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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress 12 / 9/ 2019. Fabrizio Reyes de Luca. Ecuador.

   

Estado Social y Democrático de Derecho

 

La expresión “Estado Social y Democrático de Derecho”, surge por primera vez como referencia denominativa de la organización política, económica y social de una nación, dentro del contexto de la revolución francesa en 1848, que culmina con la instauración de la “Segunda República”, fundamentada en valores, principios e instituciones colectivas, como la fraternidad, el bienestar común y la asociación, que permiten la configuración de derechos económicos, sociales y culturales a favor de los ciudadanos, incluyendo, por primera ocasión, el derecho al trabajo como un derecho fundamental.

Son los llamados derechos de “Segunda Generación”. Dentro de este contexto histórico, épico y político, emerge un nuevo modelo de Estado “democrático y social”, cuya primera denominación como expresión literal se le atribuye a Louis Jean Joseph Charles Blanc, (1811/1882), pensador, historiador y político francés, propulsor de la declaración y reconocimiento por parte del Estado de los derechos de carácter económico y social de los individuos, afirmando que “cada hombre tiene derecho al trabajo y a la satisfacción de sus necesidades”; y que para tales fines, el Estado tenía que intervenir para garantizarle el ejercicio pleno de estos derechos, creando condiciones mínimas vinculantes para los sectores políticos y económicos, que fueran prerrogativas irrenunciables de los trabajadores: establecimiento de jornadas laborales, días de descansos, remuneración por servicio prestado, derecho a la asociación, a las huelgas y paros de los trabajadores, entre otros.

Esta denominación que acuña Le Blanc, se extendió a la Constitución francesa de 1858; a la de México (Querétaro) de 1917 y en la de Alemania (Weimar) del año 1919.

Sin embargo, no es sino hasta la Ley Fundamental de Bonn de 1949, cuando la fórmula del “Estado social de derecho” adquiere reconocimiento constitucional.

Si hablamos de Estado Social, dentro del contexto constitucional, debemos resaltar la ampliación del catálogo de derechos fundamentales con la dignidad como valor supremo, “sagrada, innata e inviolable”, cuyo respeto es responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Junto a estos derechos, se establece el reconocimiento e instrumentación de garantías y mecanismos de tutelas que los hagan efectivos, permitiendo que las personas puedan satisfacer sus derechos. Los derechos fundamentales son y valen, lo que valen sus garantías.

La “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, en su artículo 16, prescribe: “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, no existe Constitución, porque sin garantía los derechos fundamentales no son derechos”; es decir, sin garantías eficaces no existe derecho.

Con posterioridad y en concordancia con lo expuesto, cuando Anthony Giddens, publicó su obra: “La Tercera Vía”, impulsando el triunfo de Tony Blair en Inglaterra, hubo furor en la social democracia como la ocasión para reinventar el Estado de Bienestar.

Muchos años después, el agravamiento de la pobreza y el creciente deterioro de la democracia provocado en gran parte por el desmonte de esos paradigmas, sobre todo por los brotes del populismo, ha replanteado otra vez la necesidad de perfeccionar este modelo, como propuesta ideológica, política y económica, teniendo la experiencia histórica del siglo XX.

Consecuentemente, el regreso al liberalismo clásico y a la economía de libre mercado ha creado en el mundo condiciones que, guardadas las proporciones, recuerdan las que en su hora dieron lugar a la instauración del “Estado Social” en Europa y Estados Unidos de América, y a su proyección en América Latina como el Estado de compromiso, promotor de desarrollo, que varias agencias multilaterales impulsaron en la década de los noventa del siglo anterior.

El Estado Social había sentado sus bases en Suecia, Inglaterra y Francia, cuando la crisis de los años treinta en el siglo pasado, planteó un desafío colosal.

Se trataba de asegurar el pleno empleo y un crecimiento de la economía suficiente para financiar la creciente inversión social del Estado.

Entonces, el modelo keynesiano se ofreció como solución económica y puntual de la hegemonía política de la socialdemocracia en Europa occidental y como ingrediente capital del “New Deal” en los Estados Unidos de América. Esta sería la brújula de los “gobiernos de todos”.

Por razones distintas, claro, pero asociados en el mismo efecto de descalificar el modelo, marxistas y neoliberales, parecen coincidir en la concepción del Estado como aparato que oprime y subordina a la sociedad.

El Estado ofrecería la imagen de un parásito que ceba a una burocracia inútil, pero que sirve, en todo caso, a intereses de los privilegiados.

El “New Deal” de Franklin Delano Roosevelt, dibuja el perfil del Estado Social en los Estados Unidos de América, mientras Suecia se erige en la estrella del modelo y en Inglaterra, cuna del poderoso laborismo, surge la teoría científica del Bienestar.

Derrotado el nazismo y a partir de la segunda posguerra, el Estado Social adopta la figura de “Estado de Bienestar”.

 

El viejo enfrentamiento con los totalitarismos, se resuelve ahora en una nueva disyuntiva: liberalismo o socialdemocracia.

El Estado regula a la sociedad y esta a su vez, regula al Estado. Mientras más poder exhibe aquel para regular la economía, más pugnan los intereses económicos y sociales por influir en las políticas públicas.

En una sociedad de organizaciones, son estas las que representan los intereses sociales.

A la mediación de los partidos se suma la de la sociedad, a través de movimientos y asociaciones, que obran como canales de acceso a las decisiones del Estado.

Son las fuerzas sociales organizadas que participan así del poder político.


La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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