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Fabrizio Reyes de Luca
Ecuador.

   
   
 

LatinPress. 30 / 7 / 2017. Fabrizio Reyes de Luca. Ecuador.

   

Democracia constitucional y división de poderes.

 

La democracia constitucional, no significa solamente que el sistema político imperante en una sociedad sea democrático, sino además, que sea un Estado constitucional.

El intelectual Norberto Bobbio, politólogo italiano, define el Estado constitucional, como “aquel que se distingue porque su texto constitucional establece los límites al poder político y la separación de los poderes públicos”.

Los filósofos alemanes Karl Cristian Friedrich Krause y Karl Lowenstein, fueron los primeros en utilizar el concepto “democracia constitucional.”

Estos pensadores liberales alemanes plantearon aspectos relevantes de la democracia y sus formas. Por ejemplo, Karl Lowenstein, planteaba que una genuina Constitución era aquella que además de establecer las reglas sobre los poderes supremos y las garantías esenciales, debe representar los valores esenciales de la democracia y las más amplias libertades del grupo al cual se imponía.

En los últimos tres siglos, los Estados modernos han diseñado una forma especial de organización política, la cual han denominado como “democracia constitucional”, que ha implicado en primer lugar, una clara delimitación estructural, orgánica y funcional de los distintos poderes; una ampliación del catálogo de los derechos fundamentales y de los mecanismos para hacer efectivos y exigibles dichos derechos; y una mayor participación democrática, a través de nuevos mecanismos, tales como: referendo, plebiscito, iniciativa legislativa popular, veedurías ciudadanas, derechos de petición, observatorios ciudadanos, entre otros.

El destacado filósofo alemán, Lowenstein, se refiere a este aspecto indicando que “la esencia de la democracia constitucional es que los grupos pluralistas más diversos pueden participar ilimitadamente en el proceso económico y político.

La democracia constitucional es un régimen que se caracteriza por el establecimiento de un conjunto de reglas y procedimientos que permita a la población tomar decisiones colectivas propias de la democracia, por valores y principios que definen el Estado Constitucional.

El jurista y académico mexicano, Lorenzo Córdova Vianello, en su obra: “La democracia constitucional y el control de las reformas constitucionales” indica que “las democracias constitucionales son formas de gobierno democráticas en las que el ejercicio del poder político está regulado y limitado a partir de los postulados del constitucionalismo moderno. La democracia no supone un Estado Constitucional, ni un Estado Constitucional implica, indefectiblemente, que el ejercicio del poder político se presente en forma democrática”.

La forma de explicar este razonamiento de Córdova Vianello, es que si no hay límite al ejercicio del poder no se puede hablar de democracia constitucional.

La democracia constitucional está compuesta por dos conceptos que coexisten en permanente tensión.

Por un lado, el sistema político democrático y por el otro, el carácter constitucional que impone límites al poder político.

El paradigma o modelo a seguir es el constitucionalismo norteamericano, al lograr conjugar el principio de la soberanía popular con un gobierno sometido al imperio de la ley, dividido en poderes que respetan mutuamente sus decisiones, y todos limitados por el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales.

El pueblo norteamericano, logró conjugar estos modelos mediante la aprobación de su Constitución de 1.787, donde se estableció el poder del pueblo para elegir al gobierno y el establecimiento de poderes públicos que desarrollan sus actuaciones con controles y límites a su ejercicio.

El destacado jurista italiano, Luigi Ferrajoli, concibe la democracia constitucional como “un complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones de garantías destinadas a permitir el desarrollo de la sociedad y de todos sus habitantes”.

Ferrajoli explica además, que la estructura del modelo de democracia constitucional se ha visto afectada por la ilegalidad; la asimetría entre los poderes económicos y financieros de carácter global; y la subordinación de la política a los mercados; por lo que la propagación y desarrollo de la democracia constitucional, garante de los derechos fundamentales, es la principal tarea de la política de cara a los nuevos poderes económicos globales.

Ferrajoli indica que “la construcción jurídica de la democracia constitucional, es ante todo, la construcción del sistema de sus garantías.”

El Estado constitucional se configura a través del respeto a los principios que limitan el ejercicio del poder. a saber: el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales; la separación orgánica de funciones o la división de los poderes públicos; el principio de legalidad; el principio de supremacía constitucional; el principio de rigidez constitucional y el principio de control de constitucionalidad. Todas estas figuras jurídicas que conforman el Estado democrático y constitucional, deben estar contenidos en los textos constitucionales.

La concepción de la división de poderes ha sido hasta ahora, la mejor manera de organizar los Estados democráticos.

La idea de esta división se ha materializado mediante las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

Los tratadistas han establecido varios principios para que en una sociedad se pueda demostrar la existencia de una democracia constitucional: los principios de legalidad, imparcialidad y supremacía constitucional.

Estos principios garantizan el límite al ejercicio del poder político, mediante la frontera material que representan los derechos fundamentales y la separación o división de los poderes públicos.

John Locke, filósofo inglés y el francés, Charles Louis de Secondat (Barón de Montesquieu), grandes pensadores del período conocido como “La Ilustración”, fueron promotores de la separación de poderes, con la finalidad de que “el poder controle y detenga al poder”.

El principio de separación de poderes está considerado como una de las grandes conquistas del Estado liberal. Su aparición fue en contraposición al poder absoluto de los monarcas, los cuales no tenían límites en el ejercicio de su poder, salvo los derechos fundamentales de sus reinados, que equivalían a sus propias voluntades.

Sobre el Estado de Derecho de una manera sencilla, lo definimos como un Estado que se rige fundamentalmente por leyes, las cuales estructuran ese Estado y dichas normas deben ser de obligatorio y estricto cumplimiento por todos los que integramos una nación.

El llamado Estado de Derecho, puede tener a su vez internamente miles de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones, que le dan a su vez, la estructura jurídica fundamental para que se desarrolle ese Estado, pero por encima de ellas, existe una norma principal que es la norma constitucional, de allí que ese Estado de Derecho es también llamado Estado Constitucional, pues su fundamento se encuentra en una ley de leyes, que tiene supremacía sobre las demás y esta es la Carta Magna.

Por ser la ley suprema del Estado, esta norma no nace por capricho de un grupo, ni tampoco por imposición, ni puede dejar de cumplirse, es imperativa y obligatoria para todos los ciudadanos.

Un Estado de Derecho debe velar por el bien común, de no ser así, toda la normativa que contiene sería letra muerta, aunque tengan esas normas en su contenido, los más hermosos enunciados.

El gobierno, por otra parte es el que debe dirigir y colaborar con el Estado de Derecho, para cumplir los fines constitucionales que lo sustentan, pero el gobierno no es el Estado per sé, es solo una parte de éste.

La legalidad implica que todas las actuaciones del poder ejecutivo y el poder judicial dependen de los límites establecidos en la ley por el Congreso. De ahí, que se considera al Congreso como el primer poder del Estado.

Norberto Bobbio, en su obra: “Teoría General de la política”, considera que “salvo casos excepcionales, no pueden ser creadas normas generales sino a través de los órganos encargados de la función legislativa”.

La fortaleza del principio de legalidad, es la que otorga legitimidad a los poderes constituidos, ya que su actuación conforme a la ley está apoyada en un derecho que la población ha delegado en sus representantes democráticamente elegidos, responsables de hacer la norma, lo cual permite el obrar legítimo de los demás poderes constituidos.

Dicho de otra manera, el principio de legalidad tiene en la ley la más alta expresión de la voluntad general, expresada en el Parlamento, depositario de la soberanía y responsable de la función legislativa.

No obstante, a pesar de que el legislativo no se sujeta a la ley formal, pero sí a normas de rango constitucional, siempre y cuando la Constitución sea rígida, ya que si no lo es, pudiera ser abolida, suspendida o modificada por el legislador, lo que supone la falta de límites al legislativo.

Todo esto significa que, el principio de legalidad asumido y aplicado por los poderes ejecutivo y judicial, es garantía del estado de derecho.

En definitiva, los principios de separación de poderes y de legalidad, conjuntamente con la consagración de los derechos y libertades fundamentales, el principio de seguridad jurídica, la jerarquía de las normas y la irretroactividad de la ley, establecidos en una Constitución democrática; dan como resultado el Estado de Derecho, en el cual los ciudadanos, los servidores y los dignatarios de elección popular que ejercen los poderes públicos, están sujetos y sometidos al imperio de la ley. Colaboración especial para LatinPress®.

   
 
 
 




 
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