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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress. 14 / 11 / 2018. Fabrizio Reyes de Luca. Ecuador.

   

Los abusos del poder y sus consecuencias económicas

 

El avance y el interés mostrado por la economía acerca de establecer la relación entre las tensiones políticas y sus consecuencias económicas, ha encontrado su mayor explicación a partir de que se ha enfatizado en que al Estado, se le ha concedido el monopolio de las recaudaciones tributarias a cambio de dar protección y seguridad, hacer cumplir las normas de convivencia y organizar el gasto social.

Esta concepción delegada al Estado, también ha sido acompañada por el monopolio de la coerción, lo que en cierto momento de la historia, algunos gobernantes la han interpretado como un incentivo para ejercer el poder sin límites.


En la concepción y los objetivos de las ciencias sociales se admite que la economía, como una rama de ellas, siempre ha mostrado desinterés por estudiar los problemas de concentración del poder político en un solo individuo, esto es, el dictador.

La explicación más predominante acerca del desinterés de la economía, encuentra su justificación en el hecho de que los abusos de poder promovidos por el autoritarismo, no despierta atención por parte de la economía, en razón de ser parte de una cultura política, que es materia de derechos humanos e interés de las ciencias políticas.  


A pesar de lo planteado, en las sociedades modernas suceden situaciones que han obligado a la economía a poner particular interés por el fenómeno de la concentración del poder, ya que en éste se ha descubierto el impacto del uso abusivo de las finanzas públicas, sin lugar a dudas, origen primario del flagelo de la corrupción pública.

Es por tales razones, que recientemente han surgido múltiples mecanismos para limitar el poder concentrado en el ejecutivo y sugerir la alternancia en su ejercicio, para contrarrestar este flagelo institucional.


En el contexto en que el ejecutivo pone en práctica el monopolio de la coerción asignada al Estado, muchos gobernantes han sobrepasado los límites prudenciales que establecen los preceptos constitucionales y convierten el poder en un autoritarismo despiadado.

Las ilustraciones más convincentes respecto a este fenómeno, están dadas por los factores ideológicos relacionados con el derecho y la política, en tanto, por otro lado, están las normas constitucionales dirigidas a limitar el poder, a partir de la separación de los poderes.


En América Latina, la mayoría de los esquemas constitucionales están concebidos para impedir los abusos del poder, sin embargo, el presidencialismo predominante en la región ha logrado dañar el ordenamiento que prevén los pactos sociales, expresado básicamente en la prolongación forzosa del mandato constitucional. Las desventajas y los riegos económicos que esto ha tenido es lo que en una alta proporción explica la inequidad social, la híper-corrupción galopante en nuestra región, el incremento de la pobreza, la debilidad institucional y el freno al desarrollo económico, fruto de gobernar con una agenda electoral como prioridad.


El malestar general y sus consecuencias económicas, derivadas del abuso y autoritarismo del poder han conducido directamente a condenar a la sociedad latinoamericana a la exclusión de alcanzar una etapa de desarrollo más adecuada, si se parte de que las economías han exhibido bajos niveles de crecimiento del producto interno bruto (PIB).

Esta situación hace necesario considerar la capacidad institucional como mecanismo para sancionar la inobservancia de las normas que rigen el funcionamiento del Estado y limitar los abusos del poder en el ámbito financiero y el maltrato a la Constitución y a las leyes de la República.


En virtud que, en una sociedad, han de prevalecer las normas constitucionales para la convivencia social y la puesta en ejecución de políticas económicas responsables, entonces, el ejercicio del poder, ha de iniciar con la seriedad del juramento que se hace al asumir el mismo. 


Bajo ese enfoque, es claro que el reconocimiento de la necesidad de limitar el poder es una de las razones históricas más poderosas que han llevado a crear las Constituciones Políticas de los Estados.


Desde la óptica de la teoría económica, es imprescindible hablar de las leyes, las instituciones y su comportamiento en una perspectiva formal, ponderando el análisis abstracto de un contrato social y la promoción de la estabilidad macroeconómica como prioridad fundamental.

Para la economía, es fundamental que el sistema constitucional y legal debe considerarse como una construcción de la comunidad, que ponga en evidencia que lo jurídico ha de estar revestido de legitimidad en las creencias de los ciudadanos.


A la luz de la razón, cuando se incumplen las normas constitucionales y se desvanece el equilibrio del poder, las consecuencias económicas son catastróficas y se condena al sufrimiento que afecta directamente a la sociedad.

En esa dinámica, es que se producen las tensiones políticas y sociales, promovidas por el desconocimiento básico de la división de poderes, que fomentan la salida brusca de capitales extranjeros, alejamiento de capitales nacionales, desequilibrio en la balanza de pagos, déficit presupuestario sistemático, exceso del endeudamiento público, expansión de la pobreza e inestabilidad económica y política, que en la práctica, se traduce en un aumento del riesgo país, tanto por el estado de las finanzas públicas, como por la situación política, teniendo como consecuencia, una hecatombe de la economía.

 

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