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Francisco Javier González
España

   
   
 

LatinPress. 1 / 10 / 2017. Francisco Javier González. España.

   

Catalunya. El final de la transición.

 

Parto de la base de que el “Procés Independentista Catalá”  expresa la voluntad de un amplio sector del pueblo catalán de acceder, democráticamente, a ser el árbitro de su propio destino y, la de un muy mayoritario sector –aproximado al 80%- del pueblo catalán que apoya decididamente su derecho a decidir en un  Referéndum su relación con el Estado Español.

A esta pretensión democrática se opone, furibundamente, no solo el aparato de estado español sino, incomprensiblemente, los más conspicuos representantes de la supuesta izquierda hispana de toda laya e índole.

Todos ellos esgrimiendo el argumento de que, según la Constitución Española de 1978, no es posible la segregación de ninguna parte de la sacrosanta España ni tampoco de convocar un Referéndum para consultar sobre ese tema a una parte del Estado. Todo intento en este sentido es ILEGAL.

La pregunta inmediata, más allá de la legalidad que pueda conferir al procés las decisiones del Parlamento Catalán, sería: ¿Es LEGÍTIMA la pretensión catalana de acceder a su independencia y a formar un Estado? La contestación española es que “solo lo que está en la Ley es legítimo”, y lo que se salga de ella es un delito punible.

En base a ese supuesto toda la maquinaria represiva del Estado, desde la judicatura a la policía –incluyendo a la militar que es la Guardia Civil- se ha puesto en marcha, con un gran claque de corifeos y turiferarios del más variado pelaje, en un enloquecido ataque a la ciudadanía que, además, me temo que va “in crescendo” a pesar del absoluto civismo de los millones de catalanes que apoyan el derecho a decidir en democracia.

¿No era absolutamente legal la esclavitud? ¿La segregación racial gringa no era hasta el otro día legal? La marginación de la mujer en España, que le impedía un montón de derechos sin el permiso escrito y expreso de su marido ¿No fue legal durante todo el franquismo? La encarcelación de homosexuales en el régimen de Franco –recordemos el campo de concentración mahorero de Tefía- ¿No era legal?

La militancia política fuera del régimen franquista o la masonería ¿No eran ilegales y delitos punibles?

Ahora bien ¿Eran legítimas toda las “legalidades” que amparaban esos supuestos que hemos vivido y contra los que hemos combatido muchos de nosotros? ¿O más bien ha sido la movilización ciudadana contra esas “legalidades”, la rebeldía del pueblo, la que ha posibilitado los sucesivos avances que hemos ido conquistando?

El franquismo dio paso, como salida política a una etapa abiertamente criminal, a una Constitución Española, sustentada, inspirada, mantenida y gestionada por las mismas supuestas élites sociales y económicas que, en su día, abrazaron y crearon el franquismo y que, con las bendiciones eclesiásticas y respaldados por las bayonetas militares, entonces omnipresentes, mantuvieron el legado franquista respaldados por una monarquía corrupta, abstrusa y periclitada. Eso es lo que se llamó la “modélica” Transición Española.

Hoy, en Catalunya está en marcha un verdadero proceso revolucionario que engloba todas las clases y no solo a los sufridos trabajadores.

Ese nuevo tipo de revolución nacional ciudadana hace que, la estrategia estatal de bloqueo y ninguneo de las propuestas democráticas, si se dirigen a los trabajadores y clases medias españolas, achaquen la paternidad del “procés” a la corrupta burguesía catalana en su afán de amasar fortuna y esgrimen el fantasma de un Puyol –que nunca fue independentista- marioneta que el estado monárquico creo y manejó hasta que, condenándolo le sacaba más provecho, pero, si sus invectivas se  dirigen a la masa social hispana que se autodefine como “gente de ley y orden”, el “procés” es hijo de las calenturientas y depravadas mentes de los radicales extremistas, anarquistas y comunistoides de la CUP y otros marginados sociales.

Todo ello a pesar de que, incluso tratando de minimizarlo y ocultarlo, las imágenes nos muestran a una población heterogénea, de pacíficos ciudadanos que, en alegres manifestaciones, solicitan su LEGÍTIMO derecho democrático de expresar su opinión mediante un voto frente a un Estado que ha puesto en juego todos sus medios, LEGALES E ILEGALES, para impedirlo.

Estamos asistiendo al final de esa transición a la española que, espero y deseo, arrastrará tras de sí incluso al borbonato postfranquista, y la derecha española lo está viendo venir. Jueces, fiscales, Tribunales Supremos, policías en barcos de Disneylandia, cuerpos represores, multas, amenazas, supresión de derechos individuales, secuestros de urnas, papeletas y sobres, cierres precintados de colegios, registros y todo el arsenal coactivo de que dispone el Estado no han logrado poner freno al empuje cívico de una población que quiere algo tan revolucionario como VOTAR para decidir su propio futuro.

Las putrefactas cloacas del estado, con el Ministerio del Interior al frente están en pleno funcionamiento, como lo estuvieron con el GAL y como los sufrimos en Canarias con los asesinatos de Bartolomé o de Javier y el intento del que fue objeto Cubillo.

La única solución que oferta el Estado Español es: Hablaremos cuando desistan de su locura los delincuentes que quieren romper España. Hablaremos cuando los catalanes comprueben su rotundo fracaso.

Hablaremos cuando Catalunya, el día 2, se sienta derrotada por nuestro todopoderoso Estado Español.

Les ofertaremos la vuelta al redil tras suprimirle –de facto o de jure- la “mica sobirania” que les hemos dado con el Estatuto.

Convenceremos a los ministros de Economía y de Hacienda para que los igualen con los vascos en lo de los dineros.

Esta vez se han equivocado. Con su beligerante y regresiva actitud han cavado la fosa de la monarquía y del deleznable sistema heredado de la dictadura franquista. El pueblo catalán dará la primera palada de tierra en ese cívico entierro. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 




 
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