacia las áreas centrales.

Como resultado de ello, la estructura social está, a su vez, más polarizada entre una élite que se ha ido reduciendo y amplísimas capas de la población en situación de pobreza y de exclusión.

Frente a esta evidencia, nos encontramos un estado ineficiente, que no hace nada por reducir las condiciones de desigualdad.

El Fondo de Compensación Interterritorial, que es el gran instrumento constitucional para corregir los desequilibrios económicos territoriales, prácticamente ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado.

La inversión directa del Estado, el otro instrumento para que los territorios puedan converger, ha sido en 2017  del 13%, inferior en 5 puntos en el caso de Andalucía a nuestra población que representa el 18% de los españoles.

Con el actual sistema de financiación autonómico  el gasto público en Andalucía es inferior a la media española a pesar de que aquí hay más pobreza y desempleo y menor nivel de renta por habitante.

Se podrá aducir que  pagamos menos impuestos como territorio que Madrid o Cataluña, pero es debido a que el Producto Interior Bruto  por habitante de estas dos Comunidades es superior en un 85% y un 62%, respectivamente, al andaluz.

Sin embargo, la presión fiscal en Andalucía es mayor que en el conjunto de España y también que en Madrid o en Cataluña. El total de lo que los andaluces pagamos en impuestos representa  el 34,6% de nuestro PIB, mientras que el promedio en España es del 32,7%.

Por eso tiene todo el sentido reivindicar y pelear por una reforma constitucional del título VIII de la Constitución que sustituya el actual sistema de Comunidades Autónomas por un estado federal cooperativo, hermanado; que parta del principio básico de que la igualdad entre territorios es una línea roja infranqueable.

Cualquier configuración territorial en España tiene que respetar la igualdad entre territorios y la solidaridad entre ellos. No solo es imprescindible que todas las Comunidades Autónomas cuenten con los mismos recursos por población ajustada para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, sino que el Estado tiene que cumplir su principal función: poner los medios para que la cohesión social y territorial sea una realidad.

Vencer la desigualdad estructural que padece Andalucía se ha convertido en el elemento clave tanto para un andalucismo del siglo XXI como para resolver las tensiones territoriales en el Estado español. Dicho de otra forma, Andalucía necesita voz propia en la crisis estructural del Estado.

Para ello, deberá  llevar a cabo una ofensiva política sin complejos que defienda un modelo federal avanzado que integre y dé respuesta a la realidad plurinacional en España a partir de mecanismos cooperativos.

   
 

 


 
     
 
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