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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador

   
   
 

LatinPress. 27 /02/ 2016. Ecuador

   

Responsabilidad común.

 

Para que América Latina logre catalizar una reducción en los altos niveles de desigualdad e inducir un profundo fortalecimiento institucional, se hace impostergable concebir sendos pactos sociales y democráticos sólidos que garanticen la estabilidad política y económica, lo cual obliga a mitigar la vulnerabilidad macroeconómica y desarrollar una agresiva inversión productiva acompañada de una política social proactiva en lo educativo, en el empleo y en la protección social, sustentado en la ejecución de una política fiscal que sea el resultado de una reforma económica integral.


Sobre esa base, es que se puede promover una verdadera transformación económico-social de carácter estructural, que ha de sustentarse en la estabilidad macroeconómica, el incremento del índice de calidad de la democracia, la mitigación de la pobreza, el incremento de la esperanza de vida al nacer y del buen vivir, el fortalecimiento de la institucionalidad, el mantenimiento del sistema de partidos políticos, la estabilidad financiera, el índice de competitividad, el crecimiento sostenido e incluyente del PIB, la apertura hacia nuevos mercados, la sostenibilidad fiscal y energética, los índices de atención en salud y la mejora en la educación pública.


La realidad es que nuestra región enfrenta grandes dificultades que limitan  el disfrutar de un  empuje  económico, fruto de la desaceleración que se registra en el  crecimiento externo, y eso se ha reflejado en los últimos cuatro años al finalizar el año 2015.  Pero la desaceleración está conduciendo a una paralización de la actividad productiva regional, la cual se evidencia si tomamos a América Latina como un todo, donde la actividad económica ha caído hasta un nivel de un 0,3% del PIB, lo que resulta desconcertante al proyectarse este año, con un comportamiento igual o peor que el año anterior, lo que en la práctica se puede interpretar como una actividad económica congelada durante tres años consecutivos (2014-2016), significando esto, que la región crece a un ritmo mediocre si se compara con las demás regiones del mundo, cuyo impacto es la ampliación de la gran brecha entre la región y los países del llamado “primer mundo”.


Es en ese contexto, que se puede compartir la afirmación del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando sostiene que “nadie puede negar hoy que existe una gran brecha que separa a los muy ricos de los demás”, enfatizando  en que “la gran brecha lleva mucho tiempo forjándose”. Es que con la gran recesión en que cayó la economía mundial a partir del año 2007, las economías emergentes ampliaron la desigualdad como expresión de la brecha existente entre ricos y pobres, por eso entiende que aunque la recesión terminó pronto, “la economía no ha recobrado su salud, dando la impresión que los daños van hacer duraderos”.


Este enfoque de Stiglitz, logra mayor comprobación si se toma en consideración que antes del cataclismo económico mundial, entre 2003 y 2008, la economía latinoamericana arrojó un crecimiento impresionante del 4%, y  en algún momento, logró hasta 5% del PIB en promedio, incluyendo el contexto de la recesión global, que interrumpió su ritmo de crecimiento, lo que apuntalaba a la región  hacia un liderazgo económico similar al de los países desarrollados, que se lograban por período dilatados y sostenidos, hasta alcanzar cifras positivas.


Esta pujante economía de la región al inicio del siglo XXI, explica el hecho de que al cerrar la última década del siglo XX, 152 millones  de personas hayan logrado el estatus de clase media en la región, desde el 2012, aunque perduran las inequidades que la tipifican de ser la más desigual del planeta. 


El incremento de la clase media en América Latina, sugiere un desafío hacia nuevas oportunidades en favor de satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas del nuevo estatus en que se sitúan sus ciudadanos, obligando a que los gobiernos de la zona reorienten su política económica y social, definiendo como norte el progreso, lo cual ha de convertirse en su principal reto. Esto es así, ya que esta movilidad social se traduce en  demandas de la nueva clase media emergente para satisfacer sus esperanzas, las cuales han quedado atrofiadas, fruto del estancamiento en el crecimiento que se ha venido produciendo, esto obliga a promover grandes reformas sociales, fiscales y laborales dirigidas a responder  a esas reclamaciones, pues el retardo de las mismas es lo que explica los giros políticos que se han producidos en países como Guatemala, Argentina, Honduras, presiones en Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador.


Es la transformación que se ha producido en los últimos años la que exige una mayor demanda a sus Estados, razón por la cual se coloca en primer plano una mejor educación, buenos servicios sanitarios y mayor seguridad, impulsando al Estado a considerar una alianza estratégica con el sector privado en cuanto a la generación de empleo e innovación productiva.


Para lograr esto, es necesario que Latinoamérica impulse la adopción de nuevas tecnologías y una agresiva expansión del sector industrial, garantizando la seguridad alimentaria y energética. Esta es la responsabilidad común que como desafío, tiene nuestra región. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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