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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress. 24 /07 / 2016. Fabrizio Reyes de Luca. Ecuador.

   

Pacto fiscal.

 

Los economistas están conscientes que la ejecución de la política económica en un país desarrollado difiere de manera significativa con la que se elabora en los países emergentes. Esta concepción se entiende en el marco de que el proceso de globalización ha producido apertura e integración a nivel mundial en los campos del comercio y las finanzas, razón que justifica que un país tiene la responsabilidad de afrontarla de una manera adecuada y aprovechar los beneficios derivados del mercado global.


En cuanto a la política económica en particular, el Estado debe adoptar los mecanismos e instrumentos útiles para fomentar la eficiencia y la competitividad, a fin de lograr una mayor presencia en los mercados internacionales mediante el aprovechamiento de sus potencialidades.


Tal interpretación encuentra mayor comprensión si se tiene claro que la conducción de la política económica se divide en Microeconómica y Macroeconómica.


En efecto, desde un enfoque microeconómico, se establece la regulación de los servicios públicos, la política de competitividad y las políticas sectoriales. Por el lado macroeconómico, se ponderan las variables agregadas como el producto interno bruto, la inflación, la renta y el ahorro nacional, el gasto público, el consumo, la inversión pública y privada, el comercio internacional y la balanza de pagos, el déficit fiscal, el empleo y el desempleo, los tipos de interés y de cambio, las reformas estructurales, el crecimiento y el desarrollo económico.


En tal sentido, la política macroeconómica se sustenta en dos instrumentos poderosos como son la política fiscal y la política monetaria, las cuales han de concebirse de forma armónica. En el caso de la política fiscal, esta descansa en sus dos instrumentos fundamentales que son los gastos y los ingresos, por su lado, la política monetaria la ejecuta el banco central, cuyos soportes son el control del dinero y la tasa de interés, herramienta con la que no contamos en el Ecuador, por la dolarización.


Una mirada detenida de los instrumentos de la política fiscal, pone en evidencia que el gasto público es la principal herramienta que utiliza el gobierno para implementar su política económica, lo cual involucra las compras públicas, las transferencias y los pagos netos de intereses.

Por otro lado, los ingresos públicos son todos los recursos que el Estado capta durante cierto tiempo, constituido por los ingresos fiscales, cuya procedencia son el impuesto sobre la renta de las personas naturales y los beneficios de las personas jurídicas, así como los impuestos indirectos, siendo el de mayor importancia, el primero.


En la diferencia del comportamiento de los ingresos fiscales y el gasto público encontramos el origen del déficit y el superávit fiscal, esto es, si los ingresos son inferiores a los gastos, se produce un déficit fiscal, en tanto, que si los ingresos fiscales superan los gastos, se genera un superávit fiscal.

Pero hay que precisar que el gasto público no tiene que ser igual a los ingresos fiscales en todos los períodos, ni mucho menos un déficit fiscal será equivalente a un desfalco al erario público, sino que son situaciones inherentes al funcionamiento de la economía.


Establecidos esos criterios, la interrogante será: ¿Cómo afecta la política fiscal a los resultados macroeconómicos?

En los análisis económicos se parte de tres criterios fundamentales para responderla, primero lo relativo a la demanda agregada, esto es, como afecta el gasto público a la actividad económica, segundo la formación de capital público, es decir, cuánto y cómo el Estado gasta sus recursos para influir en la salud de la economía, expresado en obras de infraestructura, como las escuelas, carreteras, hospitales e infraestructura básica en general, y ésta es una de las vías más importantes, a través de la cual, la política fiscal afecta la macroeconomía, ya que la formación de capital público son los activos físicos duraderos que posee el Estado y con ello se impulsa el crecimiento económico. En la tercera vía están los incentivos, donde la política tributaria influye en la conducta económica, alterando la redistribución financiera de ciertas actividades.


Al examinar la política fiscal se observa lo complejo en que esta se torna, lo que sugiere que la misma no se maneje mediante pactos, ya que un elemento a considerar es que se pueden presentar períodos persistentes y elevados de déficit fiscal, entonces, si el gobierno está en la necesidad de financiar con deudas el déficit, eso sugiere una mayor flexibilidad de la política fiscal y un pacto que constituye una salida para el gobierno.


A la luz de la razón, un pacto fiscal solo tiene sentido si la arquitectura de la política fiscal implica un desmonte gradual de las exenciones del orden de un 40% durante al menos cuatro años, que el incremento de la presión tributaria esté acompañada de un cambio de una política tributaria regresiva a una progresiva, es decir, que los más ricos paguen más, una reducción anual de un 3% a los incentivos del sector privado y la desarticulación voluntaria de la evasión fiscal.

Por el lado del gobierno, se debe asumir un compromiso de transparencia fiscal, mitigación de los riesgos de endeudamiento público y promover la sostenibilidad fiscal, ya que la presencia permanente de déficits fiscales acumulará deudas poniendo en riesgo al conjunto de la economía, y sobretodo, mejorar la calidad del gasto público. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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